Este viernes entra en vigor la ley sobre i ntercambio de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales en la Unión Europea que, traducida, es la norma que beneficia a cerca de cincuenta presos etarras, que verán reducidas sus penas al contabilizarse los años cumplidos en el extranjero. El BOE publicó la ley , que transpone una directiva europea, el pasado 19 de octubre tras una gran batalla política e institucional y, tal y como estaba previsto, hoy entra en vigor tras cumplir el plazo de 20 días. Según la red de apoyo a los presos Sare, actualmente hay 140 presos de ETA en cárceles vascas y navarras -en distintos regímenes- más otros 4 en Francia. Esta red cifra en 52 los etarras que podrán beneficiarse de la reforma legal y siete de ellos podrían salir de prisión antes de que acabe el año , dos de los cuales tienen delitos de sangre: Juan Ramón Casatorre, alias Zapata , asesino del exdiputado autonómico vasco, líder del PP de Guipúzcoa y teniente de alcalde de San Sebastián Gregorio Ordóñez, al militar Mariano de Juan y al inspector jefe de la Policía Nacional Enrique Viyella; y Félix Alberto López de Lacalle, conocido como Mobutu , quien mató a los guardias civiles Avelino Palma, Ángel Prado y José Luis Vázquez. El resto que podría salir antes de que acabe el año, si se cumplen las estimaciones de la AVT, quien dio la voz de alarma sobre la enmienda que el Gobierno coló por la puerta de atrás , son Jon Mirena San Pedro , condenado a cincuenta años por el intento de atentado contra un policía en Baracaldo (Vizcaya); Balbino Sáez , sentenciado a 108 años por el intento de asesinato de los exministros del PSOE José Barrionuevo y Matilde Fernández, y por un atentando fallido contra dos furgones policiales; Ismael Berasategui , quien preparaba coches bomba en el comando Behorburu; Luis Enrique Garate , condenado a 54 años por participar en el secuestro del industrial alavés Lucio Aguinagalde —en cuyo rescate murió el policía Genaro García de Andonain—; y Gregorio Vicario , condenado a dieciocho años por un intento de coche bomba contra una patrulla policial en Barcelona, por el secuestro del empresario Cosme Delclaux y del industrial José María Aldaya, y a otros 154 años por un atentado contra el Gobierno Militar de Barcelona. Para acogerse a la ley, cada preso tendrá que solicitar ante la sala condenatoria -la Audiencia Nacional en España-, a través de su abogado, que se les aplique la ley para poder salir antes de prisión. No será el caso, por ejemplo, de Txapote , uno de lo más sanguinarios de la banda y asesino de Miguel Ángel Blanco. Ya en 2014 la Audiencia Nacional ejecutó la refundición de sus condenas a pretición de él mismo, tras haber cumplido parte en Francia, por lo que no saldrá de prisión, en principio, hasta 2031.
