El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sólo tenía una oportunidad para poner fin a su mandato con un mínimo de dignidad y la ha desaprovechado. Cuando la Sala Segunda del Tribunal Supremo acuerda investigar a la máxima autoridad del Ministerio Público por indicios objetivos de un delito, no es momento de entrar a discutir si esos indicios son sólidos o no, sino de asumir que, objetivamente, no es posible en tales condiciones dirigir la Fiscalía española. Por el contrario, García Ortiz ha respondido a la decisión del Tribunal Supremo con una contracampaña de autoafirmación que lo inhabilita aún más para seguir al frente de la Fiscalía General. Su primera réplica fue una entrevista hecha a medida en la televisión pública en la que lanzó un mensaje inaudito no sólo en un fiscal general del Estado, sino en un mero funcionario público: «Si quisiera hacer daño a un determinado espectro político cuento con información de sobra, que, por supuesto, no voy a usar jamás». Esta frase es más propia de las cloacas de un partido embarcado a la caza pública de jueces y periodistas que de aquel a quien la Constitución encomienda defender la legalidad, el interés público y la independencia judicial. Si García Ortiz tiene noticia de hechos delictivos del «espectro político» que sea, su obligación es denunciarlos cuanto antes ante el tribunal competente. Y si no va a hacer uso de esa información porque no es delictiva, entonces se tiene que callar, porque la ha conocido por razón de su cargo, aunque luego se quejará de que se le investigue por revelación de secretos. Las razones para que dimita se refuerzan, porque, además de indicios de delitos, es un lenguaraz. García Ortiz quiso lanzar un mensaje típico del matonismo sectario. Tiene información que él no va a usar. Él no, pero el Tribunal Supremo sospecha que suele servirse de medios amigos para hacerle ese trabajo. Nunca una Fiscalía General del Estado ha caído tan bajo, en tan poco tiempo, y su deterioro se perfila aún más por el contraste con la pacificación del Consejo General del Poder Judicial, lograda en cuanto los jueces se han emancipado de las indicaciones partidistas. Ahora, es el turno de una Fiscalía maltratada injustamente por su máximo responsable. La segunda iniciativa de García Ortiz fue reunir ayer a la Junta de Fiscales de Sala, aunque este órgano está creado para prestar un asesoramiento colegiado al fiscal general en materias técnicas. Sin embargo, García Ortiz se ha servido de esa Junta para crearse la coartada de un respaldo institucional a su continuidad, lo cual es sólo eso, una coartada prefabricada y, además, fallida. Sólo si se logra un apoyo prácticamente unánime merece la pena arriesgar con una convocatoria así, pero lo único que consiguió García Ortiz es que quedara patente la división interna de la Junta de Fiscales de Sala. Obviamente recibió el refuerzo explícito de aquellos que le deben su puesto en esa mesa, incluso acompañando ese apoyo con temerarias críticas a la decisión del Tribunal Supremo. Provocar la fractura de la cúpula de la Fiscalía es una victoria pírrica, en caso de que pudiera interpretarse como una victoria, porque, en la práctica, fueron muchos menos los que le apoyaron que aquellos que, de palabra o con su silencio, le negaron su respaldo. El desarrollo de la investigación judicial no está escrito, pero lo que sí queda ya consolidada es la huella tóxica del sanchismo en el Ministerio Fiscal, por la única razón de blindar los negocios en La Moncloa frente al escrutinio de la ley.
