Un privado de libertad, recluido en el Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero, ganó un recurso de amparo contra el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación Pública (MEP) porque lo dejaron sin los recursos necesarios para afrontar los exámenes de bachillerato por madurez.

El hombre, ubicado en el ámbito D del CAI y estudiante del programa de Educación a Distancia, alegó que necesitaba material didáctico para los exámenes, pero a pesar de haberse inscrito para las pruebas del primer semestre del 2024, no recibió los recursos educativos necesarios, algo que ocurrió dos semestres consecutivos.

El coordinador de la Sección Profesional de Educación del CAI informó a la Sala IV de que, para la segunda convocatoria del 2023, el MEP no proporcionó los materiales educativos necesarios, lo que resultó en que muchos estudiantes no se presentaran a las pruebas y otros reprobaran.

El coordinador agregó que el MEP ha intentado “desvincularse” de la responsabilidad de proporcionar materiales de estudio y eso causó que los recursos educativos tampoco llegaran para las pruebas del primer semestre del 2024.

Dirección Regional no lo toma como estudiante

La Dirección Regional de Educación de Alajuela explicó que, dado que el detenido se encuentra en el ámbito D del CAI, no se le considera estudiante del MEP, pues no puede asistir a lecciones.

La Dirección argumentó que, por lo tanto, no se le puede proporcionar materiales o libros para que continúe sus estudios y que debe adquirirlos por sus propios medios o solicitar a Justicia que le proporcione el material.

Sala IV ve falta de coordinación

Los magistrados encontraron que el CAI y el MEP se endilgan las responsabilidades y, por tanto, ambas entidades deben coordinar para resolver la problemática y garantizar los derechos fundamentales de los privados de libertad, así como la continuidad de su proceso educativo.

“El amparado no recibió materiales de estudio para la prueba para la cual estaba inscrito. Es notoria la falta de coordinación entre las autoridades del centro penitenciario y el MEP, ya que se contradicen en sus afirmaciones y justifican su proceder en el convenio interinstitucional aplicable.

“Esto ha obstaculizado el desarrollo del proceso educativo del tutelado, por lo que esta Sala Constitucional debe intervenir”, señala el fallo.

El viernes 23 de agosto, La Nación solicitó una reacción sobre lo sucedido tanto al MEP como a Justicia; sin embargo, al cierre de edición no se había recibido la respuesta.