La democracia necesita partidos sólidos
La esencia de un partido político es conquistar el poder o participar en su ejercicio desde algún espacio. En buena teoría democrática, los partidos son herramientas fundamentales de transformación social, ya que recogen y consolidan la voluntad de los ciudadanos, canalizando sus intereses para concretarlos en políticas públicas.
Funcionan como articuladores entre la sociedad y el Estado, y para ello gozan del monopolio de postular candidaturas a los cargos de elección popular.
La utilidad, la relevancia social y la legitimidad de los partidos dependen en gran medida de su robustez y estabilidad. Requieren una estructura interna activa que se renueve periódicamente, conformada por ciudadanos comprometidos con la respectiva propuesta ideológico-programática; además, deben tener arraigo popular, es decir, contar con bases mínimas de apoyo entre segmentos significativos de la población.
Las agrupaciones políticas deben ser representativas e institucionalizadas, con interacciones interpartidarias estables y suficientemente predecibles para permitir a los actores políticos y sociales operar eficientemente. Estas condiciones pueden prevenir la fragmentación política extrema y favorecer la gobernabilidad.
Atomización partidaria
El sistema de partidos costarricense ha sufrido un paulatino proceso de desinstitucionalización. Se ha observado un desgaste e incluso un vaciamiento ideológico en algunas agrupaciones, falta de capacitación a la militancia, transfuguismo, estructuras internas débiles y órganos de dirección, deliberación y ejecución endebles, disfuncionales o incluso antidemocráticos, entre otros problemas. Todo ello ha erosionado los lazos fundamentales entre los partidos y la sociedad.
Para encantar y acercar nuevamente a la ciudadanía, el sistema ha reaccionado fragmentándose: exmilitantes de los partidos viejos crean nuevos o se trasladan a otros donde encuentran más viabilidad para sus aspiraciones; inclusive, la normativa permite que una misma persona concurra con la constitución de distintos partidos o sea simultáneamente miembro de varios. El resultado es una excesiva atomización partidaria.
Ahora bien, esa proliferación de partidos, ¿satisface la demanda de la ciudadanía, cada día más diversa y vocal? ¿Se están atendiendo adecuadamente sus expectativas? Desafortunadamente, la hipersegregación partidaria no se correlaciona con una satisfacción mayor del electorado con la oferta política.
Por el contrario, ha habido un aumento consistente del abstencionismo desde 1986, con un récord de casi un 40 % en la última elección. Adicionalmente, crece la llegada de actores inexpertos a las instituciones políticas, la inestabilidad e impredecibilidad del escenario político, la confusión en el electorado y la volatilidad de votos.
Los escenarios hiperfragmentados dificultan el alcance de acuerdos y la toma de decisiones, lo cual se hace más evidente en cada nueva administración. Es decir, embarrialan la cancha del desarrollo social y económico.
Según Giovanni Sartori, cuando más de 10 partidos luchan por obtener el poder, existe una patología que se agrava si se da en un contexto de polarización. Si Sartori pudiera hacer hoy un diagnóstico de nuestro sistema, seguramente diría que está gravemente enfermo pues, según el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), en los últimos 10 años el aumento en el número de solicitudes de inscripción de nuevos partidos nacionales y cantonales ha crecido en más de un 100 %. En el 2022 participaron 25 partidos en las elecciones presidenciales, 36 en las legislativas y más de 90 en las municipales; es probable que las cifras aumenten si no se encuentra un antídoto.
Reformas electorales
Ciertamente, en un Estado de derecho como el costarricense, los fenómenos sociopolíticos ocurren dentro de un marco legal que, en este caso, se ha quedado rezagado de las cambiantes dinámicas, unas resumidas aquí y otras en las que no ahondo por motivos de espacio. Algunas de las normas, en vez de corregir las patologías, las estaban favoreciendo.
Por ejemplo, para la inscripción de un partido nuevo, el Código Electoral exige la adhesión de 3.000 personas (equivalente apenas al 0,084 % del electorado), mientras en otras democracias el rango exigido oscila entre un 0,25 % y un 1 % del padrón electoral.
Para prevenir la multiplicación de partidos de papel y propiciar la existencia de agrupaciones arraigadas en segmentos populares significativos, es necesario, primero, sustituir la fórmula nominal por una cifra porcentual, lo cual permite un ajuste automático y, adicionalmente, fijar un porcentaje de adhesiones que sea razonable.
Asimismo, el Código Electoral contempla solo una causal para que el TSE cancele la inscripción de aquellos que, más que partidos, son zombis, ficciones jurídicas a la espera de que alguien las colonice (en sentido humano y monetario). Estos son dos ejemplos de algunos cambios legales necesarios para fortalecer el régimen de partidos y contribuir a revertir la erosión del sistema democrático costarricense.
La asociación Poder Ciudadano Costa Rica (PCCR, antes Poder Ciudadano ¡Ya!), de la cual formo parte y cuyo propósito es contribuir al fortalecimiento de nuestra democracia, el año pasado se dio a la tarea de redactar varios proyectos, entre los cuales destaca uno para vigorizar los partidos políticos. En una feliz coincidencia, al mismo tiempo, el TSE presentó al Congreso un paquete de reformas electorales, uno de los cuales va en la misma línea del del PCCR (expediente 23884).
Por su parte, el diputado Carlos Felipe García Molina, que había presentado otro para solventar los mismos problemas, tuvo la extraordinaria iniciativa de auspiciar la redacción de un texto que contemplara lo mejor de las tres propuestas. Esto permitió que representantes del TSE, de PCCR y de las diputaciones que componen la Comisión Especial de reforma Electoral de la Asamblea Legislativa acordáramos por consenso un texto sustitutivo del proyecto 23884, denominado Ley para fortalecer la representatividad e institucionalidad de los partidos políticos.
El nuevo texto fue votado favorablemente por la Comisión el miércoles 14 de agosto y está a la espera del informe de Servicios Técnicos para seguir su camino hasta convertirse en ley de la República.
Me parece una poderosa señal de esperanza el que un grupo de la sociedad civil, la máxima autoridad electoral y diversos miembros del Parlamento coincidamos en el papel fundamental de los partidos políticos, y hayamos trabajado juntos para fortulecer su institucionalización, representación y legitimidad.
Claro está, como sucede con toda reforma importante, sus beneficios tardarán algunos años en evidenciarse. Además, para consolidarse, requiere la aportación complementaria de los actores políticos y sociales para la adopción de prácticas y dinámicas que favorezcan la estabilidad política y la gobernabilidad.
La autora es activista cívica.