Los 285 municipios andaluces afectados por la DANA disponen ya de ayudas del Gobierno central y de la Junta

La Depresión Aislada a Niveles Altos (DANA) dejó daños durante su paso por Andalucía en al menos 285 municipios, según los datos recopilados por el Gobierno andaluz. Todos ellos, tienen ya a su disposición los planes de ayudas aprobados por el Gobierno central y por la Junta de Andalucía . En el caso del Gobierno andaluz, el pasado Consejo de Gobierno aprobó un plan de actuaciones valorado en 75 millones de euros de los cuales 50 millones son para el campo andaluz, once millones para infraestructuras viarias y dos millones para centros educativos. Los otros doce millones de la Junta de Andalucía son una transferencia directa a los municipios afectados que se reparten los 285 ayuntamientos, es decir una media de unos 40.000 euros para cada uno . Málaga (84.396 euros); Jerez (80.846 euros) y El Ejido (60.716 euros) serán los municipios que más dinero reciban. El resto recibirán fondos de un mínimo de 33.000 euros por ayuntamiento. El decreto que regula este plan de reparto entre los municipios fue aprobado el pasado martes en Consejo de Gobierno y ya se ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. En el caso del Gobierno central, ha dividido en dos partes las declaraciones de zonas catastróficas tras la DANA. En una primera fase se incorporaron los municipios de la provincia de Valencia, Castilla La Mancha y, en el caso de Andalucía, el único en el que se registró una víctima mortal en Málaga, Alhaurín de la Torre. A continuación, en el decreto que entra en vigor tras su publicación en el BOE el 7 de noviembre se han incluido todos los municipios de la comunidad autónoma de Andalucía que tendrán acceso a ayudas y beneficios en materia de financiación al ser declarados como zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil. El decreto no fija cuantías concretas de ayudas pero sí habilita líneas de compensaciones específicas para paliar daños materiales, la financiación del 50% de las obras que ejecuten los ayuntamientos para reparar infraestructuras, instalaciones y servicios; el uso de la contratación de emergencia para agilizar trámites, la reutilización del superávit municipal para inversiones, la realización de expropiaciones o las gestiones necesarias para el Consorcio de Compensación de Seguros.