El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, ha reivindicado este jueves el Estado de Derecho y la división de poderes como pilares de la democracia, recordando en este sentido la obligación que tienen jueces y magistrados de «no injerirse en el funcionamiento de los demás poderes del Estado», así como la de éstos de «respetar rigurosamente las resoluciones jurisdiccionales ». «El Estado de Derecho, el imperio de la ley y la división de poderes son más que principios, son los cimientos sobre los cuales construimos nuestra sociedad», ha dicho en la inauguración oficial de las XXX Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional, que este año se celebran en Málaga bajo el título 'Estado de Derecho y división de poderes'. En concreto, ha querido recordar que el Estado de Derecho implica que «todos, sin excepción, estamos sujetos a la ley». En este sentido, ha indicado que «los jueces y magistrados deben respetar el imperio de la ley y, al mismo tiempo, están obligados a no injerirse en el funcionamiento de los demás poderes del Estado, respetando públicamente las resoluciones de los representantes de dichos poderes». «Del mismo modo, estos últimos están siempre obligados a respetar rigurosamente las resoluciones jurisdiccionales, incluidas, obviamente, las de este Tribunal Constitucional », ha anudado, según informa la corte de garantías. Por otro lado, Conde-Pumpido ha destacado que «la labor del Tribunal Constitucional es esencial en este proceso, asegurando que las instituciones actúen dentro del marco de la legalidad y que cada ciudadano pueda vivir en un entorno de Justicia y respeto». Ha resaltado igualmente el valor de las sentencias del TC como reflejo de su compromiso con el Estado de Derecho y la división de poderes. «Cada sentencia es, no solo un acto de Justicia, sino un mensaje claro de que la Constitución es el pilar que sostiene nuestra democracia», ha afirmado. También ha reconocido la importante labor de los letrados del TC, en particular en relación al trabajo que se ha realizado en los últimos dos años para la resolución prioritaria de los asuntos de mayor trascendencia social o con mayor retraso. Asimismo, ha ensalzado la colaboración de los letrados en el éxito del plan de acciones puesto en marcha a principios de 2023, que ha permitido la reducción del tiempo para resolver sobre la admisión de los recursos de amparo. Eso, a su vez, «ha permitido que el TC se centre en «la creación de doctrina sobre aspectos novedosos en materia de derechos fundamentales», ha señalado la corte de garantías.
