Congreso: estos son los proyectos que impulsa el Legislativo para someter el sistema de justicia
Siete bancadas del Congreso, algunas con miembros investigados, impulsan cinco proyectos de ley para aumentar su control sobre el Poder Judicial y sujetarlo a fiscalización política. Más de la mitad de estas propuestas provienen de legisladores de Perú Libre, mientras que otras tienen apoyo de Acción Popular, Renovación Popular y otras agrupaciones. Además, el Ejecutivo intenta controlar la presidencia del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, desafiando mandatos del sistema interamericano.
En este contexto, las propuestas legislativas incluyen iniciativas para reducir las atribuciones de los magistrados del Poder Judicial. Una de ellas fue presentada por Waldemar Cerrón, investigado en el caso "Los Dinámicos del Centro" y hermano del prófugo Vladimir Cerrón. Asimismo, el congresista José María Balcázar, exjuez de Lambayeque e investigado en el caso "La Fiscal y su Cúpula de Poder".
| PROYECTO / DICTAMEN | CONGRESISTA | BANCADA | OBJETIVO |
| DICTAMEN | Wilson Soto, Isabel Cortez, María Acuña, Katy Ugarte, Waldemar Cerrón | Acción Popular, Bloque Democrático, APP, Bloque Magisterial, Perú Libre | Proponen penas de 10 a 15 años de cárcel para jueces cuyos fallos de prisión sean luego revocados. |
| PROYECTO DE LEY | José María Balcázar | Perú Libre | La propuesta busca garantizar que los congresistas no puedan ser investigados, procesados o detenidos sin autorización del Congreso o la Comisión Permanente, excepto en casos de flagrancia, reforzando así la autonomía y estabilidad del Poder Legislativo |
| PROYECTO DE LEY | Waldemar Cerrón | Perú Libre | Crear una Comisión de Fiscalización de la función de jueces y fiscales en el Congreso |
| DICTAMEN | Alejandro Muñante, Adriana Tudela | Renovación Popular, Avanza País | Establece que jueces o fiscales que, incumpliendo sus deberes, ordenen la libertad de personas detenidas en flagrancia por la Policía Nacional o por arresto ciudadano en delitos con penas superiores a cinco años reciban una condena de 8 a 12 años de prisión. |
| PROYECTO DE LEY | Américo Gonza | Perú Libre | Los jueces supremos que hayan ocupado el cargo de presidente de la Corte Suprema concluirán sus funciones como jueces supremos tras la promulgación de esta ley. La Junta Nacional de Justicia será la encargada de seleccionar a los jueces que ocuparán las plazas vacantes dejadas por estos presidentes salientes |
Este año, varios legisladores han presentado iniciativas que buscan reforzar la responsabilidad y control en el sistema judicial. Entre ellos, Wilson Soto, Isabel Cortez, María Acuña, Katy Ugarte y Waldemar Cerrón sugirieron penas de 10 a 15 años de cárcel para jueces cuyos fallos de prisión sean luego revocados, como medida para garantizar la rigurosidad en sus decisiones. Asimismo, José María Balcázar introdujo una propuesta para asegurar que los congresistas no sean investigados, procesados ni detenidos sin la autorización del Congreso o la Comisión Permanente, salvo en casos de flagrancia, con el objetivo de fortalecer la autonomía legislativa.
Por otra parte, Waldemar Cerrón presentó un proyecto para crear una Comisión de Fiscalización en el Congreso destinada a supervisar la labor de jueces y fiscales, lo cual está siendo evaluado por la Comisión de Constitución. Alejandro Muñante y Adriana Tudela, por su parte, propusieron penas de 8 a 12 años de cárcel para magistrados que liberen a detenidos en flagrancia por delitos graves. Finalmente, Américo Gonza planteó que los jueces supremos que hayan presidido la Corte Suprema concluyan sus funciones tras la promulgación de esta ley, permitiendo que la Junta Nacional de Justicia seleccione a sus reemplazos.
Jueces y fiscales se enfrentan al Congreso en defensa de la Constitución y la legalidad
Las reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal impulsado por el Congreso y el Ejecutivo de Dina Boluarte generan preocupación en el sistema de justicia por su impacto negativo en la separación de poderes y la independencia judicial en el país. Jueces y fiscales en Lima y provincias han alertado a la opinión pública sobre cómo estas leyes afectan la autonomía judicial y ponen en riesgo la lucha contra el crimen organizado. La Junta de Fiscales Provinciales de Lima Centro expresó, a través de las redes del Ministerio Público, su oposición a la Ley N.º 32,130, que transfiere la investigación del delito a la PNP y otorga mayores garantías procesales a los investigados.
La Junta de Fiscales Provinciales de Lima Centro, se reunió en Junta Extraordinaria en la fecha (10 de octubre de 2024), con la finalidad de analizar la aplicación de la Ley N° 32130 (...), luego del debate se acordó mantener las atribuciones contenidas en el artículo 159 inciso 4° de la Constitución Política del Estado; asimismo se dicten las instrucciones que correspondan para fortalecer el trabajo fiscal", manifestaron en un comunicado firmado por la presidenta de la Junta de Fiscales Provinciales de Lima Centro, Katharine Borrero Soto.
La Fiscalía elabora un instructivo para asegurar el cumplimiento de la Ley y la Constitución
Los fiscales provinciales de Lima no fueron los únicos en exigir la intervención del fiscal de la Nación. En varios distritos judiciales, fiscales se reúnen para discutir acciones frente a la Ley 32130 y el manejo de las investigaciones penales asignadas por la Constitución. El viernes por la tarde, la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Cajamarca comunicó, a través de redes sociales, sobre una reunión de coordinación con el fiscal de la Nación y presidentes de las Juntas de Fiscales Superiores del país para evaluar la reciente reforma aprobada por el Congreso y promulgada el 10 de octubre.