El incendio de Grenfell en Londres resultó de "décadas de fracaso" del Gobierno y las constructoras
El incendio del edificio londinense Grenfell el 14 de junio de 2017, en el que murieron 72 personas, fue "la culminación de décadas de fracaso" del Gobierno y las empresas en valorar el impacto de los materiales combustibles en la construcción, indicó este miércoles el informe final sobre el suceso.
El exjuez Martin Moore-Bick, presidente de la investigación iniciada ese año, dijo que el fuego en la torre de 24 pisos, en parte de protección oficial, se debió a la "deshonestidad sistemática" de compañías que fabricaban y vendían los revestimientos que contribuyeron a propagar las llamas.
El antiguo magistrado, que escuchó unos 1.600 testimonios en más de 300 audiencias donde se analizaron 320.000 documentos, denunció que había en ese momento una "manipulación deliberada y sostenida" de los controles contra incendios, con mala interpretación de los datos y engaños en el mercado.
"Llegamos a la conclusión de que el incendio de la Torre Grenfell fue la culminación de décadas de fracaso por parte del Gobierno central y otras entidades responsables en el sector de la construcción a la hora de examinar el peligro de incorporar materiales combustibles en las paredes externas de edificios residenciales de gran altura y de actuar" para prevenir riesgos, afirmó el investigador.
El antiguo juez sostuvo en una declaración pública que las autoridades y el sector de la construcción "fallaron gravemente" a los residentes de ese edificio de apartamentos ubicado en el oeste de Londres -hoy cubierto para ocultar su esqueleto calcinado-, que posibilitaron el incendio con su "incompetencia, deshonestidad y avaricia".
El primer ministro, el laborista Keir Starmer, afirmó que el documento identifica "errores sustanciales y extendidos" en varios aspectos y dijo que el Gobierno analizará las recomendaciones para "asegurar que una tragedia como esta no vuelva a ocurrir".
Tras la publicación del informe, la Policía británica examinará su contenido en los próximos 18 meses para determinar si se cometieron delitos que puedan llevarse ante la Justicia, mientras que las víctimas y sus familiares piden castigar a los responsables.