Javier Arévalo, presidente del Poder Judicial, sobre Petroperú: “Empresas públicas que no funcionan, deben ser liquidadas”
En una reciente declaración, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Perú, Javier Arévalo, denunció el derroche de recursos estatales en empresas que, a su juicio, deberían ser liquidadas. Durante una rueda de prensa, Arévalo destacó que el Estado está destinando enormes sumas de dinero a compañías que no son rentables, mientras que se alega falta de recursos para sectores cruciales como salud, educación, seguridad y justicia.
"Las unidades de flagrancia están creciendo, hemos logrado que nos aporten más recursos, sin embargo, cuando tenemos reuniones con el Ejecutivo nos dicen: no hay recursos, el Perú es pobre, pero se está derrochando miles de millones de dólares en una empresa que ya debería ser liquidada", declaró.
El presidente de la Corte Suprema subrayó que los fondos actualmente se utilizan para apoyar a estas empresas ineficaces podrían ser mejor invertidos en áreas prioritarias para el desarrollo del país. Arévalo insistió en la necesidad de redirigir estos recursos hacia servicios esenciales que beneficien a la población y promuevan un desarrollo más equitativo.
Situación Crítica de Petroperú
Uno de los casos más emblemáticos de este problema es Petroperú, la empresa estatal de petróleo que enfrenta una crisis económica significativa. El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, reconoció los desafíos que enfrenta esta compañía, señalando problemas graves de gobernanza e institucionalidad. La empresa ha experimentado cambios frecuentes en su alta dirección, incluyendo gerentes generales y miembros del directorio, lo que ha contribuido a su situación crítica.
Adrianzén enfatizó la necesidad de una línea de crédito para permitir a Petroperú reactivar su sistema de adquisición de combustibles. "Petroperú tiene un problema de gobernanza, la institucionalidad en Petroperú se encuentra atravesando una situación sumamente frágil. La sucesión constante de gerentes generales, miembros del directorio y presidentes no hacen más que reflejar con absoluta claridad este problema. Al problema de gobernanza se agrega el problema de financiamiento. Petroperú necesita con urgencia que se le dote de una línea de crédito que le permita reiniciar o mantener el sistema de compra de combustible", expresó.
Posición del Ministro de Economía
En contraste, el Ministro de Economía y Finanzas, José Berley Arista Arbildo, ha rechazado la idea de usar fondos públicos para apoyar financieramente a Petroperú. Arista Arbildo expresó su descontento con la posibilidad de utilizar recursos tributarios para solucionar la crisis de la empresa estatal.
"Me sentiría sumamente incómodo, y el premier y todos los ministros lo harían igual y serían los primeros en comentármelo, si es que se utilizaría algún recurso de la tributación, de los impuestos que pagamos todos nosotros para financiar, solventar o para darle liquidez a esta empresa, eso no pasa por ahí", dijo.
La postura de la Presidenta Dina Boluarte
La presidenta Dina Boluarte ha mantenido una posición firme respecto a Petroperú, descartando la privatización de la empresa a pesar de su situación crítica. Boluarte considera que Petroperú juega un rol vital en las zonas remotas del país y debe seguir operando, aunque no de cualquier manera.
Gustavo Adriánzen, reiteró esta postura en una conferencia de prensa, destacando la necesidad de garantizar que la empresa continúe su labor sin comprometer su eficacia. "La señora presidenta Dina Boluarte ha descartado de manera categórica que Petroperú vaya a ser privatizada. Considera que el rol que Petroperú está brindando en estas poblaciones alejadas debe seguir y garantizarse, pero no de cualquier manera", aseveró.
La situación de Petroperú y el gasto en empresas estatales no rentables ha generado un debate significativo en Perú. La Corte Suprema ha criticado el uso ineficiente de recursos, mientras que el Ministro de Economía se opone a la ayuda pública para Petroperú. No obstante, el gobierno ha decidido mantener la empresa estatal en su control y no proceder con su privatización.