El mismo día que Villarruel visitó al Papa, el Gobierno anuncia un proyecto para agilizar el divorcio

El mismo día en que la vice presidenta Victoria Villarruel se reunió con el Papa Francisco en Roma, el Gobierno realizó un anuncio que difícilmente sea del agrado de la Iglesia Católica, en general, y de su jefe actual, en particular, el argentino Jorge Bergoglio: en X, el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, informó sobre el envío al Congreso de  un proyecto de ley para habilitar el divorcio simplificado. "¿Por qué si para casarse se puede ir a un registro, para divorciarse hay que hacer un juicio?", se preguntó el funcionario, quien agregó:  "Para los divorcios no contenciosos el proyecto busca habilitar una solución barata y eficiente con un procedimiento tan sencillo como el del casamiento. Este tipo de iniciativas forman parte de la filosofía de respeto de la voluntad individual que propugna este gobierno. ¡VLLC!".

Según un documento oficial, el proyecto de divorcio express propone implementar un divorcio simplificado con "mayor libertad y menos oneroso, al permitir a los cónyuges, a través del divorcio administrativo, disolver su vínculo matrimonial de mutuo acuerdo por una vía más simple, rápida y económica". 

"Esto se debe a que los divorcios judiciales demandan tiempo y dinero. Además, el tiempo que insume el referido proceso implica para las partes que durante ese período de tiempo no podrán disponer de algunos de sus bienes con entera libertad. Sumado a ello, los divorcios judiciales generan un incremento innecesario del número de causas en el sistema judicial, generando lentitud en el sistema y costos que recaen indirectamente sobre los contribuyentes", sostiene el Gobierno. 

Además, agrega que la iniciativa que se impulsa otorga "mayor libertad a las partes para decidir cambios en su vida. El matrimonio se contrae para emprender un proyecto de vida en común. Las personas celebran libremente este acto jurídico con un simple acuerdo de voluntades ante el oficial público encargado del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, más los testigos que la ley prescribe, por lo que, de la misma manera, ese proyecto de vida en común puede terminar de mutuo acuerdo en pos de buscar nuevos proyectos de vida".

El divorcio, una permanente tensión con la Iglesia

El divorcio fue siempre un tema profundamente conflictivo para la Iglesia Católica.

El Código Civil de 1871, redactado por Dalmacio Vélez Sarsfield, reflejaba la fuerte influencia de la religión católica, estableciendo el matrimonio como un vínculo indisoluble. Aunque en 1954 se aprobó la ley 14.394 que permitía el divorcio vincular, esta fue derogada al año siguiente tras el derrocamiento de Juan Domingo Perón.

El verdadero cambio llegó con la presidencia de Raúl Alfonsín. En 1987, se promulgó la Ley 23.515, conocida como la ley de divorcio vincular, que permitía la disolución del matrimonio y la posibilidad de volver a casarse. Esta ley fue un hito en la legislación argentina, pero no sin controversias. La Iglesia Católica, que mantenía una relación tensa con Alfonsín, se mostró dividida. Algunos sectores conservadores, liderados por el obispo Emilio Ogñénovich, organizaron protestas y procesiones en contra de la ley.

Desde entonces, la legislación sobre el divorcio fue evolucionando. En 2015, se introdujo el nuevo Código Civil y Comercial, que simplificó los trámites de divorcio, eliminando la necesidad de demostrar culpabilidad o motivos para la disolución del matrimonio.

El proyecto Sturzenegger permitiendo a las parejas disolver su matrimonio de manera más rápida y menos burocrática. 

Más reformas

El divorcio express forma parte de un proyecto más vasto con el que el Gobierno aspira a "simplificar los trámites judiciales y acelerar procedimientos clave, como el retiro de fondos de depósitos judiciales por orden judicial, la publicación de edictos, y la digitalización de gestiones", explicaron fuentes oficiales.  Estas modificaciones también buscan optimizar el funcionamiento del Archivo General del Poder Judicial de la Nación, promoviendo una "mayor eficiencia en su manejo". Según lo informado, esta propuesta es fruto del trabajo conjunto entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

Entre los principales objetivos de la reforma está "aliviar la carga sobre el sistema judicial" y fomentar la competencia y libertad de los depósitos judiciales. Asimismo, se busca establecer mecanismos más eficaces para la custodia y disposición de bienes incautados en causas penales, lo que podría mejorar significativamente la celeridad en estos procedimientos. Las modificaciones incluyen la actualización de diversas normativas que datan de principios del siglo XX y que actualmente resultan obsoletas.

En ese sentido, se proponen cambios en la Ley 9667, promulgada en 1915, que hasta ahora "establecía procedimientos lentos y burocráticos". Las reformas incluyen la derogación del impuesto que imponía el artículo 6 de dicha ley para cada giro expedido, así como la adecuación del artículo 5 al Código Civil y Comercial. 

Por otro lado, se digitalizará el Registro de Juicios Universales, lo que "permitirá mayor agilidad, transparencia y ahorro de recursos", según señalaron fuentes oficiales. En cuanto a los archivos judiciales de la Capital Federal, que aún operan bajo un decreto de 1963, también se implementarán mejoras que incluyen la digitalización de varios documentos y trámites. Esta iniciativa tiene como fin modernizar el funcionamiento interno de la Justicia, eliminando trámites innecesarios y adecuando las normativas vigentes al Código Civil y Comercial actual.