La resaca política de la manifestación por la vivienda: promesas repetidas, presiones y silencios

Nada ha cambiado demasiado después de las manifestaciones por la vivienda que recorrieron este domingo varias ciudades de España. Unas 150.000 personas, según los organizadores, coparon la más multitudinaria, en el centro de Madrid, para pedir políticas que bajen el precio de los alquileres, disparado en los últimos años. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiso contestar a esa demanda este lunes recuperando algunas medidas que no contentan a su socio de Gobierno. El PP de Alberto Núñez Feijóo ha optado por hablar del caso Koldo. 

Los cánticos que resonaron este domingo en las calles de España señalaban a los caseros y a los fondos de inversión, pero también a los ejecutivos autonómicos, la mayoría controlados por el PP, y al Gobierno de PSOE y Sumar. “Rentista culpable, gobierno responsable”, coreaban algunos manifestantes en Madrid. Algunos incluso forzaron una sentada contra el Ayuntamiento, la Comunidad y los partidos que firmaron la ley de vivienda durante la legislatura pasada, durante el Gobierno de los socialistas y Unidas Podemos. 

Por eso, este lunes, el Gobierno ha salido al paso de la manifestación con algunas promesas sobre vivienda, algunas ya anunciadas.

“Sé que si no reaccionamos con contundencia la sociedad española acabará dividida en dos clases. Y yo no quiero una España en la que haya propietarios ricos e inquilinos pobres”. La frase la pronunció este lunes Pedro Sánchez durante el acto 'World in progress' en Barcelona, organizado por el Grupo Prisa. Una sentencia contundente que acompañó con el anuncio de algunas medidas más moderadas.

Por un lado, 200 millones de euros para el denominado Bono Alquiler Joven, una cantidad que comprometió hace diez días la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en una reunión con los consejeros del ramo. Son fondos para una ayuda creada durante la legislatura pasada, que gestionan las comunidades, que van destinadas a jóvenes de hasta 35 años y que ha sido muy criticada por algunas organizaciones. La ayuda consiste en un aporte mensual de 250 euros durante dos años. Con esta nueva cantidad, el Gobierno calcula poder ayudar a 66.000 jóvenes. 

La otra medida es el impulso de un reglamento para regular el alquiler de temporada. Una medida que también había anunciado el Ministerio de Vivienda y que pretende ajustar los supuestos para evitar que los caseros acudan fácilmente a este tipo de contratos con el fin de eludir el control de precios que marca la ley.

Ambas medidas han recibido el escepticismo de Sumar y de varios de los partidos del bloque de investidura. Ernest Urtasun, portavoz de la coalición de izquierdas y ministro de Cultura, ha pedido a su socio de Gobierno que deje atrás los “parches” y las “medias tintas”. “Necesitamos intervenir de una vez el mercado de la vivienda”, ha dicho en una rueda de prensa en la que ha insistido en las medidas que han propuesto para la negociación de presupuestos, como la retirada de fondos públicos a las comunidades que no apliquen la ley de vivienda.

Los ministros de Sumar han presentado de hecho observaciones a esta medida de cara al Consejo de Ministros que la abordará este martes, toda vez que, alertan, puede agravar el problema.

“El bono, en lugar de solucionar el problema estructural del acceso a la vivienda, abre la posibilidad de que fondos públicos pasen a manos de los rentistas, que continúan subiendo los precios”, trasladan fuentes de la coalición. Desde el ministerio de Vivienda, sin embargo, recuerdan que el del Bono Joven es uno de los compromisos adquiridos en el acuerdo de coalición entre el PSOE y Sumar.

El roce entre los socios ha continuado con la crítica de Urtasun a las palabras de la ministra Isabel Rodríguez, que en una entrevista en Televisión Española ha pedido “comprensión” y ha lanzado al mismo tiempo un mensaje de “esperanza”. La ministra ha defendido su gestión al recordar que una de las primeras medidas que tomó al llegar al cargo fue la declaración de zona tensionada en Catalunya y la publicación de un índice de referencia de precios, pese a que la primera es una competencia que corresponde a la comunidad autónoma y la segunda daba cumplimiento a un encargo que figuraba en la ley de vivienda.

Tras estas declaraciones, algunos socios del Gobierno en el Congreso han pedido más contundencia y en concreto Podemos ha considerado que Rodríguez debería dejar el cargo ante su “inacción calamitosa”. “Este Gobierno no tiene intención alguna de ponerle freno a la especulación; prefiere pedirle solidaridad a los especuladores usureros antes que legislar contra ellos. Y esto es una auténtica vergüenza”, ha dicho el secretario de Organización del partido, Pablo Fernández. 

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que fue cofirmante de la actual ley de vivienda cuando estaban al frente del Ministerio de Derechos Sociales, durante la legislatura pasada, ha criticado también las medidas anunciadas por Sánchez. “Las ayudas para el alquiler para jóvenes que Sánchez ha anunciado no solo ya estaban anunciadas, sino que surten el efecto contrario -suben más los precios- si no se aplican topes al alquiler. ¡Esto ya ha pasado! Así no”, ha escrito en un tuit. 

Los nuevos fondos para el alquiler tampoco cuentan con el beneplácito de los socios independentistas. El portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha pedido “menos fe y más BOE”, en un mensaje en sus redes sociales. “Una reforma laboral sin reforzar la inspección laboral es un sorteo que depende de la buena fe del empresario y un bono joven de alquiler sin regular el precio del alquiler es un sorteo que depende de la buena fe de los caseros”, ha escrito.

En una línea parecida se ha posicionado el diputado de EH Bildu Oskar Matute, que ha puntualizado que una medida como la del alquiler joven no tendrá ningún efecto si no se acompaña de una implementación efectiva de los topes de precios. “Si no se frenan los abusos contra los inquilinos, los alquileres seguirán subiendo y esas ayudas públicas acabarán en los bolsillos de los propietarios”, ha dicho en X. 

El PP prefiere hablar del caso Koldo

El Partido Popular convocó este domingo de urgencia a su Ejecutiva. En una reunión que se celebró a mediodía, el partido aprobó una serie de medidas para hablar del asunto que a su juicio centraba ese día los problemas de la ciudadanía: el caso Koldo. Así, hoy sus líderes nacionales han acudido a la Audiencia Nacional para presentar una querella por corrupción contra el Partido Socialista. 

El partido ha despachado las reivindicaciones sobre vivienda con un tuit en el que ha criticado la medida del bono joven por tratarse de una política repetida. “El Gobierno anuncia un Bono Joven de Alquiler de 200 millones de euros, el mismo Bono Joven anunciado en 2021, 2022 y 2023. Su plan para solucionar el problema de la vivienda es anunciar la misma medida todos los años”, ha escrito. 

Y su vicesecretaria de Desarrollo Sostenible, Paloma Martín, ha enviado algunos mensajes más en sus redes con críticas al Gobierno por asistir a la manifestación, pese que solo acudió Sira Rego, como dirigente de Izquierda Unida. “Comienzan a gobernar en 2018, 6 años ya. Prometen más de 180.000 viviendas. No se ha visto ni una. Los precios del alquiler se desbocan y sacan una ley de vivienda. Destrozan el mercado con la ley y el precio de alquiler se dispara. Y ahora se manifiestan”, ha dicho. 

Algunos de sus dirigentes autonómicos se han prodigado algo más. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reclamado “un plan de choque” para España en este asunto que recopila los principales dogmas de la derecha: “Es imposible frenar la escalada de precios si no se construye más vivienda, se libera suelo y se desregulariza”. 

Ayuso ha cargado al mismo tiempo, en referencia a los manifestantes y probablemente también al Gobierno, contra “quien intenta enfrentar al propietario con el inquilino”, algo que ha calificado como “una profunda irresponsabilidad y una pretendida lucha de clases”. 

Y ha eximido de cualquier culpa a los propietarios. “Tu vivienda es tuya, [...] cada español tiene derecho a poner su vivienda al precio que uno considera, porque cada uno tiene una circunstancia personal distinta. Eso de culpar, en plan llamar a la lucha al propietario de una casa, por parte, encima, de aquellos que están en filas de la izquierda que tienen varias y hasta docenas de casas, me parece una caradura tremenda y además de peligrosísimo mensaje”, ha manifestado.

El Gobierno de José Luis Martínez Almeida también ha entrado al asunto de la movilización ciudadana para criticar al PSOE. En este caso, a la portavoz en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, por acudir el domingo a manifestarse contra “su propio Gobierno”, dijo este lunes el delegado de Urbanismo del Consistorio madrileño, Borja Carabante, que ha criticado también la ley de vivienda por “perjudicar el acceso” pese a que esa norma estatal depende de la aplicación de las comunidades autónomas y solo funciona en Catalunya. La receta del PP en Madrid para solucionar el problema de la vivienda es hacer “nada”, tal y como defendió su propio alcalde durante la última campaña electoral.