Poder Judicial anula investigación y acusación contra exfiscal supremo Luis Arce Córdova
La investigación y acusación penal contra el ex fiscal supremo Luis Carlos Arce Córdova por presunto lavado de activos, fue anulada por el juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley al reconocer que tiene derecho a pasar por antejuicio político en el Congreso de la República.
La decisión judicial abre una posibilidad al retorno de Arce Córvova al Ministerio Público. El Congreso ya tiene en sus manos una acusación constitucional contra el referido ex magistrado por sus presuntos vínculos con el prófugo César Hinostroza y la red "Los Cuellos Blancos del Puerto" al que hasta hoy no se le da trámite.
Arce Córdova tiene el apoyo de las fuerzas políticas que controlan el parlamento luego que en julio del 2021 se "inmoló" al renunciar al Jurado Nacional de Elecciones al abrazar el relato del "fraude" en las elecciones generales de aquel año.
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También tiene en camino al Tribunal Constitucional una demanda de Amparo contra la decisión de la Junta Nacional de Justicia de destituirlo como fiscal supremo titular por renunciar, en julio de 2021, al Jurado Nacional de Elecciones.
La JNJ destituyó a Arce Córdova en dos ocasiones. La primera, al considerar que cometió una falta grave pues su designación en el JNE era irrenunciable y por faltar el respeto a autoridades públicas, en su carta de renuncia. Luego, por sus presuntos vínculos ilícitos con César Hinostroza.
Sobre la investigación y la acusación anulada
El 17 de enero de 2020, la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos inició una investigación a Luis Arce Córdova por delito de enriquecimiento ilícito, al apreciarse la adquisición de siete inmuebles y cinco vehículos en su desempeño como magistrado, desde el año 1994, como juez penal de Lima y juez superior de Ucayali.
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La investigación también involucró a sus hermanos Wilder Moisés y Nelton Javier Arce Córdova. De los siete predios observados, cinco fueron adquiridos el año 2017. El último inmueble, si bien lo adquirió mediante crédito hipotecario, lo canceló en un año. Además, registró cinco vehículos, cuatro de los cuales fueron comprados en un periodo de cinco años, del 2002 al 2007.
El 28 de abril de 2021, un perito oficial concluyó que al comparar los ingresos y los egresos de Luis Arce Córdova, desde el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2019 encontró un incremento patrimonial no justificado de 1 394.302,20 soles, entre los años 2013 al 2019.
En tanto, la perito de parte Jeri Ramon -actual rectora de la universidad Mayor de San Marcos-, el 07 de mayo de 2021, señaló que los ingresos percibidos por Arce Córdova justificaban sus gastos y permitían establecer un superávit de 140.962,95 soles.
En marzo de 2024, el fiscal supremo Alcides Chinchay formuló acusación contra Luis Arce y sus hermanos Wilder Moisés y Nelton Javier Arce Córdova por enriquecimiento ilícito. Para Luis y Nelton Arce pidió una pena de seis años y ocho meses de prisión, cada uno, y para Wilder Arce, 13 años de prisión.
La decisión de la Corte Suprema que anula todo
Al iniciarse la investigación en su contra, la fiscalía de la Nación consideró que Arce Córdova, en ese momento fiscal supremo titular, no tenía derecho a antejuicio pues se le atribuyen presuntos delitos cometidos antes de asumir ese cargo. Como juez de primer instancia o juez superior no le alcanza el derecho de antejuicio.
Pero, al momento de iniciarse el control de acusación ante el juez supremo Juan Carlos Checkley, el ex magistrado pidió que se reconozca su derecho de antejuicio político en su condición de fiscal supremo titular, que recién perdió el 7 de febrero de 2022, cuando la JNJ ratificó su destitución como fiscal supremo titular. Esto es, en fecha posterior al inicio de la investigación.
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Luego de evaluar su pedido en audiencia pública, el juez Juan Checkley le dio la razón y declaró nulos todos los actos realizados por la fiscalía suprema desde la etapa de formalización de investigación preparatoria y la acusación penal presentada en su contra, a fin de que se tramite el antejuicio constitucional.
Solo sobrevivió la investigación preliminar. La fiscalía suprema no apeló, con lo cual el expediente pasó a la fiscalía de la Nación para el trámite de la acusación constitucional y la autorización previa del Congreso.