Dos enormes pendientes que ignoró AMLO en su 6º informe

Directora de México, ¿cómo vamos?

El sexto informe de gobierno inició en el Zócalo justo a la hora de la marcha en contra de la iniciativa de reforma al Poder Judicial federal a pocos kilómetros. Con un mensaje largo y una enorme resistencia al calor, el Presidente utilizó narrativas reivindicativas de la mexicanidad prehispánica y alimentó el encono social destacando las profundas desigualdades prevalecientes. También dio datos y mencionó acciones dispersas respecto a su gestión. En ese contexto, brillaron por su ausencia dos grandes mensajes:

1. La inminente necesidad de promover el crecimiento económico sostenible para poder incrementar la prosperidad de la población; y

2. Sólo mencionó un mayor gasto y contrataciones en salud, educación y seguridad, pero pudo ofrecer resultados.

Veamos: AMLO dispuso de fondos y fideicomisos para financiar el gasto corriente durante su sexenio, para lo cual hizo reformas, recortó el gasto de sueldos y salarios del gobierno deteriorando las condiciones laborales de la burocracia, y eliminó la disponibilidad presupuestaria de rubros como la seguridad de la información los registros, páginas y repositorios digitales del gobierno.

Pero incluso entonces el gobierno tuvo que incrementar su endeudamiento más allá de la inversión pública, y comprometiendo la viabilidad fiscal de largo plazo, que es uno de los fundamentales macroeconómicos que hacen atractivo invertir en México y que mantienen el costo de la deuda en niveles manejables.

Para garantizar la operación del gobierno se necesitan recursos, y para tener más recursos se requieren ingresos fiscales, puesto que 66 de cada 100 pesos del dinero público son tributarios. Sin crecimiento económico, no habrá cómo financiar el gasto que busca garantizar los derechos sociales, los compromisos gubernamentales y la operación del Estado, a menos de que incurramos en mayor endeudamiento.

Además, el incremento al ingreso laboral de este sexenio de 19% promedio en términos reales es producto de la combinación virtuosa del aumento a los salarios mínimos en un contexto de expansión de la economía. Pero esa expansión ya se acabó. Cerraremos el año creciendo 1.5% en 2024 según el Banco de México, por lo que el aumento sostenido a los salarios ya no se traducirá en mayores ingresos laborales debido a que tenemos un mercado laboral preponderantemente informal, y nada se ha hecho para revertirlo. Tal vez los incrementos futuros al salario mínimo no se traduzcan en desempleo por la forma en que éste se mide, pero ciertamente no podremos ofrecer oportunidades de calidad a los jóvenes que se incorporan al mercado laboral. En los primeros siete meses del año, hemos creado solamente 42% de los empleos formales que se requieren.

El crecimiento económico recae en los flujos de inversión productiva, y en México 90% de ésta es privada. Mucho del incremento reciente de la inversión es justamente porque en el nearshoring aterrizó en un país con una historia de 40 años de integración comercial y con un tratado comercial vigente y moderno. Para que siga fluyendo la inversión, necesitamos certeza jurídica, y seguridad de que las disputas comerciales se pueden dirimir frente a tribunales profesionales, autónomos e independientes. La reforma al Poder Judicial federal de AMLO deteriora justamente estas características de la impartición de justicia federal y no resuelve los problemas de impunidad que enfrenta la gente en la falta de justicia cotidiana. Es decir, esta iniciativa sólo entorpece la posibilidad de crecimiento económico, que a su vez habilita mayores ingresos para los hogares y para el gobierno.

En México, 70% del ingreso de las personas es producto de su trabajo. Si la economía se ralentiza, los empleos que se creen serán informales (que pagan en promedio la mitad que los formales) y los ingresos laborales se verán mermados, porque a la informalidad nadie la regula. Por eso necesitamos invertir en los habilitadores de la movilidad social: salud, educación y seguridad pública.

Pero AMLO sólo mencionó mayor gasto en esos rubros y más contrataciones de personal de base. No mencionó el gran fracaso de su gobierno en salud con la creación del Insabi y el aumento de casi 30 millones de personas sin acceso a servicios de salud a mitad del sexenio. Cualquier resultado de la reciente creación del IMSS-Bienestar tomará tiempo y celebrar el mayor gasto no equivale a anunciar mejores resultados.

En educación no tenemos evaluaciones públicas de alcance nacional sobre el rezago educativo. Salud y educación presentaron retrocesos en la medición del Coneval (con datos 2022) respecto a esas políticas públicas; tal vez por eso quieran desaparecerlo.

La seguridad pública tampoco cuenta con mayor financiamiento, salvo la militarizada que no es policía preventiva ni de proximidad, ni es ministerio público o personal de fiscalías. No podemos obviar que el origen de la impunidad es la ineficacia, la incapacidad y la corrupción en la cadena de prevención y atención a la seguridad pública. El gasto programable en seguridad pública se ha ido desfondando en los últimos años, entre otras cosas por una menor renta petrolera y nula atención del Ejecutivo federal. La elección de jueces y magistradas federales nada tiene que ver con mejorar la justicia local que es la que afecta mayoritariamente a la gente.

Destacaron en el discurso de AMLO las menciones a Claudia Sheinbaum, pero sin mencionar el país emproblemado que le deja: sin dinamismo económico y con poca inversión productiva, la promesa de mejores ingresos laborales y por transferencias que no la podrá cumplir; y la posible crisis constitucional que derive de una reforma al Poder Judicial federal no mejorará la rampante impunidad ni el acceso a la justicia, y sí dejará grandes cicatrices económicas para las próximas décadas.