En manos de la extorsión y la trata de personas

Alicia es una trabajadora sexual que llegó al Perú víctima de una mafia de trata de personas que la trajo con engaños para explotarla. Aquí trabajó en las calles hasta que pudo pagar la “multa” de 30 mil soles que le impusieron sus captores. Para poder salirse definitivamente del poder de la organización criminal debió pagar otro monto más. Y si después quería trabajar por su cuenta, tenía que pagar un cupo diario o semanal para poder estar en las zonas que estas bandas controlaban.

En el tiempo que estuvo bajo el poder de la mafia que la trajo fue víctima de amenazas de muerte y de violencia. Y vio cosas difíciles de olvidar: como el caso de una compañera que tiempo después de llegar aquí, tuvo una pareja de la que quedó embarazada. Cuando sus explotadores lo supieron, enfurecieron, se la llevaron un día y Alicia no supo más de ella. Y ahora ella trabaja casi a escondidas, de manera independiente, para no cruzarse con ellos.

Con el tiempo llegó a una casa de acogida de la Asociación de Trabajadoras Sexuales ‘Miluska, Vida y Dignidad’, que dirige Ángela Villón. “Sabe lo sanguinarias que pueden ser estas organizaciones. Vive y trabaja con miedo”, dice Angela. La dirigente hace una distinción entre trabajadoras sexuales, quienes ejercen su trabajo por decisión propia; y las víctimas de trata con fines de explotación sexual, que son traídas con engaños desde el extranjero, obligadas a prostituirse y no tienen capacidad de decisión.

“Nosotras denunciamos la violencia que empezó a vivirse en las calles a partir del 2020. Desde entonces, todas las mujeres que trabajan en estas zonas deben pagar cupos a distintas organizaciones criminales”, explica.

Un hecho que dio cuenta de que las cosas habían cambiado en las calles fue el asesinato de dos trabajadoras sexuales de nacionalidad ecuatoriana en el jirón Zepita, en febrero de 2022. Les habían advertido que no podían trabajar allí si no pagaban un cupo y como no lo hicieron, sicarios de una banda criminal venezolana las asesinaron a tiros. Desde hace unos años quien no paga el cupo puede morir.

“Esos asesinatos ocurrieron en el centro de Lima, a unas cuadras de la Comisaría de Alfonso Ugarte y del ministerio de la Mujer. Fue cuando el tema del cobro de cupos y de estas mafias se hizo más notorio”, dice Villón.

Marchar para vivir

Hace dos semanas hubo una multitudinaria marcha en Lima en donde distintos gremios protestaron contra la extorsión y el sicariato. Allí estuvieron también las trabajadoras sexuales organizadas en la Asociación ‘Miluska Vida y Dignidad’ y en la Asociación de Trabajadoras Sexuales ‘Rosas Mujeres de Lucha’, con carteles donde estaban los rostros de compañeras asesinadas por cobro de cupos.

“Hoy las mafias extranjeras o peruanas no tienen respeto por la vida. En febrero del año pasado, el mismo día y con unas horas de diferencia asesinaron en dos lugares a Priscila y Rubi, chicas trans, por no pagar el monto que les pedían. Hay trabajadoras sexuales que han trabajado años en una calle sin pagar a nadie y ahora tienen que hacerlo bajo amenaza de muerte”, cuenta Ángela. No hay un registro oficial de víctimas, pero Villón señala que entre mujeres asesinadas y desaparecidas serían unas 70 desde el año pasado.

Las trabajadoras sexuales trans también son víctimas de extorsión y muerte allí donde intenten trabajar. “Alejandra” laboraba por su cuenta en una calle cercana a la avenida Angélica Gamarra desde hace años, hasta que un día llegaron dos sujetos en moto, le pusieron un revolver en la cabeza y le dijeron que si a partir de entonces no pagaba la iban a matar. Quiso denunciar ante la policía, pero ahí le pedían identificarse con nombre y apellido para poder registrar la denuncia. Desistió: si quienes la amenazaban descubrían que había denunciado la matarían de todas maneras.

“Ha dejado de trabajar en las calles y su situación es precaria”, dice Ángela.

Ahora estas mafias ya crecieron. Hay quienes se dedican al sicariato, hay quienes se encargan de cobrar el cupo y hay los que controlan a las chicas que van a los distintos lugares a trabajar. En Lince, le cobran 500 soles a la semana a todas las mujeres. En otras zonas, como el Cercado, Santa Anita, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, o Ceres, en Ate, deben pagar 50 soles diarios o 300 soles a la semana. Algo que se menciona poco es que cuando una víctima de trata termina de pagar la “multa” que la mafia le puso, debe traer a otra persona para que ocupe su lugar y la dejen irse. Eso asegura la continuidad de la explotación. 

Trata: delito impune

Cada año se registran alrededor de 5,400 casos de trata de personas, según cifras del Ministerio Público. De ellas el 60% son personas alejadas de su lugar de origen con fines de explotación sexual, lo que concluye que unas 3,200 personas son víctimas de este delito cada año. En el caso del Perú, las mafias traen a mujeres de Venezuela, Ecuador y Colombia. Y a nivel local, este delito se da principalmente en ciudades de la Amazonía.

“El nuevo escenario de la trata de personas implica el crimen organizado, extorsiones, secuestros, desapariciones. Es una de las peores formas de practica criminal. En Lima es donde se generan más denuncias de trata, seguida de Loreto, Arequipa, Madre de Dios y Huánuco. Esta práctica delictiva, que cosifica a las personas, tiene rostro de mujer: el 85.6% de las víctimas de este delito son mujeres”, explica Mercedes Arce, directora de Programas y proyectos de CHS Alternativo.

En este nuevo escenario de la trata de personas el 15% de responsables de este delito son personas conocidas y el resto son personas desconocidas que captan, seducen y engañan a las futuras víctimas con promesas de trabajo y en otros casos se las llevan con amenazas o las secuestran. Usualmente quienes denuncian son los familiares. Al respecto, Angela Villón cuenta que ha sabido de parientes de chicas que llegaron al Perú y están desaparecidas hace más de un año, por lo que tienen pocas esperanzas de encontrarlas con vida.

Incluso se ha dado el caso de mujeres asesinadas y halladas como NN que luego de un tiempo pudieron ser identificadas por una joya que llevaban (una cadena, un anillo) o quizá por un tatuaje o una cicatriz.

“Hay también una situación de impunidad respecto este delito. De cien acusados solo cuatro obtienen una pena real, una sentencia.  Y hay una situación social, debido a la alta vulnerabilidad en la cual viven las personas, en la que el ofrecimiento de trabajo muchas veces es tentador sobre todo con la población migrante.  Y así entran en estas redes donde te extorsionan si tienes hijos o no te dejan salir si no traes a otras amigas”, comenta Arce.

Para la experta, el gobierno debería incrementar el presupuesto asignado para el combate contra la trata de personas que en la actualidad es de 4 millones de soles al año.  “Se debe abordar esta situación de explotación humana en el país. El Ministerio Público necesita de mayor presupuesto. Y la policía no tiene efectivos suficientes para combatir este delito, por ejemplo, en Madre de Dios”, agrega.

Ángela Villón de ‘Miluska, Vida y Dignidad’ señala, por su parte, que se debe reconocer el trabajo sexual oficialmente y se respalde a las organizaciones que acogen a las trabajadoras sexuales organizadas. En esta coyuntura tienen miedo, incluso contactarlas para que cuenten sus historias es complicado. Desconfían y tienen sus razones. “No vemos resultados de la policía y de otras autoridades contra el crimen organizado. Nadie los ve”, dice.