El abogado de Alberto González Amador , el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se ha opuesto al recurso presentado por la Abogacía del Estado contra la apertura de la causa donde el Tribunal Supremo (TS) investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por presunta revelación de secretos, al considerar que hay motivos suficientes para «agotar» las pesquisas. En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, González Amador responde al recurso de súplica formulado por los Servicios Jurídicos del Estado en defensa de Rodríguez, en el que no solo pedían archivar la causa sino que ponían de relieve que los primeros medios de comunicación que se hicieron eco del cruce de correos electrónicos entre la pareja de Díaz Ayuso y la Fiscalía apuntaban a que «obtienen la información de fuentes cercanas a la defensa». Frente a ello, la representación letrada de González Amador señala la «unánime necesidad de continuar y agotar la investigación de los hechos protagonizados por Pilar Rodríguez y por Álvaro García Ortiz que desde, por el momento, el 7 de marzo de 2024 'guardan una conexión inescindible que impide la incoación de causas separadas'«. En ese sentido, indica que «desde que se produjeron los hechos, hasta un total de doce magistrados (desde el Juzgado de Instrucción Número 28 de Madrid hasta el propio Tribunal Supremo), de forma unánime, han considerado en sus distintas resoluciones la necesidad de investigar los hechos objeto de querella protagonizados por Pilar Rodríguez«. El escrito hace una cronología de los hechos hasta llegar al momento en el que el contenido de esos 'emails', que reflejaba las negociaciones entre la defensa de González Amador y el fiscal del caso donde se le investiga por delitos fiscales, Julián Salto, para llegar a un acuerdo, se filtra a los medios de comunicación la noche del 13 de marzo. González Amador pone el foco en el 7 de marzo, cuando Rodríguez «se dirigió directamente a Salto para que le remitiera por correo electrónico la denuncia» formulada contra la pareja de Díaz Ayuso por el Ministerio Público por delitos fiscales. Según el el auto por el que el TS abrió causa a García Ortiz, Salto declaró que el 8 de marzo Rodríguez le informó de que el investigado en ese caso era el novio de la mandataria regional y «le pidió copia de la denuncia ya visada». A partir de ese momento, asegura el abogado de González Amador, éste «dejó de ser tratado como un ciudadano anónimo por Rodríguez y García Ortiz, pasando a tener el tratamiento asociado a ser la 'pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid', lo que ha supuesto que toda la información, documentación, datos personales y contenido reservado consecuencia del ejercicio de la función pública preprocesal atribuida al Ministerio Fiscal, haya sido objeto de revelación pública«. Subraya que, pocos días después, concretamente el 11 de marzo, «un día antes de que se produjera operación alguna de reparto judicial «, un periodista ya se puso en contacto con González Amador »conminándole a que realizara manifestaciones porque la noticia se publicaría al día siguiente«. Situados ya en esa noche del 13 de marzo, cuando apareció la primera publicación sobre el contenido parcial de esos correos electrónicos, el abogado de González Amador resalta que, tan solo «hora y media después» de que Rodríguez requiriera a Salto esos 'emails' y a su vez se los reenviara a García Ortiz, el contenido íntegro apareció en otros medios de comunicación. En cuanto al fiscal general del Estado, le acusa de intentar «paralizar las investigaciones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)«, afirmando que »el otro único interés mostrado por García Ortiz ha sido mantener su condición de superior jerárquico de María Ángeles Sánchez Conde (la teniente fiscal del TS) y a la misma como responsable a intervenir en el procedimiento que nos ocupa«. Le achaca, además, permitir que Rodríguez «mintiera» en la reunión que se celebró el 15 de marzo con la entonces presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, y el decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, a fin de «tratar de alcanzar algún tipo de declaración institucional común sobre la neutralidad de la conducta por ellos protagonizada«, algo que rechazaron. Y ello, expone el escrito de González Amador, porque en ese encuentro Rodríguez «sí admitió que ella, en nombre la Fiscalía Provincial de Madrid, era la autora y responsable de la nota de prensa«, »pese a ahora decir que no lo es«, algo que hizo »'por lealtad institucional', ya que, de saberse en ese momento todo lo por ella declarado judicialmente (...), el efecto para la imagen de la Fiscalía podría ser devastador«. La pareja de Díaz Ayuso añade que García Ortiz «permaneció oculto y no comunicó su vinculación material con los hechos desde el 7.03.2024 hasta el 11.06.2024«, no haciéndolo hasta que el TSJM acordó citar a la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Adriana Lastra. Con todo, aprecia una «absoluta falta de colaboración con la actividad instructora« por parte de Rodríguez y de García Ortiz, llegando a hablar de »obstaculización de la misma«. Cabe recordar que el alto tribunal abrió causa contra García Ortiz el pasado 16 de octubre, en base a las querellas presentadas , entre otros, por González Amador, y a la exposición razonada del TSJM. González Amador llevó el caso a los tribunales por una nota difundida el pasado 14 de marzo por la Fiscalía donde se daba cuenta del cruce de correos electrónicos entre su abogado y Salto. El Supremo, sin embargo, no apreció delito en la nota de prensa, sino que puso el foco en las filtraciones anteriores sobre esos 'emails' a los medios de comunicación.
