CJF podría desparecer, pero ya solicitó presupuesto para 2025
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF), órgano que administra a los jueces y magistrados federales del país, solicitó 75 mil 142 millones de pesos de presupuesto para 2025.
Así se advierte en un escrito enviado el 5 de noviembre pasado al Ejecutivo Federal, el cual se integrará al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año.
La reciente aprobada reforma judicial prevé la desaparición del CJF que sería sustituido por dos entes, uno que se encargaría de administrar al Poder Judicial; y otro que busca garantizar el buen actuar de las personas juzgadoras.
No se sabe cómo podría impactar dicha reforma en el presupuesto solicitado por el actual CJF que es presidido por Norma Lucía Piña Hernández, también presidenta de la Suprema Corte.
El CJF dijo este miércoles en un comunicado que el presupuesto solicitado representa un incremento de 4.9 por ciento, en términos reales (considerando la inflación estimada por la Secretaría de Hacienda para el cierre de 2024), respecto de lo que la Cámara de Diputados autorizó para 2024.
“Este monto es 12.8 por ciento inferior, en términos reales, al que le fue autorizado al Consejo hace siete años (para el ejercicio fiscal 2018)”, justificó.
Recordó que en 2024 la Cámara de Diputados realizó el recorte más grande de, por lo menos, los últimos diez años, a los recursos solicitados por el CJF, equivalente a 5 mil 876 millones de pesos equivalente 7.9 por ciento de lo solicitado.
Agregó que, a pesar de ello, “una política de racionalidad, austeridad y contención del gasto”, permitió al CJF hacer frente a la creciente demanda de justicia federal. “En los últimos cinco años, el CJF ha ejercido, en promedio, el 99 por ciento de los presupuestos que le ha aprobado la Cámara de Diputados”, indicó.
Así repartirá el presupuesto el CJF
Explicó que 8 de cada 10 pesos solicitados para 2025 se destinarán al rubro de servicios personales, que incluye salarios y prestaciones de los 50 mil 81 empleados que tiene, 87 por ciento de los cuales se desempeñan directamente en labores jurisdiccionales y de apoyo a la función jurisdiccional.
“En este mismo rubro se prevén los recursos necesarios para cubrir las remuneraciones y prestaciones previstas en las Condiciones Generales de Trabajo vigentes, para garantizar el respeto a los derechos laborales de las personas servidoras públicas del Consejo”, apuntó.
Dijo que ello está en concordancia con lo previsto en el Artículo Décimo Transitorio de la reciente reforma constitucional al Poder Judicial, que estableció el compromiso de respetar todos los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial vigentes al momento de su entrada en vigor.
“Asimismo, se consideró que existen diversas suspensiones derivadas de los juicios de amparo promovidos en contra de la reforma constitucional que, entre otras acciones, ordenan al Consejo abstenerse de realizar ajustes presupuestarios que impacten negativamente en las remuneraciones de las personas servidoras públicas, estableciendo que deberán mantenerse conforme a los montos actuales”.