Suprema Corte discutirá reforma al Poder Judicial: ¿Qué se va y qué se queda si se aprueba el proyecto?
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá decidir el martes 5 de noviembre la validez de la reforma al Poder Judicial.
El ministro Juan Luis González Alcántara, quien fue el encargado de analizar el asunto y presentar un proyecto, mismo que servirá como la base para la discusión, propuso a sus compañeros descartar gran parte de los cambios hechos por Morena y aliados.
Sin embargo, el juzgador también planteó mantener algunas partes de las leyes aprobadas y promulgadas en septiembre pasado. También hay que apuntar que para que se mantenga la propuesta del ministro, son necesarios ocho de los 11 votos del pleno de la Corte.
¿Qué aspectos eliminaría la Suprema Corte de la reforma al Poder Judicial?
Dentro de los puntos que el juzgador propuso invalidar, se encuentra el de la elección popular de jueces de Distrito y magistrados de Circuito. Este ha sido uno de los puntos más criticados por expertos, juzgadores y hasta por organizaciones internacionales que han señalado que con esto se politiza la justicia.
Según se explica, al obligar a los jueces y magistrados a buscar el voto, se abre la puerta a que los impartidores de justicia se preocupen más por su popularidad, o incluso por cumplir compromisos de campaña, que por justificar su decisión con base en lo que dice la ley.
En este punto también se ha reclamado que se pondría fin a la carrera judicial, misma que obliga a los juzgadores a nivel federal a presentar exámenes y defender sus proyectos de sentencia ante paneles de evaluadores para acceder al cargo.
Entre los puntos que Gonzalez Alcántara también planteó invalidar se encuentra la reducción de remuneraciones para los actuales jueces y magistrados. Sin embargo, el ministro validó que estas medidas de austeridad sean aplicadas para quienes entren en un futuro al Poder Judicial.
En el caso de que los ministros aprueben el proyecto, también se verían limitadas las facultades del Tribunal de Disciplina Judicial, específicamente en cuanto al carácter inacatable de sus resoluciones.
Actualmente, la reforma judicial al Poder Judicial plantea la creación de este nuevo tribunal que revisará las quejas en contra de las decisiones de los jueces, magistrados e incluso ministros. También establece que sus decisiones serán finales, algo que González Alcántara Carrancá propone descartar.
Otro de los puntos que se irían en caso de que se apruebe la propuesta es el de los llamados “jueces sin rostro”. Este punto fue incluido en la reforma para que los juzgadores que analizan casos relacionados al crimen organizado estén protegidos, ya que no se conocería su identidad.
Sin embargo, en el pasado se ha mencionado que estos son violatorios de los derechos humanos, ya que no permiten a los enjuiciados valorar la idoneidad y competencia de los jueces que analizan su caso, lo que vulnera el derecho a un juicio justo, ante un tribunal independiente e imparcial.
Sobre esto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha dicho que “los juicios ante ‘jueces sin rostro’ o de identidad reservada infringen el artículo 8.1 de la Convención Americana, pues impiden a los procesados conocer la identidad de los juzgadores, y por ende valorar su idoneidad y la competencia”.
¿Qué aspectos de la reforma al Poder Judicial no se moverían por la Suprema Corte?
Entre los puntos que González Alcántara Carrancá planteó que se pueden quedar de la reforma está la elección popular de ministros de la SCJN.
Aquí el ministro también planteó validar la elección de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y de los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial.
En su justificación, Gonzalez Alcántara Carrancá planteó que, si bien el Alto Tribunal no está impedido para analizar normas que afecten al Poder Judicial en general, o a la Corte, en particular, el juzgador consideró que esto sólo afectaría más la situación actual.
“En el ánimo de no ahondar en la crisis constitucional que existe y de reanudar la normalidad institucional, se propone no analizar el régimen que afecta exclusivamente al Alto Tribunal, como ejercicio de autocontención”, propuso.
Entre los puntos que se mantienen también se encuentra la desaparición de los fideicomisos de los trabajadores del Poder Judicial.