La Audiencia sentará en el banquillo en 2025 a Jordi Pujol con 95 años y a sus siete hijos
El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, de 94 años, y sus siete hijos se sentarán en el banquillo de la Audiencia Nacional a partir de noviembre del próximo año por integrar supuestamente una asociación ilícita que se enriqueció "durante decenios" con actividades corruptas. La Audiencia Nacional ha señalado el comienzo del juicio -que se dirige también contra otros 16 acusados- para el 10 de noviembre del próximo año, cuando Jordi Pujol habrá cumplido ya 95 años, y prevé que la vista oral se prolongue hasta el 23 de abril.
La Sección Primera de la Sala de lo Penal juzgará a todos los acusados de delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública y falsedad documental. El tribunal estará formado por las magistrados María Riera, que presidirá la Sala, María Fernanda García, que será la encargada de redactar la sentencia, y Carolina Rius.
La Audiencia acepta la declaración en el juicio de 39 testigos, pero rechazar por ahora que testifiquen otros 50, entre ellos el comisario jubilado José Manuel Villarejo, el ex DAO Eugenio Pino y otros mandos policiales, y emplaza a las partes que propusieron sus comparecencias que justifiquen en el plazo de diez días la necesidad y utilidad de sus testimonios.
La Fiscalía Anticorrupción pide penas que suman 92 años de cárcel para la familia Pujol Ferrusola. La petición más alta es para el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, para quien solicita una condena de 29 años de prisión y a quien se impuso una fianza de 7,5 millones de euros en concepto de responsabilidad civil. Marta Ferrusola, ya fallecida, fue apartada antes del procedimiento por sufrir un proceso de Alzheimer. Para el expresident, la Fiscalía reclama una condena de nueve años de cárcel por delitos de asociación ilícita y blanqueo. Sus siete hijos se enfrentan a posibles condenas de ocho a 29 años de prisión por ambos delitos y otros tres: fraude fiscal, falsedad documental y alzamiento de bienes.
Anticorrupción pide para la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, Mercé Gironés, una condena de 17 años de prisión y solicita cinco años de cárcel y multas que suman 48 millones de euros para diez empresarios que considera cooperadores necesarios del blanqueo que imputa a la familia.
La Abogacía del Estado, sin embargo, no acusa al ex president, aunque sí a Jordi Pujol Ferrusola, para quien pide una condena de 25 años de prisión, a su ex esposa y a uno de sus hermanos, Josep Pujol Ferrusola.
Según la Fiscalía Anticorrupción, Jordi Pujol "aprovechó su posición política para tejer una red de clientelismo" a través de la cual el propio ex president y determinados empresarios afines a Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) "se repartían los cuantiosos beneficios procedentes de concursos públicos cuya resolución dependía de las diferentes administraciones catalanas bajo el control de CDC". Unos beneficios supuestamente ilícitos que se ocultaron a Hacienda y afloraron después "mediante sistemáticas operaciones de blanqueo en las que intervinieron los miembros de la familia Pujol de manera coordinada a lo largo de muchos años".
El Ministerio Público considera que Pujol acordó con Marta Ferrusola "que los fondos procedentes de la actividad ilícita" se distribuyesen en cuentas abiertas a nombre de ésta y de sus hijos» en Andorra. Y decidieron que fuera su hijo Jordi quien "gestionara los fondos y se ocupara de distribuirlos entre el resto de miembros de la familia".
En su auto de procesamiento, el juez José de la Mata apuntaba que la familia Pujol Ferrusola aprovechó "su posición privilegiada de ascendencia en la vida política/social/económica catalana durante decenios", entre 1992 y 2014, "para acumular un patrimonio desmedido, directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas".
Ese "flujo continuo de dinero hacia el patrimonio de los investigados" se produjo, apuntaba el magistrado, "sin justificación y razón económica alguna" coincidiendo en parte con en el periodo en el que Pujol ostentaba "la presidencia de la Generalitat de Cataluña", cargo que ocupó entre 1980 y 2003.
El instructor apreció indicios sólidos de que ese dinero, de origen desconocido, no provenía, como aseguró Jordi Pujol, de la herencia familiar del padre del ex president, Florenci Pujol. "A lo largo de la investigación no se ha aportado elemento alguno que permita contrastar la veracidad de esta versión, ni tampoco se ha suministrado explicación alguna razonable y contrastable", dejó claro entonces De la Mata.
Muy al contrario, el instructor situaba el origen de esos fondos "en los pagos ilícitos realizados por terceras personas, en su mayor parte vinculadas con distintas empresas, que realizaban pagos millonarios a la familia, disimulados bajo distintas estructuras societarias más o menos sofisticadas y utilizando diferentes paraísos fiscales y fórmulas contractuales". En realidad, con el objetivo de conseguir "influencias" por parte de la familia Pujol Ferrusola en "adjudicaciones, cambios de calificación urbanística, adjudicación de concesiones, etc., a lo largo y ancho del espacio geográfico catalán".