¡Marchando una causa contra el fiscal general!

La obsesión de la derecha por tumbar al Gobierno de Sánchez ha alcanzado el delirio con la decisión sin precedentes del Tribunal Supremo de abrir una causa contra el fiscal general del Estado. Para llegar a este punto, todos los que podían hacer han hecho: el Partido Popular, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el “Ilustre” Colegio de Abogados de Madrid, la Presidencia de la Comunidad de Madrid, el Consejo de Fiscales, varios medios de comunicación y, como guinda, el Supremo, concretamente su Sala Segunda, presidida por el juez Marchena, a quien el PP pretendía aupar a la presidencia del tribunal para controlar la justicia “por la puerta de atrás”. ¿Y la institucionalidad del Estado? ¿Y la calidad de democracia? Pues que se jodan. España se está hundiendo y la urgencia patriótica es echar a Sánchez.

No haré un retrato pormenorizado de esta ofensiva repugnante. Ya lo están haciendo, con mucho más conocimiento y profundidad, mis compañeros de elDiario.es. Me limitaré a hacer una síntesis. Este periódico publica en exclusiva que Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, está siendo investigado por fraude fiscal y falsedad documental en relación con un negociete de mascarillas durante la pandemia. El jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, reacciona con una campaña de intoxicación según la cual el fiscal del caso, Julián Salto Torres, ha propuesto a González Amador un acuerdo de conformidad para que el caso no llegue a los tribunales, pero el acuerdo ha sido frenado “desde arriba”. El mensaje que pretende colar Rodríguez es simple: no estamos ante un caso de corrupción sino ante un escándalo político cuyo objetivo es la destrucción de Ayuso. Para llevar a cabo su estratagema, envía a El Mundo, Libertad Digital, El Debate y Vozpópuli la copia de un correo electrónico del fiscal Salto a González Amador en que le dice que el acuerdo de conformidad es posible. En realidad, la petición del acuerdo no ha partido del fiscal, sino del defraudador, y el correo no es más que una respuesta a su petición, pero qué más da: los cuatro medios publican dócilmente que el fiscal es quien ha propuesto el pacto y, salvo El Mundo, difunden el bulo de que ha sido parado desde altas instancias. Ante las preguntas de periodistas sobre estas informaciones, y para salvaguardar el nombre de la institución, la Fiscalía difunde al día siguiente un comunicado en el que aclara que fue González Amador quien solicitó el acuerdo de conformidad.

Para qué fue eso. ¡Revelación de secretos!, ¡ataque al derecho a la defensa!, ¡golpe a la democracia!, reacciona al unísono, indignadísima, la derecha. Vaya usted y dígale a esa turba que revelación de secretos es la que ha hecho, con tergiversaciones interesadas, Miguel Ángel Rodríguez con sus medios amigos. El novio de Ayuso, convertido de repente en mártir, se querella contra el Ministerio Fiscal. Lo mismo hace el Colegio de Abogados de Madrid, súbitamente preocupado por la “conculcación del derecho a un proceso con todas sus garantías”. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TJSM) admite las querellas y, como el fiscal general está aforado, eleva el expediente al Supremo. Pero este tribunal encuentra un problemilla que por lo visto no advirtieron ni el Colegio de Abogados ni el TSJM o se hicieron los bobos: que el comunicado de la Fiscalía no revelaba ningún secreto, pues se refería a informaciones ya conocidas: las que habían divulgado los medios al dictado de Miguel Ángel Rodríguez. ¡Vaya jarro de agua fría!

¿Entonces? ¿Se archivaba el caso? ¡Ni hablar! Del mismo modo que encontró el comodín de la malversación para torpedear la ley de amnistía, la Sala Segunda descubrió que la noche previa a la publicación del comunicado de la Fiscalía, dos medios –la Ser y, después, elDiario.es– difundieron el correo electrónico en que el novio de Ayuso pedía el acuerdo de conformidad. Esa petición había llegado, 40 días antes de que este diario destapase el caso, a una cuenta de la Fiscalía a la que tienen acceso 18 funcionarios del Ministerio Público. El fiscal general pidió toda la documentación la noche en que se publicaron los bulos para defender a la institución de las insidias lanzadas por el jefe de gabinete de Ayuso y sus diarios de cabecera. Pero de las 19 personas que tuvieron acceso al email –además de la defensa de González Amador y el propio Miguel Ángel Rodríguez– el que importa es el fiscal general. Aquí solo interesa la caza mayor. ¡Él pudo haber sido quien filtró el mail publlicado por la Ser y elDiario.es! ¡Una posibilidad sobre 19! ¡Marchando una causa! ¿Y qué hacemos con el gravísimo comunicado de la Fiscalía que dio pie a todo este proceso? Olvidaos. Fue útil para activar la maquinaria judicial, pero ya no vale. ¡A la papelera!

La filtración por Miguel Ángel Rodríguez del mail del fiscal Salto al novio de Ayuso no ha preocupado ni al Colegio de Abogados, ni al TJSM, ni al Supremo, pese a haber sido una revelación de secretos. El TSJM admitió una querella del Colegio de Abogados que carecía de fundamento, como dejó en evidencia el Tribunal Supremo, y aquí no ha pasado nada. El Supremo, tras detectar la chapuza, le ha dado la vuelta al caso como si fuera un calcetín, y pa’lante, como le gusta decir ahora a Ayuso. 

La opinión generalizada de los expertos es que este caso terminará en nada, al menos en el terreno judicial. Será muy difícil que el Supremo demuestre una responsabilidad directa del fiscal general en la filtración del mail. Pero el daño ya está hecho: con la desestabilización de una importante institución del Estado, con un nuevo paso en la putrefacción de la vida política y con la impresión de muchos ciudadanos de que la justicia de este país puede acabar convertida, si no lo ha hecho ya, en un muladar.