Intervención de Desyfin deja millones de colones congelados en pensiones, fondos y solidaristas

La intervención de Desyfin dejó congelados millones de colones en instrumentos de ahorro propiedad de fondos de pensión, asociaciones solidaristas, aseguradoras y fondos de inversión. El destino de los recursos está a la espera de la determinación sobre el futuro de esta financiera.

A junio anterior, estos producto financieros tenían un saldo de ¢57.540 millones colocado entre bonos de deuda y certificados a plazo de Desyfin, según distintas bases de datos disponibles en la Superintendencia de Pensiones (Supén), la Superintendencia General de Valores (Sugeval), la Superintendencia General de Seguros (Sugese), así como los reportes publicados en los estados financieros de estos acreedores.

La Administración de la Intervención, dirigida por Marianne Kött Salas, confirmó a La Nación que todas las obligaciones de Desyfin con inversionistas y ahorrantes permanecen congeladas.

”Los pagos o similares se mantendrán suspendidos con el objetivo de evaluar la situación financiera real de la entidad (...) La suspensión de pagos aplica a todas las obligaciones de la entidad sin distinción del plazo al vencimiento”, se indicó por escrito.

El pasado lunes 19 de agosto, se evidenció una de las consecuencias de la intervención cuando la financiera incumplió el pago de ¢3.000 millones a inversionistas como capital de bonos de deuda que vencieron ese día.

Los efectos adversos de la intervención no solo perjudican a instrumentos financieros y entidades que eran clientes directos de Desyfin, sino que también golpea a otros participantes de manera indirecta.

Acobo Vista SFI comunicó en un hecho relevante, este viernes 23 de agosto, que ninguno de sus fondos tiene títulos de Desyfin, pero confirmó que sí mantiene inversiones en otros fondos financieros con recursos a la vista en la entidad intervenida.

“Estas inversiones se vieron afectadas causando un deterioro en los ingresos de nuestros fondos, lo que ha impactado negativamente el rendimiento del día 21 de agosto de los fondos en mención. Esta situación es aislada y se tomaron las medidas inmediatas para mitigar los efectos de este evento”, anunció Acobo al medio financiero.

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) dispuso, el pasado 13 de agosto, la intervención de Desyfin por un plazo de 30 días naturales, prorrogables por otros 30 días. La acción contra la financiera se tomó a raíz de la deficiente administración de su cartera de crédito, la cual ascendía a ¢125.341 millones en junio pasado.

Dicho proceso se inició por recomendación de la Sugef, después de obligar a Desyfin a realizar una estimación por créditos incobrables que consumió el 88,5% del patrimonio de la entidad, reduciéndolo a ¢1.339 millones desde los ¢11.701 millones previos. Esta situación llevó la suficiencia patrimonial del 10,20% a un resultado negativo de -0,06%. Ambas circunstancias provocaron que la entidad cayera en irregularidad financiera 3, lo cual implica la intervención inmediata.

Pensiones concentran el mayor monto

Los sistemas de pensiones son los que concentran el mayor monto en riesgo a partir de la intervención a Desyfin, ya que hasta junio pasado tenían invertidos ¢44.698 millones en títulos valores y depósitos a plazo, según datos de Supén solicitados por La Nación.

La entidad fiscalizadora confirmó que los regímenes con dinero congelado son el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, el Fondo de Garantías y Ahorro de los Empleados del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Popular Pensiones y el Fondo de Jubilaciones y Pensiones de los Vendedores de Lotería.

Adrián Pacheco, intendente de Supén, dijo que solo en los fondos del Poder Judicial y el ICE los montos invertidos superan el 1% del portafolio de inversiones, mientras que en el resto la cifra está por debajo de dicho porcentaje. El funcionario recalcó que la adquisición de deuda y los recursos colocados en certificados se hicieron de acuerdo con la legislación y normativa vigente.

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En títulos valores, el fondo del Poder Judicial registró un saldo de ¢11.500 millones invertidos hasta junio pasado, según los estados financieros del régimen. Dicho monto representa el 1,5% del total del activo. La Junta Administradora del régimen corroboró que adquirieron cuatro títulos valores entre agosto del 2021 y noviembre del 2023.

“Los bonos emitidos por Financiera Desyfin (...) fueron adquiridos con la debida diligencia y sustentadas en los análisis realizados con insumos tomados de los datos publicados por los entes supervisores y las calificadoras de riesgo, los cuales no mostraban ninguna alerta ni situación de anormalidad que comprometiera el cumplimiento del pago de estas”, mencionó la Junta por escrito.

Además, el órgano añadió que aplicarán un registro por deterioro y la reclasificación de estos instrumentos financieros, los cuales evalúan para determinar la cuantía de la afectación.

En el caso de Popular Pensiones, la entidad colocó ¢3.099 millones de recursos de afiliados de cuatro fondos voluntarios y del Fondo de Capitalización Laboral (FCL). Róger Porras, gerente de la operadora, indicó que el monto es equivalente al 0,06% del total de recursos administrados por la entidad.

“Es relevante mencionar que estas inversiones fueron realizadas desde el 2021, en absoluto apego a la regulación vigente (...) En ese momento, Desyfin no reflejaba ninguna situación que permitiera prever problemas para esa entidad; de hecho, así consta en la información dispuesta para los inversionistas en aquel entonces”, subrayó Porras.

El vocero dijo que, por el momento, corresponde esperar el resultado de los análisis y las conclusiones. Pero ya se efectuó un ajuste contable para colocar las inversiones como cuentas restringidas.

En el régimen de los trabajadores del ICE, los estados financieros al cierre del 2023 muestran que el fondo era tenedor de títulos de Desyfin por un monto de ¢999 millones. Sin embargo, no se detalla el monto a plazo. La Nación consultó al administrador del fondo, por correo electrónico, este jueves a la 1:12 p. m., la cantidad total invertida y las acciones preventivas ejecutadas, pero al cierre de este artículo no hubo respuesta.

Por su parte, el régimen de los Vendedores de Lotería tenían, a junio pasado, ¢279 millones de títulos de la financiera intervenida, monto que representa el 0,6% de un total administrado de ¢43.836 millones, según los estados financieros de la entidad.

Acreedores entre las SAFI

Junto con los regímenes de pensiones, tres Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (SAFI) registran una inversión conjunta por ¢7.697 millones de recursos de sus clientes, de diversos fondos, invertidos en Desyfin. Se trata de la sociedad Mutual Fondos, la del Banco Popular y la del Banco de Costa Rica (BCR).

Popular SAFI es la que tiene más dinero invertido en la financiera. Del Fondo de Inversión Liquidez Mixto Dólares el 8,26% de los recursos administrados están en la financiera, es decir, ¢2.015 millones; y el 8,65% de la cartera del Fondo de Inversión Liquidez Mixto Colones posee de estos activos, lo cual equivale a ¢4.070 millones. Esta información se desprende de un hecho relevante difundido por la SAFI y de los datos estadísticos publicados en el portal de Sugeval, al 31 de julio pasado.

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También se indicó que dichos montos representan el 1,45% del total de fondos administrados.

“Dichos porcentajes han sido segregados de las carteras de ambos fondos, constituyendo ‘fondos auxiliares segregados’, con registro detallado en cuentas de orden, separando de forma individual la participación de cada inversionista”, apuntó la sociedad, en un comunicado al mercado de valores, el 20 de agosto pasado.

Por su parte, Mutual SAFI informó a sus inversionistas de que cinco fondos administrados tienen inversiones en certificados a plazo. Los instrumentos financieros Fondo Mutual I, Fondo Mutual II, Fondo Crecimiento y Fondo Ingreso tienen en conjunto ¢568,4 millones en Desyfin, es decir, el 4,47% del total administrado.

La entidad hizo una segregación de los instrumentos afectados y creó una estimación del 50% de los recursos.

Mientras que en el Fondo de Inversión de Titularización de Flujos Futuros de Cartera Hipotecaria de Vivienda en Colones #1, también de Mutual SAFI, lo invertido es el 16,3% del activo, o sea, ¢535,8 millones.

“El Comité de Inversiones del Fondo de Inversión de Titularización (...) en la sesión #28 del 16 de agosto del 2024, acuerda establecer el deterioro del 20% del producto según la norma NIC 36 (Norma Internacional de Contabilidad) a partir del 1. ° de setiembre del 2024″, se precisó en el hecho relevante publicado este martes 20 de agosto.

Douglas Montero, gerente de BCR SAFI, detalló a los inversionistas que solo el Fondo de Inversión Mixto Dólares tiene inversión en Desyfin y representa solo el 0,79% del activo, es decir, ¢507,6 millones, según el registro hecho en Sugeval.

“Según estimaciones de BCR SAFI, en el escenario más negativo, la afectación en el rendimiento sería de -0,05%”, informó Montero en una carta a los clientes, el pasado 13 de agosto, el mismo día que el Conassif intervino la financiera.

¿Y las solidaristas?

En el caso de las asociaciones solidaristas, cuatro reportaron inversiones por ¢680 millones, confirmó Guido Alberto Monge, vicepresidente ejecutivo del Movimiento Solidarista Costarricense (MSC).

“Hicimos una primera encuesta que contestaron 18 asociaciones de las cuales cuatro dijeron estar afectadas. La encuesta se hizo de forma anónima. Entonces, no es posible saber si alguna de estas fue también afectada por Coopeservidores”, dijo Monge.

Los datos de la Sugeval también muestran que un grupo de instituciones públicas no financieras poseían instrumentos de la financiera intervenida por un monto de ¢3.000 millones, pero no se detalla cuáles son.

Por último, las aseguradoras tenedoras de bonos de Desyfin son Mapfre y Oceánica de Seguros con ¢723 millones y ¢705 millones, respectivamente, a julio pasado, según la información publicada en la web de la Sugese.