El ' macrojuicio' por estafa iniciado este jueves en Valladolid, el segundo más voluminoso en cuanto a 'inquilinos' de banquillo en l a historia judicial vallisoletana , ha concluido su primera jornada con el anuncio de hasta un total de 33 conformidades, de entre los 61 encausados que figuran inmersos en este proceso que data de hace nueve años y que investiga a un supuesto grupo criminal acusado de estafar a distintas entidades bancarias a través de la solicitud de créditos para la compra de coches que luego no devolvieron. En la causa figuraban inicialmente 63 acusados, de los que dos han fallecido, si bien el juicio, que tiene por escenario la Feria de Valladolid hasta el próximo día 12 de noviembre, se ha iniciado con 56 comparecientes , dado que con carácter previo otros dos de los encausados ya se encontraban en busca y captura ante la imposibilidad de localizarlos y otras tres personas más han dejado plantado también este jueves a la Audiencia Provincial, que ha acordado declarar en rebeldía a una de ellas. La maratoniana jornada inaugural, que se ha iniciado a las 11.00 horas, ha concluido a última hora de la tarde con la oficialización de la conformidad pactada entre 33 acusados , la fiscal del caso y las tres acusaciones particulares personadas--BBVA, Santander y Caixabank--, trámite que la magistrada presidenta de la sala pretendía celebrar a primera hora de la mañana pero que ha tenido que posponer para la tarde a petición de la acusación pública y algunas de las defensas, al entender dichas partes que antes era preciso exponer las cuestiones de nulidad de los defensores pues las mismas, en caso de ser estimadas por el tribunal, podrían afectar también a los encausados confesos. De este modo, la vista se ha iniciado con una primera fase para tramitar las solicitudes de prueba documental y la práctica de nueva prueba de los defensores, que han sido incorporadas al proceso, para luego continuar con otra no menos tediosa y prolija, la de cuestiones previas, en la que los representantes legales de los presuntos estafadores --figuran personados 63 letrados- -han solicitado, entre otras, la nulidad de actuaciones por «falta de legitimación activa» de las entidades bancarias personadas en la causa. Y es que buena parte de los defensores considera que dichas entidades deberían de haber aclarado al tribunal si siguen siendo titulares de los créditos concedidos en su día --el perjuicio económico fue cifrado en unos 800.000 euros --o han cedido o vendido los mismos a otras entidades, pues en este último caso serían las sociedades que han adquirido esos préstamos las verdaderas perjudicadas. Entre las nulidades esgrimidas por los defensores figuran también la relativa al registro efectuado por la policía en las oficinas de un inmueble sito en el número 26 de la calle Claudio Moyano, donde los acusados, presuntamente, falsificaban los documentos que luego presentaban en las entidades bancarias, así como la providencia del 8 de abril de 2016 que autorizó a la Brigada de Delincuencia Económica acceder a cuentas de los encausados, «vulnerando de este modo el derecho a la intimidad bancaria», tal y como anticipaba, en declaraciones recogidas por Europa Press, el mediático abogado Marcos García Montes, que era el primero en abrir el turno en la fase de cuestiones previas Pero además, otra de las defensas ha extendido la nulidad al propio auto de apertura de juicio oral, dictado el 17 de marzo de 2021, ya que el mismo, a su juicio, provocó una clara «indefensión» de todos los acusados por cuanto incluyó, sin indicio justificativo alguno, el delito de blanqueo de capitales por el que en fase de instrucción no fue interrogado ninguno de ellos. Todas y cada una de las cuestiones han sido rebatidas por las acusaciones pública y particulares--Carrefour e ING Bank no han comparecido en la causa y han sido apartadas de la acción penal--, si bien el tribunal, debido a la complejidad de la materia impugnada, ha acordado resolver todas las cuestiones en la fase de ejecución de sentencia. De forma genérica, el proceso judicial investiga a un grupo criminal, encabezado por cuatro de los acusados, que se concertó para llevar a cabo una serie de operaciones consistentes en la solicitud y obtención de préstamos de distintas entidades bancarias, a través de terceras personas, justificando la solvencia económica con documentación que no reflejaba la realidad, para, con carácter general, la compraventa de vehículos de segunda mano. Estas terceras personas, como pago por su intervención, recibían una parte del dinero y el resto se lo embolsaba el grupo integrado por los cabecillas.
