El Constitucional deja en manos del Estado la demolición del hotel Oliva Beach en Fuerteventura

El Tribunal Constitucional ha considerado que el Estado es competente para decidir sobre el derribo del Hotel RIU Oliva Beach, al rechazar por unanimidad el recurso presentado por el Gobierno de las Islas Canarias, según fuentes del TC. El consejero canario de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad y del que depende la dirección de Costas, Pablo Rodríguez, explicó que aún no han podido analizar el pronunciamiento del TC . Rodríguez matizó ante los medios de comunicación, que parece que el Tribunal Constitucional no entra «en el fondo del asunto». «Canarias lo que defiende y lo que ha defendido siempre es que es competente en el dominio público, las concesiones en el dominio público, y que, por tanto, no entrábamos en el fondo de si había que derribar el hotel o no, sino que si era competente o no el Estado para la caducidad de esa concesión y, por tanto, el derribo del mismo», señaló el consejero y apuntó que ahí es donde «al parecer» se ha pronunciado el TC, «si el Estado es competente a la hora de declarar» ante la caducidad del expediente. Pablo Rodríguez señaló que se seguirá defendiendo el marco de competencias que establece el Estatuto de Autonomía de Canarias del año 2018. En este sentido, apunta que «lo que queda claro» ante la situación es que el traspaso de competencias firmado por el Gobierno canario, bajo la presidencia de Ángel Víctor Torres y el Ejecutivo Central, ha sido «absolutamente insuficiente» y aseguró que no ha cumplido con lo que establece el Estatuto de Autonomía. Pablo Rodríguez defendió que el Estatuto de Autonomía es «competente» y ha subrayado que el Ejecutivo regional seguirá defendiendo su «capacidad de autogobierno y de tener competencias en sus costas». Ante la duda de sí el hotel será derribado o no, ha respondido que será la compañía que tiene la concesión la que «tendrá que defenderse en tribunales o donde estime para ver qué posibilidades tiene de mantener o no su defensa», y por tanto, la supervivencia del hotel y sus empleados. El consejero matizó que el Gobierno de Canarias no se ha posicionado ante eso y que solo se ha limitado a defender el marco competencial. Tras la información, el ministro de Política territorial, Ángel Víctor Torres, ha defendido este viernes su trabajo como presidente del Gobierno de Canarias ante el conflicto de competencias sobre el derribo del hotel y al respecto a la decisión del TC. En declaraciones recogidas por Europa Press, «No conocemos el fallo, parece que va a ser conocido hoy, pero también ese fallo deja en evidencia las críticas del actual Gobierno de Canarias frente al gobierno anterior —que él presidió— porque decían que habíamos hecho las cosas incorrectamente y que lo colocaría en su lugar el Tribunal Constitucional. El TC lo que ha hecho es decir que las cosas se hicieron correctamente y que las competencias en este caso las tiene el Gobierno de España». El ministro recordó una comisión bilateral que se celebró como intento para llegar a un acuerdo. Torres declaró que había que negociar al máximo posible, pero señalo que el actual Gobierno canario fue al Tribunal Constitucional y ha sido el TC, quien ha considerado la unanimidad que el Estado es el competente para decidir sobre el derribo del hotel de Fuerteventura. El ministro declaró que al Gobierno de España lo que le preocupa son los trabajadores esos «400 puestos de trabajo directos y también los indirectos». «No hay una inminencia de derribo, que también hay otros pasos judiciales», y concluyó que «más importante» es buscar «una solución para esos puestos de trabajo».