La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, integrada por 70 organizaciones entre sindicatos, universidades estatales, federaciones de estudiantes y colectivos de la sociedad civil, firmaron el Pacto Nacional por la Educación Pública. El documento fue divulgado este miércoles después de la marcha de la educación que recorrió las principales calles de la capital para exigir más presupuesto para la enseñanza en todos sus niveles.
La protesta se da en el contexto de fricción entre las universidades estatales y el Gobierno por el fracaso en la negociación del Fondo Especial de Educación Superior (FEES) para el 2025, pues los rectores solicitaron un aumento de 4,06% y el Poder Ejecutivo solo estaba dispuesto a un ajuste del 1%, equivalente a ¢5.761 millones, aproximadamente.
El Pacto Nacional por la Educación Pública plantea una agenda de 18 puntos, entre los que se destacan:
Avanzar, de forma progresiva hacia un presupuesto para todos los niveles de educación pública equivalente al 8% del producto interno bruto (PIB), tal y como lo manda el artículo 78 de la Constitución Política.
Fortalecer la inversión social para “garantizar el financiamiento de los programas sociales”.
Aplicar las políticas educativas y curriculares vigentes e instaurar “una evaluación de los aprendizajes con metodologías nacional e internacionalmente reconocidas”.
Restaurar los convenios de cooperación con las universidades estatales. Por ejemplo, en 2023 el Ministerio de Educación Pública (MEP) eliminó las pruebas de dominio lingüístico que realizaban los estudiantes de último año de secundaria desde el 2019. Esas evaluaciones se realizaban en conjunto con la Universidad de Costa Rica (UCR).
Atender los 100 centros cerrados por órdenes sanitarias, recuperar la infraestructura educativa, mejorar la conectividad de las escuelas y colegios y mejorar los programas de equidad como transporte de estudiantes, comedores escolares y otros.
El documento fue enviado al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles; al jerarca legislativo, Rodrigo Arias Sánchez, y a Angie Cruickshank Lambert, defensora de los Habitantes.
En el documento también se propone que se negocie el FEES de forma quinquenal y no anual, como se hace en la actualidad, así como descongelar los salarios del sector público para mejorar la calidad y gestión educativa”.
También solicitan liberar a la inversión pública de los controles establecidos por la regla fiscal, fortalecer la formación inicial y continua de los docentes y “comprender que invertir en educación es también invertir en democracia”.
