La Audiencia Provincial de Almería acoge este semana el juicio con jurado contra D.L.F. para el que la Fiscalía pide 13 años de prisión acusado de matar de tres puñaladas a un amigo , de quien también habría sido su terapeuta, después de que presuntamente fuera a su casa de El Ejido (Almería), donde habitualmente habría comprado sustancias estupefacientes. El juicio arrancará el próximo 12 de septiembre y contempla hasta cinco sesiones en las que se ilustrará a los miembros del jurado popular, quienes deberán determinar la culpabilidad o no del acusado, el cual se encuentra acusado de un delito de homicidio y de otro leve de hurto, ya que también sustrajo el móvil de la víctima, conforme al escrito provisional de la Fiscalía, consultado por Europa Press. El acusado se encuentra en prisión provisional desde el 17 de noviembre de 2022 si bien el crimen se remonta a cuatro meses antes, en pleno verano. El rastreo del teléfono móvil sustraído, junto con una colilla con ADN del acusado y restos de piel bajo una de las uñas de la víctima fueron claves para los investigadores que practicaron su detención posteriormente. Así, la Fiscalía sostiene en base a la investigación que durante la noche del 12 al 13 de julio de 2022 , el acusado se personó en el domicilio de la víctima al que ya habría acudido en otras ocasiones para adquirir drogas. Una vez en su interior, ambos habrían ido hasta la cocina, donde se habría iniciado una discusión en el transcurso de la cual el acusado, con ánimo de acabar con la vida de su amigo, le habría asestado tres puñaladas con un cuchillo de cocina. En concreto, según se desprende del análisis forense, la víctima recibió dos puñaladas en una zona vital del cuerpo, concretamente en el pecho, y una tercera en el orificio auditivo derecho, donde el cuchillo quedó clavado. El presunto autor de las puñaladas habría abandonado el inmueble tras haber dado muerte de esta manera a la víctima, que quedó «tendida en el suelo en medio de un gran charco de sangre». Antes de marcharse, el acusado se habría llevado el teléfono móvil de la víctima «con ánimo de enriquecerse» , puesto que lo habría destinado a su venta, así como las llaves del domicilio de la víctima. A su llegada dos días después de los hechos, los agentes hallaron la vivienda «revuelta» y «con los cajones abiertos». El encausado fue identificado como un amigo y terapeuta de la víctima, de manera que en sus primeras declaraciones ante la autoridad habría llegado a reconocer que hubo un «forcejeo» en la vivienda del finado, puesto que la víctima habría sospechado que el hombre podría haber entrado en su vivienda a robar. En este sentido, el arrestado presentaba en sus manos cortes que, indiciariamente, serían compatibles con el mencionado «forcejeo» con la víctima, y que el detenido justificó al decir que había estado «trabajando recientemente en una finca». Los investigadores que trabajaron en la escena del crimen constataron además que había desaparecido tanto la cartera como el teléfono móvil del fallecido, lo que permitió establecer un rastreo sobre el terminal, el cual fue utilizado con una tarjeta SIM diferente al día siguiente de la muerte del hombre. Este hecho permitió dar con la persona que se encontraba en posesión del teléfono, un «toxicómano» quien explicó que el móvil se lo había entregado el principal sospechoso, con quien además intercambió llamadas y mensajes desde los primeros minutos en los que se encendió el aparato. Ambos tendrían una relación de intercambio de objetos a cambio de estupefacientes, según el trabajo policial. En esta línea, los agentes investigaron a la persona que proporcionó el teléfono móvil al tercero. Así, averiguaron incluso que durante las horas previas a los hechos, antes de la noche del 12 al 13 de julio, ambos habían mantenido varias conversaciones telefónicas. La principal línea de investigación apuntaba que tanto el detenido como la víctima mantenían problemas derivados del tráfico de drogas , sentido en el que el investigado podría tener deudas económicas pendientes con el apuñalado en base a esas supuestas transacciones. Al detenido le constan además antecedentes policiales por el robo en el domicilio de un amigo, al que le sustrajo en mayo de ese año cerca de 8.000 euros. El presunto homicida fue detenido con posterioridad al crimen de julio al intentar cometer otro hurto en casa de un segundo conocido, lo que hizo sospechar a los agentes de que, el día de los hechos, habría tratado de actuar bajo el mismo 'modus operandi'. Durante su declaración ante los agentes, conforme a la versión policial, el arrestado cayó en versiones «contradictorias» sobre el lugar en el que se situaba el día de los hechos, que estableció en Salobreña (Granada). Este aspecto chocaba frontalmente además con la ubicación que ofrecía su teléfono móvil el día de los hechos , muy próximo a la de la vivienda de la víctima, según las pesquisas derivadas de la operación 'Tajo'. A estos indicios se sumó posteriormente el análisis efectuado por los agentes de la Policía Científica, quienes hallaron ADN bajo una de las uñas de la víctima «compatible» con el de una colilla de un cigarrillo de la que el arrestado se había desecho. Con el avance de la investigación, los agentes acreditaron que el presunto amigo y terapeuta de la víctima , que «se encontraba en una situación económica complicada», estaba presuntamente relacionado con otros robos o intentos de robo en domicilios de personas relacionadas, en mayor o menor medida, con el tráfico de estupefacientes a pequeña escala. Entre los aspectos que deberá resolver el jurado en base a las pruebas y testimonios que se den en sala se encuentra la posibilidad de que el acusado tuviera abolidas sus facultades psíquicas a raíz del continuo consumo de tóxicos en grandes cantidades. Asimismo, entre las posibles atenuantes a tener en cuenta, deberán determinar si D.L.F. estuvo consumiendo o no sustancias tóxicas durante el día anterior a los hechos y durante toda la noche. Del mismo modo, y en base a las consideraciones de la defensa, el jurado tendrá que determinar si el acusado se vio sometido a un «violento forcejeo» con la víctima al supuestamente también intentar esta clavarle el cuchillo . Según mantiene, fue el acusado quién le arrebató el arma y la empleó para «salvar su vida».
