Fallece excontralor Rafael Ángel Chinchilla, padre de Laura Chinchilla
Este viernes 1.º de noviembre falleció, a sus 91 años, Rafael Ángel Chinchilla Fallas, excontralor general de la República durante 15 años (1972-1987) y padre de la expresidenta Laura Chinchilla.
En su último texto publicado por La Nación, titulado “En defensa de la Contraloría General de la República” y publicado en junio de este año, Chinchilla defendió la relevancia de la Contraloría General de la República ante los constantes embates del gobierno de Rodrigo Chaves contra el órgano fiscalizador.
“No sorprende por ello que, 75 años después de la promulgación de nuestra Carta Magna y de la creación de una de las más importantes instituciones del Estado costarricense, un gobierno que ha demostrado desprecio por los principios rectores de la Administración Pública y las normas de contratación administrativa busque debilitar y neutralizar al órgano contralor”, afirmó Chinchilla.
El excontralor aseguró que la función de la Contraloría, por definición, es “incomodar” a los gobernantes, “no con la intención de obstruir o evitar el avance de obras y proyectos necesarios para el desarrollo nacional, sino para garantizar que se ejecuten con apego a las reglas" establecidas en la Constitución Política y la legislación.
Chinchilla destacó que, durante su cargo, atendió “innumerables” casos, con el objetivo de “prevenir la corrupción y el despilfarro”, aunque admitió que en ocasiones no pudo concretar esta tarea, dado que algunos hallaban formas de evadir los controles del órgano fiscalizador.
En defensa de la Contraloría General de la República
“Prueba de ello, es que algunos de los casos más sonados de proyectos cuestionados son los que se han hecho mediante mecanismos de contratación directa a la luz de situaciones de “excepción y emergencia“, en los que se margina a la Contraloría, como el denunciado recientemente por el mismo presidente de la República, relacionado con los arreglos en la pista del aeropuerto Daniel Oduber Quirós”, señaló Chinchilla.
Concluyó su artículo proponiendo un proceso riguroso de debate, fundamentado en la jurisprudencia existente y con la participación de especialistas nacionales.