¿Dónde está el Estado? Con el escudo social

¡Buenos días!

¿Cómo llevas la semana? Me gustaría empezar el boletín con buenas noticias, pero el desastre de gestión por parte de la Generalitat valenciana de la catástrofe de la DANA y la victoria de Donald Trump en las elecciones de EEUU han enfangado este mes de noviembre. 

La actuación del presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha sido errática, pésima, llena de lagunas y evidencia su confusa percepción de cómo deben funcionar los servicios públicos. Primero eliminó la Unidad Valenciana de Emergencias, cedió la política de Emergencias a Vox para luego quedársela. El día de la alerta de la DANA eligió a un experto en “festejos taurinos” como director general de Interior. Estuvo cinco horas dedicado a sus labores, borró el tuit en el que afirmaba que el temporal disminuiría de intensidad a las 18.00 horas, se mandaron los mensajes por parte de la Generalitat horas después de los avisos de alerta roja, luego se encierra con su 'politburó' que tuvo paralizado el centro de emergencias durante ocho horas y seis días después de la DANA recurre a su única alto cargo con experiencia en catástrofes. No tiene otra idea que culpar a la UME y a la Confederación Hidrográfica del retraso de la ayuda y las dos instituciones le desmienten, tanto la UME como la Confederación. Su jefe, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le desautoriza pidiendo al Gobierno que asuma la gestión de la DANA y los barones del partido también lo dejan solo en su decisión de mantenerse al mando en València. Seguramente nos olvidamos de alguna otra pifia, pero es difícil empeorar esta nefasta actuación.

En fin, puedo entender que ahora no es el momento de dimitir cuando todavía hay tanto que hacer por las víctimas mortales y con los daños de los hogares y empresas de los valencianos, pero la posición de Mazón es insostenible.

Sin embargo, es curioso que durante muchos días la pregunta que más se repetía en la prensa de derechas era: '¿Dónde está el Estado?'. Y resulta curioso porque eran los mismos periódicos que achacaban al Gobierno de Pedro Sánchez un exceso de autoridad, una invasión de competencias y un ataque contra la libertad individual cuando promulgó las medidas para luchar contra la pandemia de COVID. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Gobierno central? ¿Seguir los preceptos legales y constitucionales y esperar a que la comunidad autónoma le pida ayuda? ¿Actuar sin que se lo pidan desde la Administración autonómica y promulgar la emergencia nacional? Nada les hubiera valido porque el argumento sobrevenido era salvar al dirigente Mazón, una misión imposible por la actuación del presidente de la Generalitat valenciana.

El Gobierno tendría que haber sido más proactivo en su actuación en Valencia y otras zonas inundadas. Los ciudadanos que necesitan las ayudas de las Administraciones, que necesitan servicios públicos, no entienden de problemas competenciales ni de límites administrativos, solo quieren que sus impuestos respondan de la mejor manera posible a solucionar sus problemas. Primera lección de esta crisis, son los impuestos los que nos salvarán del desastre a través de la financiación de buenos servicios públicos.

Afortunadamente, el Gobierno de Pedro Sánchez se puso en marcha con lo que ya ha dado muestras de que actúa eficientemente. Al igual que durante la pandemia o con la crisis de inflación, el Ejecutivo ha aprobado un paquete de medidas y ayudas de 10.600 millones de euros “dirigidas a los afectados por la DANA” como “primera respuesta” con la intención de beneficiar “a 30.000 negocios y a miles de familias”. 

Se trata de ayudas directas para reconstruir viviendas, cambiar electrodomésticos o para aliviar el daño recibido por autónomos y empresas. Uno de los objetivos es que estas prestaciones (recogidas en un Real decreto-Ley) se activen “con el menor papeleo y la mayor celeridad y agilidad posible”. Aquí te explicamos cómo solicitar, desde cuándo se pueden pedir, en qué consisten y los plazos de las ayudas para los afectados por la DANA.

Son ayudas razonables, que tendrían que haberse puesto sobre la mesa antes, pero que ya están aprobadas y no tienen nada que ver con el descontrol presupuestario que planteaba Mazón, que llegó a solicitar 31.000 millones para la crisis de la DANA cuando su Administración solo se había comprometido a conceder 250 millones.  

Además, el Consorcio de Compensación de Seguros, la entidad pública dependiente del Ministerio de Economía encargada de hacer frente a los daños ocasionados por fenómenos naturales para aquellas personas que tuvieran contratada una póliza, ha comenzado este miércoles a abonar las primeras indemnizaciones a aquellas familias que hayan perdido su vehículo. El Consorcio ha recibido más de 70.000 solicitudes, 44.000 de ellas sobre automóviles, de las que se están tramitando ya en torno al 40%. El coste de las indemnizaciones ascenderá a los 3.500 millones de euros. Hay que tener paciencia y tratar de mantener los objetos dañados y realizar fotos y videos de todo para aportar al expediente de los seguros, estos son algunos de los consejos que dan otros afectados por otras catástrofes naturales para tratar con seguros y ayudas.

En la medida de lo posible hay que acelerar las ayudas públicas para los afectados de la DANA. ¿Dónde está el Estado? Donde no ha llegado la Generalitat de Carlos Mazón.

Entrepreneur

La democracia como sistema tiene sus fallos pero en Estados Unidos es una organización política absolutamente corrompida. Solo hay que ver que el dinero y sus intereses mueven realmente los resortes de las campañas electorales. Solo hay que ver cómo Elon Musk ha dedicado millones de su fortuna y la red social X (antes Twitter) para favorecer la victoria de Donald Trump. “No creo que esta carrera hubiera estado siquiera pareja si no hubiera sido por lo que Elon Musk está haciendo con Twitter, mostrándole a la gente lo que está pasando”, dijo el hijo de Trump. “Es un personaje, es un tipo especial, es un supergenio”, comentó Donald Trump. A cambio de su apoyo mediático y financiero Trump le prometió a Musk que obtendría lo que quiera de su Administración. Ahora el magnate le ha prometido un puesto en el Gobierno. Aquí te explicamos qué significa para el mundo la alianza de Donald Trump y Elon Musk en la Casa Blanca.

El dato

10.427 millones de euros

es lo que han ganado las cuatro mayores energéticas cotizadas de España (Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsol) en los nueve primeros meses de 2024. Este beneficio supera las ganancias récord de 9.037 millones que lograron hasta septiembre de 2022. Con estas ganancias y los “beneficios caídos del cielo”, señalados por la Agencia Internacional de la Energía (AIE), el PSOE negoció con el PNV y Junts eliminar el impuesto especial sobre estas compañías, cuyo carácter permanente se pactó en el acuerdo del Gobierno de coalición.  

Es curioso que eliminen este impuesto especial cuando las energéticas ganan más que nunca, pero también cuando se trata de compañías que recibieron subvenciones millonarias por parte del Estado español: en 2023 se le concedió más de 500 millones de dinero público cuando se trata de empresas energéticas con capital de Estados extranjeros. Es aún más curioso cuando España es un país sin eléctrica pública desde que se privatizó Endesa. Una eléctrica pública en nuestro país tendría todo el sentido para ayudar a que los precios energéticos no se desmadren. De hecho, el gobierno llegó a plantear la posibilidad de que una empresa pública gestionase las presas hidroeléctricas cuando caducasen sus concesiones. Por lo que sea, el Ejecutivo acabó desistiendo.

Cada vez que habla sube el pan

Modificar por ley cuestiones que son materia propia de los convenios colectivos, como la reducción de jornada, y que, de hecho, ya se están pactando de forma bilateral en los convenios, supone una intromisión en la autonomía de la negociación colectiva

Las patronales CEOE y Cepyme 

Era una crónica anunciada pero ha habido que esperar a la reunión del comité de la patronal para confirmarla. Finalmente, tanto CEOE como Cepyme dieron su 'no' “por unanimidad” a la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media a la semana. El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ya había mostrado su rechazo a la última oferta del Gobierno, que planteó ayudas directas de hasta 6.000 euros para pequeñas empresas de hostelería o comercio. Se abre un nuevo periodo. El descuelgue de las patronales va a tener un coste, como advirtió la vicepresidenta Yolanda Díaz. Trabajo no ha aclarado si retirará las ayudas planteadas, pero apuntó que la “geometría” del acuerdo es otra ya que solo están en la mesa el Gobierno, CCOO y UGT. Las prioridades de los sindicatos son la reducción de la jornada laboral, reforzar el registro horario para que sea efectivo y garantizar el derecho a la desconexión digital. Aquí tienes más información sobre el rechazo de la patronal a la reducción de la jornada laboral, que deja vía libre a un pacto entre el Gobierno y los sindicatos.

No ha sido la única desbandada empresarial de la semana. Las aseguradoras privadas no han presentado ofertas para el concierto de Muface para 2025 y 2026. Ahora se espera que el Gobierno plantee una nueva licitación para garantizar la cobertura sanitaria y social de 1,5 millones de funcionarios y sus familias. También tiene en su mano la posibilidad de prorrogar el contrato existente, lo que sería muy perjudicial para las aseguradoras Adeslas, Asisa y DKV. El Ejecutivo ya había aprobado a principios de octubre un aumento de la prima del 17%: 1.337 millones de euros para el primer año y 1.345 para el segundo, pero para estas compañías la salud es solo un negocio. En este enlace te explicamos cómo está la situación de Muface con las aseguradoras tras su desbandada en la cobertura sanitaria de los funcionarios.  

Hay extrañas conexiones en el universo neoliberal. Quizás no sean tan raras. Qué podría conectar a la Fundación Civismo, think tank que financian ultrarricos como Abelló o la dueña de Prosegur, Helena Revoredo, y cuyo presidente, Julio Pomés, ha llegado a comparar a Pedro Sánchez con el nazi Goebbels, con el ex juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, conocido por su cercanía al PP, un es magistrado que se negó a imputar a María Dolores de Cospedal en el caso Kitchen, tras los intentos de la ex secretaria general del PP de sabotear los casos de corrupción del PP, pero se empeñó en encausar sin éxito a varios políticos de Podemos o trató de imputar por terrorismo a Carles Puigdemont en plena negociación para la investidura de Sánchez. Pues eso, la ideología. En una reunión de Civismo en la sede de Torreal, la sociedad del multimillonario Juan Abelló, se decidió concederle un premio al polémico ex juez para “honrar a la Justicia como pilar fundamental de nuestra democracia” y por su “destacada carrera”. Aquí tienes más información sobre el premio que le han dado a García Castellón el  lobby de ultrarricos que fichó a Lasquetty.

El gráfico

Mientras, la situación económica en el país se mantiene sólida. Afortunadamente el empleo se sigue manteniendo fuerte pese a la atonía del resto de los grandes países europeos. La creación de puestos de trabajo en España se intensificó en octubre con un alza del número de trabajadores de 134.307 personas, el registro más alto de la serie histórica, salvo 2021, con el rebote económico postpandemia. Estamos hablando de 21.332.513 personas trabajando afiliadas de media a la Seguridad Social, el registro más elevado para un octubre. En los últimos 12 meses, el ritmo de creación de empleo acelera al 2,5%. En el último año se crearon más de medio millón de puestos de trabajo: 514.856. Aquí puedes leer más datos del resistente mercado laboral.

Bien público

“Los arrendadores entrevistados afirman haber recibido un gran número de llamadas de agencias inmobiliarias a las pocas horas de publicar su anuncio en el portal”, según el estudio del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona sobre el Impacto de las inmobiliarias en el mercado del alquiler. La Ley de Vivienda prohíbe a las agencias cargar los honorarios a los inquilinos lo que ha hecho que las agencias se lancen a tratar de gestionar las operaciones de venta o puesta en alquiler por parte de los propietarios. Esta presión se traduce en numerosas llamadas al día con la intención de convencer a los propietarios. Cuando ocurre aparece un nuevo intermediario que encarece las operaciones. Tres de cada 4 pisos que se alquilan en Barcelona están gestionados por agencias y en Madrid los contratos entre particulares han caído 15 puntos en cinco años. “La profesionalización del mercado ha empeorado las relaciones entre caseros e inquilinos”, según el estudio. Más información en este reportaje de David Noriega que explica cómo funciona la presión de las inmobiliarias para acaparar las viviendas en alquiler: “Si lo rechazas, te tratan como si fueras tonto”.

Nos gusta la competencia

En esta sección te traemos una serie de artículos de otros medios que nos han parecido interesantes:

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