Aspirantes a la JNJ arrastran polémico pasado
El 30 de octubre es el día en el que la Comisión Especial JNJ planea tomar juramento a los nuevos consejeros. A la fecha, 16 de los 51 inscritos en el concurso siguen en carrera. De ese grupo deberían salir 7 miembros titulares y 7 miembros suplentes.
La siguiente etapa del concurso es la entrevista personal ante los miembros de la Comisión Especial, espacio en el que los candidatos podrían esclarecer algunos cuestionamientos que ponen en duda su idoneidad. La República, tras revisar hojas de vida, expedientes y otros documentos de acceso público, identificó hechos que ameritarían mayores explicaciones en razón al alto cargo que anhelan ocupar en el sistema de justicia.
Jorge Félix Balarezo Rengifo
Abogado por la PUCP. Postuló sin éxito en el concurso de la JNJ para elegir al jefe del Reniec, puesto que ganó Carmen Velarde. Fue asesor de la Dirección Nacional de Inteligencia (Dini) desde agosto a diciembre de 2022, durante la gestión de José Luis Fernández Latorre, quien fue detenido por el caso Petroperú. Dejó dicha institución días después del fallido golpe de Estado de Pedro Castillo.
Según su declaración jurada de intereses, entre agosto y diciembre de 2023 trabajó como abogado externo en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Desde enero de este año es asesor de la secretaría general del Seguro Social de Salud (Essalud).
Roque Augusto Bravo Basaldua
Abogado por la PUCP. Fue juez de paz letrado de Los Olivos desde 2003 hasta su renuncia, aceptada oficialmente el 4 de febrero de 2009. Fue denunciado por presunta aceptación ilegal del cargo debido a que el 2 de febrero del mismo año fue nombrado secretario general del JNE.
En 2017, fue asesor de la Comisión Lava Jato de Rosa Bartra, cuyo informe final no incluyó a Keiko Fujimori ni a Alan García. Luego pasó a ser asesor de la referida parlamentaria fujimorista. En 2022, fue contratado como asesor de la comisión investigadora del inexistente fraude electoral, que presidió Jorge Montoya. La República reveló que recibió en total 83.000 de los 211.000 soles que costó dicho grupo de trabajo.
María Teresa Cabrera Vega
Abogada por la UIGV. Trabajó en el Poder Judicial desde 1993 hasta su renuncia en 2019. En dicho poder del Estado ocupó cargos administrativos y jurisdiccionales. Ejerció la magistratura en calidad de supernumeraria o suplente. Es decir, no fue nombrada por el CNM para ocupar una plaza titular de jueza.
Dejó el PJ para ser congresista por Podemos de José Luna, quien es investigado por presuntamente captar a consejeros del CNM para lograr la designación de Adolfo Castillo como jefe de la ONPE. Todo ello con el supuesto objetivo de conseguir la inscripción fraudulenta de su partido.
Cabrera Vega integró la Mesa Directiva que presidió el acciopopulista y expresidente de facto, Manuel Merino. Tras finalizar su periodo parlamentario, intentó sin éxito ser magistrada del TC.
Víctor Hugo Chanduví Cornejo
Abogado por la UNT. Fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada Antenor Orrego. Se desempeñó como juez superior suplente en la Corte Superior de La Libertad entre 1994 y 2003.
En la declaración jurada de intereses que presentó ante la Contraloría consignó que es presidente de la “Asociación Civil del Instituto de Derecho Indiano y Estudios Clásicos”, aunque en el mismo documento aseguró que esta no cuenta con RUC. En calidad de presidente de dicha institución no registrada participó en eventos organizados por el Tribunal Constitucional.
Richard Fermín Contreras Horna
Abogado por la UNT. Registra 16 años de carrera como fiscal en el distrito fiscal del Santa. Inició como fiscal adjunto provincial y llegó hasta fiscal provincial. Renunció al Ministerio Público en diciembre de 2021.
En setiembre de 2019, según una disposición fiscal obtenida por La República, Contreras habría ordenado indebidamente la detención de tres personas, incluso pidió sin éxito la prisión preventiva. La Tercera Fiscalía Superior Penal del Santa, por una queja de los detenidos, lo excluyó del caso porque no tramitó la detención ante el Poder Judicial y no se configuraba la flagrancia delictiva.
Jaime Pedro de la Puente Parodi
Abogado por la U. de Lima. Trabajó en el Tribunal Constitucional de 2004 a 2014, llegando a ocupar el cargo de asesor jurisdiccional. Participó en el concurso para ser miembro de la JNJ en 2019. No obtuvo el puntaje necesario para ser nombrado miembro titular, pero sí para ser considerado miembro suplente.
Declinó a asumir como consejero en reemplazo de Inés Tello y Aldo Vásquez, quienes fueron inhabilitados arbitrariamente por el Congreso. A la fecha, es vocal titular del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría.
Tito Esteves Torres
Abogado por la UNPRG. En 2019, el Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lambayeque lo suspendió para el ejercicio de la carrera por dos años. Esto por acusar en redes sociales de irresponsable a una fiscal por no asistir a una diligencia en un caso donde él participaba como abogado defensor, pese a que se le comunicó que la magistrada no asistiría debido a que acudió al levantamiento de un cadáver.
En 2020, el Tribunal de Honor de dicho colegio confirmó la sanción, por lo que la misma vencería en 2022. Sin embargo, durante la gestión de José María Balcázar como decano del Colegio de Abogados de Lambayeque, el nuevo Consejo Directivo acordó dejar sin efecto todas las sanciones emitidas entre 2019 y 2020 por supuestamente haber sido impuestas por un Consejo de Ética “ilegítimo”.
Ante el TC ha defendido a procesados por graves delitos, hecho por el que se le preguntó cuando postuló en el concurso para ser miembro de la JNJ en 2019.
Iván Pedro Lino Guevara Vásquez
Abogado por la UNT. Fue fiscal adjunto provincial de Lima desde 2006 hasta su renuncia en 2016. Previamente fue juez suplente en la Corte de La Libertad.
En setiembre de 2023 publicó un libro junto al jurista Eugenio Raúl Zaffaroni, exjuez de la Corte IDH y abogado de Pedro Castillo en el extranjero. En el libro La rebelión y otros delitos contra los poderes del estado y el orden constitucional desarrolla argumentos jurídicos por los que considera que la Corte Suprema habría incurrido en errores al dictar la detención preliminar y prisión preventiva contra Castillo por el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022.
En una columna de opinión dijo coincidir con Zaffaroni respecto a que el exmandatario no cometió el delito de rebelión, sino que incurrió en “una evidente infracción constitucional”. “Pero eso no justifica su prisión”, apuntó.
Freddy Widmar Hernández Rengifo
Abogado por la UNPRG. Ha postulado sin éxito en los últimos concursos para ser magistrado del Tribunal Constitucional. En 2023 postuló en el concurso de la JNJ para ser juez superior.
Fue investigado por la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lambayeque por supuestamente inducir al error a un decano de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo para que se aprobara un plan de estudios “inidóneo”. El Ministerio Público, en 2019, decidió no formalizar la investigación preparatoria y archivar la denuncia.
Juan Rolando Hurtado Poma
Abogado por la UNFV. Desde 2015 es juez superior de la Corte Superior de Ventanilla. Antes de entrar al Poder Judicial, trabajó en el Distrito Fiscal de Huaura, entre 2003 y 2015, lapso en el que llegó a desempeñarse como fiscal provincial y fiscal adjunto superior. Según el Registro de Organizaciones Políticas del JNE, militó en el Apra desde 2008 hasta 2014, cuando se desempeñaba como representante del Ministerio Público.
Iris Estela Pacheco Huancas
Abogada por la UNT. Fue jueza suprema provisional hasta diciembre de 2023, mes en el que renunció al Poder Judicial. Durante su estancia en la Corte Suprema de Justicia integró la Segunda Sala Suprema Penal Transitoria, cuyo presidente, hasta la desactivación de dicho colegiado por el escándalo de ‘Los Cuellos Blancos’ en 2018, era el hoy prófugo César Hinostroza Pariachi.
La JNJ abrió un proceso disciplinario contra ella, Hinostroza y los otros jueces que integraban la referida Sala Suprema por el trámite de un recurso de nulidad. Sin embargo, la hoy candidata fue absuelta de todos los cargos. Sumado a ello, registra otras 15 denuncias ante la JNJ; sin embargo, todas han sido desestimadas o declaradas improcedentes.
Gino Augusto Tomás Ríos Patio
Abogado por la PUCP. En 2004, cuando Ríos Patio postulaba a una plaza de fiscal supremo en el concurso del CNM, Justicia Viva denunció que habría plagiado párrafos completos de un artículo del abogado penalista Roberto Pereira. Ante el CNM, según reportó Justicia Viva, dijo que la ausencia de citas se trataba de un “error”.
En 2006, el expresidente Alan García y la ministra María Zavala lo designaron procurador público anticorrupción ad hoc para que formule denuncias contra los altos funcionarios del gobierno de Alejandro Toledo.
En diciembre de 2007, ‘Cuarto poder’ dio a conocer que abogados de su despacho en la Procuraduría intervenían en el trámite de divorcio de Ríos con su entonces esposa. La República dio a conocer que la ministra Zavala le pidió la renuncia por el reportaje. Sin embargo, esta tenía que ser presentada ante García. Los meses pasaron y Ríos Patio continuó en el cargo hasta octubre de 2008, cuando fue relevado del cargo.
Mónica Roxana Rosell Medina
Abogada por la PUCP. Al igual que Jaime de la Puente Parodi, es miembro suplente de la JNJ, cuyo mandato acaba en enero de 2025. También declinó a asumir una de las plazas que dejaron Inés Tello y Aldo Vásquez luego de que fueran inhabilitados por el Parlamento.
Cuenta con formación nacional e internacional. Ha sido docente en universidades como San Marcos y la UPC, y asesora legal externa de Backus.
Rafael Manuel Ruiz Hidalgo
Abogado por la USMP. Fue juez suplente en la Corte Superior de Lima entre 2003 y 2005. Desde marzo de 2023 es asesor en derecho constitucional del presidente del Poder Judicial y miembro de la Comisión Especial JNJ, Javier Arévalo.
En los documentos que presentó a la Comisión Especial no figura la resolución de designación o la constancia de trabajo. Sí figura un oficio donde el jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Poder Judicial, el expremier Pedro Angulo, lo felicita por su labor durante el 2023. Arévalo deberá abstenerse de evaluar a Ruiz Hidalgo debido a que es su jefe y para evitar algún cuestionamiento por conflicto de interés.
Germán Alejandro Serkovic Gonzales
Abogado por la PUCP. Abogado especializado en derecho laboral. Publica artículos sobre dicha materia en el diario oficial El Peruano. En paralelo, escribe columnas de opinión donde deja en claro su simpatía por la derecha conservadora, así como su postura crítica sobre la izquierda peruana.
Francisco Artemio Távara Córdova
Abogado por la UNT. Exjuez supremo, expresidente del Poder Judicial y expresidente del Jurado Nacional de Elecciones (2012-2016). Tiene 73 años, por lo que, de ser elegido miembro de la JNJ, se presentaría una situación similar a la de Inés Tello.
Fue cuestionado en 2009 por aceptar un viaje a París financiado por la Universidad Alas Peruanas, por un homenaje a César Vallejo. Para ese año, dicha casa de estudios tenía decenas de procesos judiciales en trámite en el Poder Judicial. El CNM determinó que Távara sí incurrió en falta disciplinaria, pero que esta no ameritaba la destitución debido a que él no tenía a su cargo ninguno de dichos casos.
El nombre de Távara figura en una denuncia constitucional contra César Hinostroza, Martin Hurtado y Guido Águila. Uno de los hechos de dicha denuncia es la presunta injerencia de Hinostroza en el trámite de un recurso de casación a cargo de la Sala Suprema Civil Permanente, conformada por Távara y Hurtado. “Hermanito”, “mi respetable”, “venerable” son algunos adjetivos que usó Hinostroza en la conversación telefónica que sostuvo con el candidato a la JNJ.