La Fiscalía de Medio Ambiente, Inspección de Urbanismo de la Junta, policías locales de la provincia y técnicos de la Diputación Provincial de Córdoba que prestan servicios de urbanismo y ordenación del territorio en los pequeños municipios han mantenido este jueves una reunión técnica de coordinación que ha sido presentada por el fiscal jefe, Fernando Sobrón. La reunión, celebrada en el Palacio de Justicia, ha sido convocada por la fiscal delegada de Medio Ambiente, María Eugenia Bautista , que ha estado acompañada del inspector provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta, Nicanor García, y de las fiscales de Medio Ambiente, María Trinidad Cerezo y Azahara Buendía. Sobrón ha señalado que esta reunión técnica responde a «la preocupación de la Fiscalía, recogida en las Memorias de los últimos años, ante la proliferación de edificaciones irregulares y el resurgimiento del fenómeno parcelario en suelo no urbanizable que se había atenuado en los años anteriores la pandemia por Covid-19 en el año 2020 así como la instalación de viviendas prefabricadas en rústicos». En la reunión se ha puesto de manifiesto la necesidad de todos los actores implicados en la ordenación del territorio para mejorar la gestión y para ello es imprescindible posibilitar el conocimiento mutuo de las funciones en esta materia de la Fiscalía de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo , y de la Inspección de Urbanismo de la Junta de Andalucía, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma y Policías locales. En este sentido, durante la reunión se ha expuesto que la Ley 7/21, de 1 de diciembre de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio en Andalucía ha reforzado las funciones de la Inspección y creado un cuerpo de subinspectores urbanísticos , de forma que la coordinación y conocimiento de sus funciones es especialmente oportuna. La finalidad de la reunión técnica de coordinación, según ha explicado la fiscal de Medio Ambiente, María Eugenia Bautista, «es conocer de primera mano la realidad del territorio y reflexionar sobre la mejor manera de cumplir nuestros deberes profesionales dando satisfacción al interés social que esta materia suscita pues, por una parte el infractor tiene escasa consciencia de la gravedad de su conducta , y frente a él, la sociedad civil demanda cada vez más una actuación decidida de los poderes públicos a fin de que el ciudadano no infractor perciba que la legalidad se aplica». Del mismo modo, Bautista ha incidido que se va a trabajar también sobre el dato de que parte del territorio se encuentra calificado como de peligro extremo de incendio o bien es inundable, lo que requiere una especial atención a fin de evitar riesgos o, reducirlos, en lo posible». «Queremos contribuir dentro de nuestras competencias - ha señalado la responsable del área de Medio Ambiente de la Fiscalía- a la erradicación de estas conductas fomentando una cultura de respeto hacia el urbanismo planificado, a la ley y a los derechos de los ciudadanos, incluidos también los de las generaciones futuras». El Tribunal Supremo recoge, según han informado en una nota desde la Fiscalía del TSJA de Granada, que «en el urbanismo se encierra, nada más y nada menos, que el equilibrio de la ciudades , de los núcleos de población en general y, como el concepto de ciudad es abstracto, también incorpora el equilibrio físico y psíquico de las personas que en ellos viven: la armonía, la convivencia, las exigencias inexcusable de la ecología, de la naturaleza y del hombre, que tiene que coexistir buscando el ser humano el equilibrio mismo del medio ambiente que le rodea y en el que vive».
