Expulsiones de migrantes prometidas por Trump podrían provocar reacción en cadena
La expulsión masiva de migrantes en situación irregular es una de las promesas más temidas de Donald Trump, pero si la lleva a la práctica puede desatar una cascada de problemas económicos y jurídicos.
"El discurso es una cosa y la aplicación es otra", sentencia Stephen Yale-Loehr, profesor de derecho migratorio en la Universidad de Cornell.
Teniendo en cuenta las protecciones jurídicas otorgadas por la Constitución estadounidense a toda persona, independientemente de su nacionalidad, "Trump no puede simplemente arrestar a personas y expulsarlas al día siguiente", explica a la AFP.
Se calcula que unos 12 o 13 millones de extranjeros se encuentran de forma ilegal en el país
Las personas en situación irregular deben presentarse primero ante un juez que decidirá sobre su solicitud de permanecer en Estados Unidos.
"Ya hay una acumulación de 3,6 millones de casos pendientes en nuestros tribunales de inmigración", para unos 700 jueces, indica Stephen Yale-Loehr.
"Sería necesario reclutar a miles de nuevos jueces", sin contar a los agentes de la policía de inmigración (ICE), para detenerlos, construir nuevos centros de detención y disponer de aviones para expulsarlos, enumera.
"Solo este aparato burocrático necesario para intentar llevar a cabo un proyecto de expulsión masiva tomará tiempo y dinero por parte del Congreso", insiste el especialista, que duda que la mayoría de los republicanos estén dispuestos a desembolsar las decenas, incluso cientos de miles de millones de dólares necesarios para una operación de esta magnitud.
Un estudio publicado en octubre por la oenegé American Immigration Council evalúa el costo global en 88.000 millones de dólares por año, es decir, 967.900 millones en más de una década.
- "En cualquier lugar" -
"Un plan de expulsiones masivas sería difícil de aplicar inmediatamente en su totalidad", debido a este costo, señala Nayna Gupta, directora de políticas del American Immigration Council.
Pero eso no significa que el futuro gobierno vaya a renunciar a ello, estima.
"Puede tomar medidas inmediatas para expulsar a las personas sin papeles más vulnerables", es decir, los aproximadamente 1,5 millones de extranjeros ya sujetos a órdenes definitivas de expulsión y que viven bajo la supervisión de los servicios de inmigración, precisa Nayna Gupta.
"El sistema de control de la inmigración puede en muchos aspectos ser descentralizado", apoyándose en servicios locales para "encontrar a personas contra las que podrían inmediatamente iniciar los procedimientos de expulsión", añade. "Esto podría suceder en cualquier parte del país".
Además Donald Trump podría verse tentado de "utilizar el ejército para acelerar su plan de expulsiones masivas" con el fin de compensar la falta de agentes federales de inmigración o de la policía municipal, una opción mencionada por algunos de sus colaboradores, recuerda.
El uso de la fuerza militar para operaciones de mantenimiento del orden suscitaría impugnaciones legales.
La estimación de 88.000 millones por año considera solo los costos directos, según el informe del American Immigration Council.
La mayoría de los estudios económicos prevén, en caso de expulsiones a gran escala de extranjeros en situación irregular, una reducción de la mano de obra, en particular en ciertos sectores, y un aumento de los salarios y de la inflación.
Esto se traduciría, según la ONG, en una reducción del PIB de Estados Unidos del 4,2% al 6,8%, comparable a la caída del 4,3% durante la recesión de 2007-2009.
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