Magyar Vagon y los accionistas minoritarios declaran la "guerra judicial" al Gobierno tras su veto a la OPA húngara sobre Talgo
Magyar Vagon y los accionistas minoritarios de Talgo van a dar la batalla en los tribunales tras la decisión del Gobierno de vetar la OPA del consorcio húngaro sobre el fabricante español de trenes.
Tras la decisión del Ejecutivo de rechazar su oferta por supuestos riesgos para la seguridad nacional y el orden público, fuentes de Magyar Vagon han asegurado que el consorcio húngaro va a estudiar "acciones legales en España y en Europa para defender los intereses del consorcio y la legalidad de su oferta por Talgo". "La oferta cumple con todos los requisitos legales vigentes", según aseguran desde Magyar.
El alto ejecutivo detrás de Magyar Vagon, András Tombor, ya avanzó en una rueda de prensa celebrada a principios de julio que, en el caso de que el Gobierno acabase por denegar la operación, lo que finalmente ha sucedido, habría varias oportunidades legales para recurrir.
Minoritarios
A la decisión de Magyar se suma la de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), que ha asegurado hoy en un comunicado que está valorando recurrir la normativa que permite la suspensión de inversiones extranjeras a la que ha recurrido el Gobierno para frenar la operación.
En opinión de la Aemec, esta normativa, que tenía sentido en la época de la pandemia, ha perdido en este momento su razón de ser y supone «un grave perjuicio a los accionistas de sociedades cotizadas al ver limitada su posibilidad de acudir a una oferta pública para vender sus acciones».
Asimismo, la Aemec también ha anunciado que recurrirá cualquier decisión del Consejo de Ministros, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y de la Junta de Inversiones Exteriores (Jinvex) que impida a los accionistas «ejercer su legítimo derecho de venta en un proceso de oferta y que no se ajuste a la Ley o que resulte arbitrario/injusto u obedezca a razones políticas o ideológicas, recordando que las decisiones de las administraciones públicas no pueden resultar arbitrarias, tal como establece la propia Constitución Española».
«La Aemec defenderá los derechos de los más de 8.000 accionistas de Talgo que se encuentran en una situación de evidente indefensión ante la limitación de una oferta voluntaria efectuada por un grupo empresarial de la Unión Europea (Magyar) e iniciará las acciones que correspondan tanto en vía administrativa, contencioso-administrativa, civil y la penal, para resarcir los daños que se produzcan a los accionistas», concluye la asociación de minoritarios.
La asociación ya había anunciado a finales del mes de julio que no descartaba emprender acciones de responsabilidad patrimonial contra el Estado, en reclamación no solo por «los daños emergentes que puedan sufrir los accionistas con ocasión de la caída del valor de la acción, sino también por el lucro cesante, como consecuencia de no poder materializar una oferta del todo atractiva para los accionistas minoritarios, privándoles de poder vender sus títulos a 5 euros».
También aseguraron entonces que estaban valorando la posibilidad de iniciar acciones administrativas o judiciales contra la compañía checa Skoda Transportation por presentar una alternativa a la OPA húngara sin ofrecer una contraprestación, sino solo una declaración de intereses para combinar sus negocios.