Mazón premia con un puesto directivo a la funcionaria interina y candidata del PP que postuló al nuevo jefe de Antifraude
Inmaculada Luz Collado, presidenta de la Asociación Española de Gestores para la Administración Pública, asume la dirección adjunta administrativa del Instituto Valenciano de Servicios Sociales
El director valenciano de Antifraude derogó el código ético de la entidad tras saber que había sido denunciado
El Gobierno valenciano ha nombrado a Inmaculada Concepción Luz Collado directora adjunta administrativa del Instituto Valenciano de Servicios Sociales, según un decreto publicado este jueves en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y firmado por el president Carlos Mazón y la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero.
Se trata de la funcionaria que preside la Asociación Española de Gestores para la Administración Pública (AEGAP), entidad que propuso en primera instancia a Eduardo Beut, exdelegado de la Agencia Tributaria en la Comunitat Valenciana y persona próxima al expresident Eduardo Zaplana, como director de la Agencia Valenciana Antifraude (AVA) en sustitución de Joan Llinares.
Inmaculada Luz, nacida en Alzira en 1984, también ha sido candidata del PP en sus listas municipales de Riola (en la comarca de la Ribera Baixa) en 2019 y de El Palomar (Vall d'Albaida) en los siguientes comicios locales de 2023.
La entidad Acción Cívica contra la Corrupción cuestionó la capacidad de la asociación presidida por Luz Collado para proponer candidatos a la Agencia Antifraude. Finalmente, un informe de los servicios jurídicos de las Corts Valencianes descartó la propuesta de la Asociación Española de Gestores para la Administración Pública al concluir que no reunía los requisitos para presentar un candidato.
La Mesa de la cámara autonómica acordó excluir la candidatura aunque, finalmente, el PP y Vox impusieron a Beut como director de Antifraude tras modificar la ley para elegir al cargo estableciendo una mayoría simple frente a la mayoría cualificada con la que las derechas no no contaban con suficientes votos.
La nueva directora adjunta administrativa del Instituto Valenciano de Servicios Sociales, graduada en Gestión y Administración Pública por la Universitat Politècnica de València, había sido anteriormente funcionaria interina de la Dirección General de Igualdad y del Servicio Público de Empleo y Formación (Labora). El nuevo puesto directivo, según indica otra resolución de la consellera Susana Camarero, estaba sujeto a los “principios de mérito y capacidad” y a criterios de idoneidad mediante un procedimiento que garantice la publicidad y la concurrencia.
El aterrizaje de Beut en Antifraude
El polémico director de la Agencia Antifraude fue delegado de la Agencia Tributaria en la Comunitat Valenciana entre 1999 y 2002, durante el Gobierno de Eduardo Zaplana. Beut mantiene amistad con el expresidente y su entorno y trabajó en la empresa pública Madrid Arte y Cultura, bajo el mandato de la exalcaldesa Ana Botella, y posteriormente fue consejero de finanzas en la embajada española en México. También presidió la patronal de los contratistas de obra pública.
Su aterrizaje en Antifraude ha sido todo menos pacífico. Destituyó a Teresa Clemente, directora adjunta de Antifraude, y a Gustavo Segura, director de Investigación y rival de Beut en el proceso de selección en las Corts Valencianes. Por otro lado, el PP y Vox adaptaron la ley para que el sueldo de Beut pueda superar el tope de remuneración que tienen marcado los altos cargos de la Administración valenciana.
Además, el nuevo director de la AVA ha puesto en el punto de mira la colaboración de la agencia con la Fiscalía Anticorrupción, en funciones de auxilio judicial, en causas como el 'caso Erial', en el que Eduardo Zaplana se enfrenta a una petición de pena de 17 años de prisión por parte de Ministerio Público, o el 'caso Azud', según se desprende del recurso de reposición presentado por Gustavo Segura contra su despido.
Eduardo Beut también derogó el Código Ético de la Agencia Antifraude y eliminó el comité que investiga las denuncias internas. Lo hizo cuatro días después de saber que había sido denunciado por “graves infracciones” del código.