La vivienda: un derecho, no una mercancía
Durante casi dos décadas, entre el 2000 y el 2018, la orientación de la vivienda se vio reducida a una simple mercancía, sujeta a las reglas del mercado. Bajo gobiernos de corte neoliberal, se promovió la idea de que la oferta y demanda del mercado inmobiliario se autorregularían, y que el acceso a una vivienda dependería simplemente de la capacidad de compra. Sin embargo, los resultados de esta política son evidentes hoy: una inmensa mayoría de las personas, especialmente de las nuevas generaciones, no pueden acceder a una vivienda, ya sea comprada o rentada. El mercado, por sí solo, no es suficiente para garantizar este derecho.
Quienes logran adquirir una vivienda a menudo se encuentran con que están ubicadas en áreas alejadas de sus trabajos o en zonas sin infraestructuras adecuadas. Además, nuestro país ostentó por un buen periodo de tiempo el lamentable título de tener el mayor número de viviendas deshabitadas en los países de la OCDE. Esto no es casualidad, sino una consecuencia directa de políticas que priorizan la mercantilización de los derechos sobre el bienestar de la ciudadanía.
Dos décadas de abandono en la materia requieren de acciones profundas. Los problemas se multiplican con cada sexenio. Por eso, el problema no radica únicamente en la construcción de más viviendas, las cuales también son necesarias. Es imperativo que las autoridades implementen una regulación sólida que asegure que las nuevas construcciones se realicen en polígonos consolidados, es decir, en áreas cercanas a hospitales, escuelas, industrias, espacios públicos y comercios. La repoblación de los centros históricos y otras centralidades urbanas, donde ya existen servicios públicos, debe ser otra de las prioridades. Solo así podremos crear ciudades funcionales y habitables para todos.
Por eso queda claro que la dinámica de mercado, sin embargo, ha demostrado ser insuficiente para alcanzar este objetivo. Esto abre paso a plantear nuevas colaboraciones, particularmente con la iniciativa privada, producción de vivienda desde el Estado y nuevas regulaciones a un mercado en el que prevalecía la ley de la selva.
Dos ejemplos de estas acciones necesarias se encuentran en una regulación y una nueva política pública, anunciadas por el Gobierno de la Ciudad de México y la administración federal, respectivamente.
En el caso de la nueva ley, vale la pena destacar el caso de la regulación para gobernar las plataformas como Airbnb. Esto con el objetivo de detener el fenómeno gentrificador que se origina cuando se construyen viviendas con la finalidad de ser utilizadas como alojamientos temporales, lo que ha derivado en una distorsión del mercado habitacional. Lo que debería ser una oferta de vivienda digna se está transformando en una industria hotelera encubierta, afectando directamente a quienes buscan una vivienda permanente. Leyes como esta se han aprobado ya en Portugal y en España, y sus efectos, señalan especialistas en la materia, podrían ser benéficos para toda una generación que ha visto sus aspiraciones de una vivienda digna mermadas.
En el terreno de la política pública, sin duda hay que reconocer el anuncio que se hizo el día de ayer en materia de vivienda. En este compromiso gubernamental se plantea que el gobierno federal construirá más de un millón de viviendas en seis años, con una inversión de 600 mil millones de pesos. El plan prioriza créditos sin intereses para personas de bajos ingresos y sin seguridad social; de esta manera se podrá garantizar este derecho a grupos que fueron excluidos históricamente en la materia.
También se destaca que parte de este nuevo parque de vivienda se destinará para mujeres, jóvenes, población indígena y adultos mayores, especialmente en el sur y centro del país. Además, se ofrecerán créditos para mejoras de vivienda y un programa de renta para juventudes.
Es por esto que es crucial que el Estado no renuncie a su papel en la regulación y promoción de políticas de vivienda. La vivienda es un derecho fundamental, y el acceso a ella, ya sea a través de la compra o el alquiler, debe estar garantizado para todos los ciudadanos, sobre todo pensando en las siguientes generaciones.