¿Qué pasa con la Ley contra Incendios?: la deuda pendiente de cara a una nueva temporada estival

Complejo de lograr se avizora el objetivo que se impuso el mundo político tras los mega incendios que afectaron a la Quinta Región: despachar la Ley contra Incendios antes de la siguiente temporada estival. La norma fue aprobada en general en el Senado y se mantiene en su segundo trámite constitucional en la comisión de Agricultura a la espera de indicaciones que, en una primera instancia, tenían el 28 de octubre como plazo final. No obstante, el Ejecutivo solicitó dos semanas más.

La norma que regula la prevención de incendios forestales busca establecer nuevos instrumentos (las zonas de interfaz urbano rural y las zonas de amortiguación) y fortalecer los existentes en materia de gestión forestal. Esto, para reducir el riesgo asociado a la ocurrencia de incendios forestales y rurales en el territorio nacional.

Para el senador y presidente de la Comisión de Agricultura, Rafael Prohens (RN), “este proyecto lo vamos a empezar a ver en particular a partir de la segunda o tercera semana del mes de noviembre. Antes lo veo muy difícil por las solicitudes que nos ha hecho el Ejecutivo”. Eso sí, asegura que desde la comisión está la plena disposición de sesionar hasta dos veces por semana para lograr su despacho.

La petición del Gobierno se basó en sugerencias de la mesa técnica que sesiona paralelo a la comisión. En ella, se encuentran asesores parlamentarios, organizaciones comunitarias, Senapred y académicos como Andrés Weintraub de nuestra Casa de Estudios.

“Para nosotros es prioritaria esta ley, también la de suelo, apuramos Sernafor que ya venía de años, finalmente le dimos un empujón, la sacamos y ya no es responsable Agricultura que Sernafor no esté aprobaba en la Sala porque está en la Comisión de Hacienda. El ministro (Valenzuela) tendrá que hablar con el ministro de la Secretaría General de Gobierno para que le ponga la urgencia necesaria y poderse aprobar, pero en Agricultura no existe ningún impedimento para avanzar en esta ley”, afirmó Prohens.

Prohens remarcó que esta ley solo se remite al ámbito preventivo: “Lo que no tenemos abordado en esta ley es el combate, es decir, el cómo vamos a enfrentar los incendios entre el sector público y el sector privado que es el que mayoritariamente aporta cuando esto sucede. Eso hoy día se puede salvaguardar porque Conaf tiene la tuición de poder hacer los convenios con los privados para sacar esto adelante, pero lo lógico es que en esta ley se hablara algo de esto para después poder hacer unos proyectos de ley complementarios para que pueda quedar fijo la forma de proceder”. Lo último, considerando que se espera que Conaf pase a ser el Servicio Nacional Forestal (Sernafor), proyecto que está en la Comisión de Hacienda.

En tanto, el senador José Miguel Durana (UDI), afirmó que dentro de la instancia existe la mejor voluntad y explicó que “este es un proyecto que está basado fundamentalmente en instrumentos de planificación territorial. Primero, las zonas de interfaz urbano-rural donde se incluyen los planos reguladores de cada comuna y las zonas de amortiguación que son las propuestas por la Conaf que no requieren mayor trámite y, por lo tanto, nosotros lo que esperamos es que el Poder Ejecutivo sea un colegislador colaborativo y no tenga un sesgo en contra de la actividad forestal y finalmente no sólo sean indicaciones de legisladores”.

Sobre si ve un ánimo poco colaborativo por parte del Gobierno, Durana respondió que “muchas veces vemos un sesgo en contra de la actividad forestal como que finalmente fuera la actividad forestal la culpable de que se provoquen los incendios forestales. Entonces, cuando nosotros hablamos de un proyecto de incendios forestales es efectivamente donde está la industria forestal, la industria de la celulosa, pero en los alrededores de esa industria también se ha incorporado las zonas rurales que han crecido inorgánicamente, entonces cuando queremos legislar, nosotros tenemos que ponernos en todos los casos y en todas las situaciones sin un sesgo hacia un sector u otro sector, porque, por ejemplo, los incendios en la Quinta Región no fueron culpa de la actividad forestal. Eso son predios, zonas agrícolas que también se incendiaron, bosques de pino”.

En relación a los principales nudos de la normativa, el legislador apuntó a “los mecanismos de carácter expropiatorio, de tal manera que hay que evaluar bien qué significa este proceso expropietario frente a los cuidados que tienen que existir para poder prevenir incendios. Este es un punto en que hay reserva de constitucionalidad con respecto a cómo vamos a enfrentar una decisión de estas características”.

“Por otro lado, nosotros entendemos que una ley integral de incendios forestales tiene que construirse sobre las bases de los pilares de prevención, combate, fiscalización, sanciones y recuperación, pero creemos que este proyecto hoy día sólo está centrado en la prevención basada en instrumentos de planificación territorial. Lo cual los expertos nos han dicho que es insuficiente si no se complementan con otras medidas porque qué va a pasar si cuando ya se hacen las medidas de prevención e igual el incendio forestal arrasa con una cantidad de hectáreas importantes. También necesitamos generar condiciones que permitan compensar, evaluar la superficie involucrada, volver a buscar un destino a esos territorios y con un subsidio o con instancias que permitan también ayudar con capacidad económica a los propietarios”, indicó.

“Si el día de mañana solo nos vamos a focalizar la prevención y después ¿Qué hacemos con el terreno? Va a ser un terreno expuesto para futuras tomas, para campamentos. Entonces, si vamos a construir una ley integral de incendios forestales y rurales, nosotros al menos queremos que incluyan todas las etapas en que claramente está la prevención, pero también tiene que estar la recuperación y la vuelta a la normalidad en cada uno de estos sectores”, zanjó.

“Una cosa es que la ley se despache y otra es que se empiece a ejecutar”

La directora ejecutiva del Programa de reducción de riesgos y desastres CITRID y académica de la facultad de derecho de nuestra Casa de Estudios, Daniela Ejsmentewicz, indicó que la legislación debe ser concreta en torno a lugares donde se establecerán los cortafuegos, quiénes serán los encargados de realizarlos y quiénes financiarán la acción. En esa línea, planteó dudas respecto a que la norma sea despachada antes de fin de año.

“Una cosa es que la ley se despache y otra cosa es que se empiece a ejecutar, pero lo interesante sería justamente que se consideren en el ordenamiento territorial cuáles son estos espacios en la práctica porque es importante ser súper concreto. Lo importante es definir cuáles son los lugares que justamente se tienen que limpiar y cuáles son los lugares libres de maleza para que justamente el fuego no pase, quién tiene que hacer eso y quién va a financiar eso. Eso es lo que la ley tiene que responder de manera súper concreta y yo dudo que todas esas preguntas estén apropiadamente respondidas para la época estival”, planteó.

En torno al contenido del proyecto, Ejsmentewicz sostuvo que “tenga un enfoque preventivo me hace sentido y creo que hacía falta porque las temáticas de ordenamiento territorial son uno de los factores subyacentes de riesgo de desastre en Chile y la nueva ley 21.364 mandata gestionar los factores subyacentes a través de una gestión prospectiva que en el fondo es justamente una gestión correctiva, como evitar que se creen nuevos riesgos y en el caso de ya existir riesgos que esto se logren disminuir de la mejor manera posible y el trabajo en las zonas de interfaz es necesario, hay que establecer ciertas obligatoriedades”.

“Por lo que yo entiendo, la discusión del proyecto no va tanto sobre la necesidad o no necesidad de tener ese trabajo que al parecer hay consenso de que tiene que estar, sino en cómo se financia que ese es un tema permanente que ha existido en toda regulación de gestión del riesgo de desastres”, indicó.

En esa línea, señaló que “hay que entender que las amenazas que existen en un territorio son muchas y que siguiendo los lineamientos de la 21.034 todos los riesgos de desastres tiene que tener una etapa de reducción de riesgo, de preparación, de respuesta y luego de recuperación, y en ese sentido normas de respuesta hay, pero también la respuesta depende mucho del trabajo de bomberos y el trabajo de brigadistas y hay que tener presente que la ley de la nueva Conaf todavía también está en tramitación y eso también va a ser muy importante para ver qué medidas de gestión misma de la emergencia se van a tener, y también, quién va a implementar los lineamientos de esta ley porque alguien tiene que fiscalizar que efectivamente se mantenga las zonas de cortafuego, que se limpie la maleza, que se mantengan según los lineamientos de las zonas de interfaz”.

Por último, la académica respaldó que “hay mucha investigación respecto a los incendios en Chile, no estoy diciendo que se haya investigado todo, pero de que hay conocimiento para saber lo que hay que hacer, hay, pero a mi juicio falta un poco de voluntad política“.