Policías en retiro no entregan armas ni equipo policial al Estado: cómo afecta que armamento siga en circulación
La Contraloría General de la República del Perú emitió un preocupante informe sobre la situación de más de 300 oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) que, tras pasar a retiro, no han devuelto las armas ni el equipo policial del Estado. Esta situación, que involucra a un número considerable de exoficiales, podría representar un grave riesgo en términos de seguridad, ya que estos bienes permanecen en manos privadas sin el control adecuado por parte de las autoridades competentes.
La República se puso en contacto con el general en retiro, Alberto Jordan, para conocer un poco más sobre la situación que enfrenta la PNP al no contar con los bienes que oficiales en retiro no regresan a la fuerza.
Oficiales incumplen plazos para devolver armas y equipo policial
El informe emitido, un total de 314 oficiales que dejaron el servicio activo aún poseen armas y equipo policial asignados durante su tiempo en la fuerza. La falta de devolución de estos bienes podría tener serias implicancias, no solo en cuanto a la pérdida material, sino también en los agentes que no regresan el equipo, según Jordan.
“Los oficiales están en la obligación de regresar las armas y vehículos una vez que se retiran de la fuerza, estos tienen 60 días para entregar el armamento y 30 para dejar los vehículos que se les otorga, puesto que, de no hacerlo se enfrentarían al Consejo de Justicia de Militar Policial, el cual tiene la potestad de derivar el proceso al área judicial, esto de recibir una constante negativa”, dijo.
Policías pueden comprar armas y vehículos, pero no lo hacen
Según lo indicó Jordan, la PNP otorga la posibilidad de comprar tanto el arma como el vehículo que usó el policía durante su actividad; sin embargo, luego de pasado el tiempo límite para devolver el equipo, el agente pierde la posibilidad de pagar para adueñarse del armamento o auto.
De esta manera, al no entregar los bienes, no solo se adueñan de este, sino que también generan una pérdida considerable para el Estado, ya que, algunos de estos vehículos están valorados en cifras superiores a los S/2 millones. La situación se agrava debido a la falta de acción administrativa para recuperar estos bienes.
Familiares de exoficiales fallecidos pueden tener consecuencias legales
Por otro lado, el informe también detalla que 35 de los 119 oficiales que no devolvieron los vehículos ya han fallecido, lo que complica aún más la recuperación de estos bienes por parte del Estado. Ante esto, Jordan asegura que los familiares de los exoficiales que tampoco entreguen los bienes pueden ser denunciados penalmente.
“Si una viuda, hijo o familiar no llega a devolver una arma o vehículo, aun sabiendo que debe hacerlo, su situación también se agravaría ante el Estado”, confesó el general en retiro, Alberto Jordan.
Situación pone en riesgo a la ciudadanía
Para Jordan, el hecho de tener equipo policial sin regulación y sin supervisión de la PNP es un peligro constante para la ciudadanía, ya que, estas armas y vehículos pueden caer en manos de delincuentes. “Esto es peligroso porque uno no sabe quién está usando el arma ni para qué fin lo hace”, explicó.
Un punto adicional preocupante es la falta de denuncias formales ante la Procuraduría Pública del Ministerio del Interior por parte de la PNP. Según la Contraloría, la Policía no ha informado adecuadamente sobre estos casos, lo que podría estar obstruyendo la recuperación de los bienes y la aplicación de sanciones correspondientes. Esta omisión administrativa genera un vacío en la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo de los recursos estatales.
De esta manera, el especialista en seguridad detalló que la Sucamec y la PNP deberían intensificar los métodos que realizan para pedir los equipos, esto con el fin de notificar debidamente a los oficiales, quienes en muchos casos hacen caso omiso a las solicitudes de la fuerza.
En conclusión, este informe de la Contraloría General de la República resalta la necesidad urgente de tomar acciones correctivas para garantizar la devolución de los bienes del Estado en manos de exoficiales de la PNP. La falta de devolución no solo representa una pérdida económica, sino que también pone en riesgo la seguridad pública y la confianza en las instituciones encargadas de salvaguardar los recursos del país.