Al PP le estalla otro escándalo de corrupción mientras se conocen nuevos detalles del ‘caso Rato’

Arístegui y Gómez de la Serna, bajo la marca Voltar Lassen, registrada por ambos en la Oficina Española de Patentes y Marcas, han ejercido como conseguidores de contratos públicos para una veintena de empresas españolas en diversos países. Para ello se valían de agentes expatriados que conocen el terreno y que utilizaban sus influencias y contactos para conseguir esos grandes contratos a cambio de comisiones.

Además de embolsarse millonarias comisiones, ambos sobornaron a funcionarios argelinos con pagos a través de sus familiares, según dos correos electrónicos de su ‘conseguidor’ en Argelia que están en poder de la Fiscalía Anticorrupción y que publica este jueves El Mundo. El agente que trabajaba para la firma Voltar Lassen ha reconocido que adelantó dinero para cerrar la adjudicación a Elecnor de una planta de tratamiento de aguas por la que Arísegui y De la Serna cobraron una comisión de 2,5 millones de euros.

Los emails desvelados este jueves no les dejan, sin embargo, en muy buena posición. Cristóbal Tomé, su hombre de confianza en Argelia, les reclamó el dinero que tuvo que adelantar para sobornar presuntamente a trabajadores de ADE (Algérienne des Eaux), la empresa pública que adjudicaba la desaladora de Souk Tleta. “Cuando quieras y con mucho gusto te enseño los justificantes de envío de dinero, la mayor parte por Western Union a Francia y destinado a familiares de los directivos de la empresa estatal”, reconoce Tomé en uno de los correos a sus jefes.

“Como comprenderás te los puedo enseñar pero no darte copias que puedan perjudicar a dichas personas”, añade en este primer correo, que envío por error en 2012 al excolaborador que ahora ha denunciado los hechos ante la Fiscalía Anticorrupción y al que Gómez de la Serna ha acusado de “extorsión”.

En el otro correo, que también llegó en copia a este excolaborador, Tomé insiste en que debe abonar unas cantidades y habla de su “desprestigio” en caso de no hacerlo. “Como te he comentado por SMS, tengo al sobrino del DG -presuntamente ‘Director General’- en París para el problema médico que tenía y me pide que le envíe dinero”, escribe a un directivo de la empresa española Elecnor.

“Si hubiera tenido los diez mil euros ya se los habría mandado, pero en estos momentos no dispongo de dinero para mandárselo y este hombre está en una situación delicada, esto puede comprometer nuestras futuras relaciones con su tío”, prosigue.

Cristóbal Tomé ha reconocido que cerrar un negocio en un país como Argelia es “complicado” y que había que “engrasar un poco”, aunque asegura que no recuerda haber enviado los citados correos electrónicos. Desvela además que el extrabajador de la firma que ha denunciado el caso le propuso hacer un trato para extorsionar a los dos políticos del PP, versión que coincide con la de Gómez de la Serna.

Elecnor construyó la planta de canalización de agua de Souk Tleta por 250 millones de euros, un negocio por el que Voltar Lassen se llevaba el 1% o, lo que es lo mismo, 2,5 millones de euros.

Ambos defienden que sus actividades eran legales

Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui aseguran que su actividad fue en todo momento “legal y ética” y que obtuvieron el permiso del Congreso cuando eran diputados (Arístegui lo fue en las tres legislaturas anteriores a esta que termina), aunque de la explicación general de sus actividades a la realidad hay un abismo. Por ejemplo, De la Serna asegura, en su declaración de bienes, tener un salario como administrador de Scardovi de 67.409,13 euros anuales y otro como abogado de 47.134, pero al ver las cuentas de Scardovi en su primer año de vida se puede observar que su empresa ganó 137.817 euros tras pagar impuestos y el salario de sus empleados.

“El Congreso me autorizó asesoría jurídica e incluí en la declaración de actividades el objeto social de Karistia, que incluye la apertura de mercados internacionales”, aseguró Arístegui a El Mundo. Cuando creó su sociedad, era portavoz del PP en la Comisión de Exteriores del Congreso.

Él justifica que su actividad era sobre todo de asesoramiento: “Intentamos hacer aperturas de mercado en algunos países, no tantos como parece. Se les asesoraba sobre usos y costumbres, es algo legal y legítimo. (…) La asesoría era una cuestión muy técnica, mucho más que la redacción de un contrato. Hay que conocer la idiosincrasia de cada país, cómo funciona su gente…”.

Tres meses antes de ser nombrado embajador en la India, cosa que sucedió en abril de 2012, Arístegui abandonó la administración de Karistia S.L. Su hijo, Borja de Arístegui, pasó a desempeñar el cargo. Se firmó un documento privado ante notario porque el nombramiento de embajador era incompatible con la actividad, según explicó el diplomático, pero no se elevó ese cambio al Registro Mercantil «porque la sociedad sufría embargos» por impagos a la Seguridad Social. El padre, por tanto, sigue constando como administrador único. Su empresa, Karistia, recibía su porcentaje de las igualas y las comisiones desde Scardovi (la firma de Gómez de la Serna), aunque cuando a Arístegui le nombraron embajador los pagos se derivaron hacia una sociedad de Borja de Arístegui, Arroyo de Lagasca.

También facturó a Scardovi una firma marroquí llamada Kamaroc. Su administradora es la suegra del propio Arístegui, que cobró a razón de 6.750 euros mensuales de la firma de Gómez de la Serna durante los años 2013 y 2014. “Mi hijo y mi suegra son dos grandes profesionales y no veo problema en que realicen labores de consultoría, informes que existen, en absoluto son humo”, alegó Arístegui al diario. Preguntado por el hecho de que su hijo continuara con las labores que él mismo dejó en Karistia S.L. al ser nombrado embajador, el político popular tampoco ve problema: “Algunas de las empresas con las que trabajábamos vieron lo capaz y formado que está, ha estudiado en algunas de las mejores universidades del mundo, y quisieron seguir contando con sus servicios”.
En ambos casos, la Cámara Baja autorizó a estos políticos a tener actividad privada, aunque sin profundizar en si era un trabajo como lobbistas o sólo “el asesoramiento fiscal a todo tipo de personas físicas o jurídicas”, como reza el objeto social de ambas empresas.

Tras las informaciones publicadas sobre las comisiones millonarias, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, ha indicado este jueves que se ha abierto un procedimiento contra Gustavo de Arístegui. Así, ha subrayado que ahora resta que Arístegui haga “las alegaciones oportunas”. “Vamos a ver qué es lo que resulta de todo esto”, ha recalcado.

Nuevos detalles del ‘caso Rato’

Por otro lado, este jueves se han conocido nuevos detalles del ‘caso Rato’. Se trata en concreto de las maniobras del expresidente de Bankia para controlar la mayor operación inmobiliaria que afrontó la entidad durante su mandato, los terrenos del actual campo del Valencia CF, y garantizarse parte de los beneficios que iba a generar el multimillonario proyecto urbanístico, según desveló este jueves El Confidencial.

Rato consiguió un vínculo directo con la recalificación de los terrenos de Mestalla y la construcción del nuevo campo del Valencia CF después de que el pasado 30 de noviembre de 2011, la promotora Ciuvasa adquiere un 35% de las acciones de Explotaciones Bolgachina SL.

Da la casualidad de que la sociedad Explotaciones Bolgachina SL habría sido creada en secreto por el propio Rato en junio de2011, tan solo un mes antes de que Bankia debutara en Bolsa, según El Confidencial. Para no levantar sospechas y para que andie le relacionara con esta sociedad puso al frente a su testaferro, Miguel Ángel Montero Quevedo, detenido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el pasado octubre. Además, para tutelar a esta sociedad el expresidente del FMI usó otra firma que controlaba de manera velada, Aurosur SL.

Por otro lado, Ciuvasa estaba vinculada a través de Jardines Ribera del Tajo SL con la promotora valenciana Aedifica Grupo, la empresa elegida por Bankia para ejecutar las obras del actual Mestalla y terminar el estadio.

De esta forma a través del acuerdo entre Explotaciones Bolgachina SL y Ciuvasa, Rato se hacía con el control del ‘pelotazo’ de Mestalla y participaba en el reparto de beneficios de la operación. A las dos semanas de la firma del acuerdo, el consejo de administración de Bankia dio luz verde a la constitución de Newcoval, la sociedad encargada de las obras del actual campo del Valencia CF.

Aunque el ‘pelotazo’ fue muy beneficioso para las cuentas personales de Rato, no lo fue tanto para Bankia, ya que la entidad canceló los 240 millones de euros de deuda que había contraído el Valencia con el banco a cambio de quedarse con el suelo de Mestalla y se habilitó una nueva línea de crédito para el club de hasta 170 millones de euros. Tras la dimisión de Rato en mayo de 2012, el nuevo equipo directivo detuvo la operación Mestalla apoyándose en un informe de KPMG que detectó un posible conflicto de intereses.

Los delitos del ‘caso Rato’ se cometieron en España

Por otro lado, en un auto difundido este jueves, el Tribunal Supremo (TS) fundamenta su decisión de mantener en el juzgado número 31 de Madrid la instrucción sobre el origen del patrimonio de Rodrigo Rato, en que los delitos investigados no fueron cometidos en el extranjero aunque exista un "flujo de capitales" entre distintas sociedades.
La sala de lo penal del TS explica que "el delito de blanqueo de capitales objeto de investigación en estas actuaciones no ha sido cometido en el extranjero o al menos no lo ha sido exclusivamente", por lo que la competencia para su instrucción no corresponde a la Audiencia Nacional.

Por tanto, los delitos investigados "tienen como origen o destino España", aunque admiten "la existencia de un flujo de capitales -presuntamente de origen ilícito- entre distintas sociedades", como Kradonara 2001, propiedad de Vivaway, "con sede en Gibraltar", o Bagerpleta GmbH, la firma alemana que explotaba un hotel en Berlín.

Por este motivo, el TS secunda lo expresado por el Ministerio Fiscal y considera que "nada impide al Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid investigar las presuntas transferencias realizadas desde el extranjero o con destino a él, pues la actividad delictiva de la que provienen los capitales se realizó en territorio español".

Además, la sala recuerda que la "naturaleza y complejidad" de la investigación suponen que el juzgado número 31 se encuentre "desde un punto de vista funcional y práctico" en mejor posición para continuar la investigación, con motivo de no "ralentizar o entorpecer" la causa.

El titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, investiga desde hace meses el origen de la fortuna de Rato, imputado por blanqueo de capitales, delito fiscal y corrupción entre particulares, con especial atención a los movimientos llevados a cabo por Kradonara 2001, epicentro del entramado societario del exministro.

Esta sociedad recibió 6,5 millones procedentes del extranjero cuyo origen Hacienda desconoce, de los que algo más de 3 millones lo obtuvo a través de Vivaway, una firma administrada desde el paraíso fiscal de la Isla de Guernsey.

A su vez, Vivaway recibió 2,5 millones entre 2013 y 2014 de la sociedad panameña Wescastle Corporation, con domicilio en Ginebra, reconocida por Rato en su declaración de bienes en el extranjero, y algo más de 850.000 euros en 2012 y 2013 de la sociedad Red Rose, cuyo domicilio al parecer está en Bahamas.

Con todo este dinero, Kradonara mantuvo la mercantil alemana Bagerpleta GmbH, cuya única actividad es explotar un hotel en Berlín, en el que el ex director gerente del FMI posee un 50 %.

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