Otro acuerdo con el FMI por la equidad social

Costa Rica debe buscar un nuevo acuerdo con el FMI. El objetivo central de estos acuerdos es infundir confianza, un material escaso, hoy más que nunca, en la relación entre el gobierno y la ciudadanía; conseguirla de la mano del FMI, mediante un programa serio, que sea coherente y que tenga sentido para la población, es algo irrenunciable.

Somos el país con la mayor desigualdad social de la OCDE. Un nuevo acuerdo con el FMI debe buscar una mejora significativa de las condiciones de equidad social, con medidas que tengan efecto a corto y largo plazo, mientras continúa el proceso de consolidación fiscal y de sostenibilidad de la deuda pública.

No dudo de que el FMI, acorde con una visión más equilibrada, acogerá con complacencia una iniciativa que busque estabilizar la economía mientras se reducen las desigualdades. Ese debe ser el objetivo de este acuerdo. Será un SAF, y se podría denominar Acuerdo por la Equidad Social (APES).

Un acuerdo es un documento complejo y extenso. Entre otros aspectos, el APES deberá incluir metas fiscales y de sostenibilidad de la deuda, cuantitativas y verificables, además de políticas para alcanzar una mayor equidad social, junto con disposiciones sobre los ingresos necesarios para financiarlas. A continuación, señalo algunas de esas medidas:

Más recursos para la educación: conforme el pago de intereses y principal de la deuda vaya reduciéndose, debe asegurarse el cumplimiento del 8 % del PIB destinado a la educación.

Del 2024 al 2029, el pago de intereses de la deuda pública se reducirá un 1,7 % del PIB. Utilizar una porción de ese monto para la educación permitiría fortalecer el proceso de consolidación fiscal, al mostrar cuál es su finalidad última.

El país merece una educación de mejor calidad, centrada en mejorar el bienestar y la empleabilidad. Por ello, sugiero que, para toda la educación pública, desde preescolar hasta secundaria, se implementen por lo menos los siguientes cambios:

Educación pública bilingüe: toda la educación pública debe ser bilingüe. El modelo de desarrollo que sigue el país requiere la herramienta del bilingüismo de forma indispensable. No impulsarlo implicará continuar fomentando el desempleo estructural y excluir del mercado laboral a una amplia franja de la población.

A pesar de su complejidad, tiene que ser un proyecto de implementación a corto plazo. Esto permitirá acceder al conocimiento más avanzado disponible, así como a variadas y múltiples herramientas tecnológicas.

Educación física diaria: nuestra población vive cada vez más años. Si queremos que esos años extra sean de calidad, debemos desarrollar la memoria muscular para que, al llegar a la edad de oro, todas las personas sean capaces de movilizarse y ejercitarse, disfrutando así de una buena calidad de vida.

Esto necesita un programa completo de infraestructura para dotar las instalaciones educativas de las facilidades necesarias para alcanzar este objetivo. A largo plazo, esto tendrá un impacto enorme y positivo en las finanzas de la CCSS.

Arte todos los días: en un sentido amplio —música, artes plásticas, creación literaria, entre otros— para incrementar la creatividad en las personas y, a la vez, proporcionar una herramienta que libere el espíritu humano en una sociedad que se ha vuelto estresante y violenta.

El arte es el mejor camino hacia la creatividad, y esta marcará la diferencia entre que las personas programen a las máquinas (IA) o simplemente las obedezcan.

Educación bilingüe para adultos: aquellas personas que tienen un adecuado manejo de un segundo idioma incrementan sus posibilidades de obtener un empleo. Es urgente un programa intensivo en enseñanza del inglés, dirigido a la población desempleada.

Un programa que otorgue una beca de ¢125.000 mensuales durante un año a unas 100.000 personas (33.333 anuales) para que se dediquen al estudio del inglés a tiempo completo. Un plan de este tipo se estructuró y quedó financiado por el BID al terminar la administración Alvarado Quesada, sin que llegara a ser ejecutado en la presente administración. Este programa tiene un impacto directo a corto plazo en el desempleo.

Inversión social: debe incrementarse para que pase del 1,8 % a, como mínimo, un 2,1 % del PIB, en los términos acordados con el FMI en enero del 2021 y que se aplicarían conforme mejorara la situación fiscal. En este incremento debe incluirse el gasto en el programa de bilingüismo para adultos.

Pagar a la CCSS: la medicina al alcance de todos es una piedra angular en el contrato social y en el camino de la equidad. Propuse pagar a la CCSS un monto de ¢2,5 millones de millones, que incluye ¢1,1 millones de millones para infraestructura, con un impacto mínimo para el fisco (“Paguémosle a la Caja”, 8/6/2024).

Inversión en infraestructura: este tipo de inversiones tiene un efecto inmediato en el desempleo, con un alto impacto en el empleo no calificado y un efecto multiplicador en el crecimiento económico.

Esta inversión ha venido decayendo y, actualmente, según señala la ingeniera Ana Luisa Elizondo Salas del Lanamme, no alcanza anualmente ni siquiera el 2 % del PIB, cuando el país debería estar en el doble. Debe encontrarse la forma de incrementar y acelerar esta inversión, incluida la posibilidad de las asociaciones público-privadas, como parte de los elementos de este nuevo acuerdo.

Aquí debe tomarse en consideración toda la inversión que he indicado para la CCSS y el MEP, así como el crédito de $700 millones para infraestructura recientemente aprobado por la Asamblea Legislativa.

Incrementar ingresos

No se puede hacer chocolate sin cacao. Para sacar adelante las acciones mencionadas, mientras se continúa con la reducción de la deuda pública, necesitamos un aumento en los ingresos. Para eso no se precisa la aprobación de ningún impuesto nuevo; con los existentes será más que suficiente.

Además de lo ya indicado respecto al ahorro en el pago de intereses, para contar con más de un 1,5 % del PIB en ingresos frescos, bastará con atender dos situaciones particulares, ambas relacionadas con el uso de la tecnología: Sinpe Móvil y Hacienda Digital.

En junio del 2021, hice énfasis en la importancia que estaba tomando este mecanismo de pagos y que se estaba utilizando para la evasión fiscal. Algunos señalaron que por esa plataforma lo que se pagaban eran empanadas.

En el 2021, por Sinpe Móvil se realizaron transferencias por ¢4.021 millones de millones, en el 2023 se duplicó la suma y en el 2024 superará por mucho los ¢9.000 millones de millones.

Es de conocimiento público que una gran parte del comercio de bienes y servicios se paga en forma directa por este medio, sin factura.

Conservadoramente, presupongamos que la mitad de las transacciones son transferencias no comerciales y pagos con factura, lo cual está bien.

El otro 50 %, es decir, ¢4.500 millones de millones, son pagos de bienes y servicios sin factura. En ese caso, solo en IVA se estarían evadiendo ¢585.000 millones, más del 1 % del PIB.

Existe una correlación positiva entre el IVA y el impuesto sobre la renta (ISR) de alrededor de un 0,9 (por cada colón que se recauda del IVA ingresan aproximadamente 90 céntimos por ISR), lo que significa que en este caso se están evadiendo aproximadamente ¢526.000 millones del ISR, para un total, sumando ambos impuestos, de ¢1,1 millones de millones, o sea, más del 2 % del PIB al año (suficiente para pagar en un solo año las carreteras hacia San Ramón, San Carlos y Limón).

Con el apoyo técnico del FMI deben implantarse los mecanismos necesarios para que Sinpe Móvil deje de ser un gigantesco espacio abierto para la evasión tributaria, sin que por ello se afecte su transaccionalidad.

Por su impacto en la evasión fiscal, se prevé que una vez que Hacienda Digital entre en funcionamiento, producirá un aumento en los ingresos tributarios de medio punto del PIB (0,5%).

El nuevo cronograma de ejecución del proyecto no debe tener más retrasos. Sugiero que se incluyan los hitos correspondientes a este proyecto como medidas paramétricas que condicionan la aprobación del FMI a la continuidad del acuerdo, y que el FMI, en conjunto con el Banco Mundial como prestamista, dé el seguimiento necesario.

Costa Rica debe comprometerse a no reducir ingresos tributarios mediante la aprobación de exoneraciones o la derogación de impuestos.

Medidas por el lado del gasto

El país debe comprometerse a cumplir estrictamente con la regla fiscal, o lo que queda de ella. También debe declararse una moratoria a la aprobación de nuevas exclusiones.

La consolidación fiscal no es un fin en sí misma. El financiamiento responsable del Estado debe tener la finalidad última de brindar mejores bienes y servicios a la población en general y, además, ser una herramienta de apoyo para los más necesitados.

La búsqueda de una mayor equidad social debe ser una meta colectiva; es aspirar a que todos vivamos en mejores condiciones y disfrutemos de forma equilibrada de los bienes que como sociedad producimos.

Por otro lado, quienes no valoran el impacto social y humano deben percatarse de que aun desde un perspectiva economicista, la inversión social es rentable: cuantas más personas vivan mejor, la sociedad será más segura y habrá más consumidores y contribuyentes de impuestos. En síntesis, una sociedad más rica.

Con el apoyo del FMI, Costa Rica puede fijar una ruta favorable para la equidad social, este es el momento, ¡No perdamos la oportunidad!

elianvillegas@ice.co.cr

El autor es abogado y fue ministro de Hacienda.