Este viernes se reúne la comisión de investigación sobre la contratación pública de la Administración autonómica gallega. Un encuentro del que se prevé que salga un plan de trabajo aprobado e, idealmente, consensuado entre los grupos. Pero tras las negociaciones que se han producido esta mañana, a escasas horas de la cita, y las declaraciones de los diferentes partidos, alcanzar un acuerdo no se plantea como una tarea sencilla. Las acusaciones cruzadas de «vetos», «imposiciones», «mentiras» y «manipulación» fueron una tónica constante entre los grupos a lo largo de la mañana, especialmente del BNG y los populares. Los nacionalistas arremeten contra el grupo mayoritario por querer imponer sus comparecencias e impedir otras, como la del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo; mientras que el PPdeG acusa al partido de Ana Pontón de faltar a la verdad de una forma nunca antes vista en la Cámara. El primer punto de conflicto fue el motivo de la reunión de esta mañana, para intentar negociar un plan de trabajo entre todos los grupos, que fue convocada, como dijo en la rueda de prensa posterior el diputado nacionalista -y secretario de la mesa de la comisión- Luis Bará, «in extremis», después de afear que en mesa, el día anterior, el grupo popular se había negado a negociar. Unas acusaciones que el portavoz popular, Alberto Pazos, tildó de falaces, asegurando que «resulta indignante» este «uso de la mentira sin precedentes», al decir que en la mesa el «PP decidió imponer su propia propuesta sin hacer ninguna cesión al resto de grupos». «Deberían saber perfectamente que la reunión de la mesa es únicamente para fijar la fecha y la hora de la reunión de la comisión, en la que se aprueba, definitivamente, el plan de trabajo», aseveró, insistiendo en que «ninguna mesa de ninguna comisión de este Parlamento [el gallego] tiene capacidad para debatir propuestas presentadas por grupos parlamentarios porque no es el órgano competente». «El señor Bará se equivocó, definitivamente, de lugar», zanjó sobre el tema. En todo caso, a la salida del encuentro, que tras retrasarse una hora duró unos 45 minutos, tanto el Bloque como el grupo popular mostraron su intención de alcanzar un acuerdo antes de la reunión de la comisión, aunque también dejaron claro que hay una serie de cuestiones que son, para ambas formaciones, motivo de discrepancia. Por un lado, Bará aseveró en la rueda de prensa posterior que, precisamente con la voluntad de negociar, su formación fue con una «propuesta de mínimos» para que sirviese como «punto de partida». Eso sí, dejó claro que «las posturas están bastante alejadas aún», afeando que «el PP tiene claramente decidido [...] establecer vetos a comparecientes» e impedir que «el BNG, como promotor de esta comisión de investigación, pueda hacer propuestas concretas de persona, tanto por sus responsabilidades políticas como en empresas». Su propuesta pasaba por dejar que cada grupo, en proporción a su representación en la Cámara, pudiese nombrar parte de las comparecencias sin posibilidad de veto, algo que en lo que grupo popular ve un «problema de planteamiento». «No es una cuestión de vetos, es cuestión de que los comparecientes tengan relación con el asunto de la comisión, y nosotros trasladábamos que hay algunas propuestas que todavía, a día de hoy, nadie nos explicó la relación que mantienen con la contratación de la Xunta, incluída alguna empresa que no tiene ni un solo céntimo contratado» con la Administración autonómica, aseveró. Unos presuntos vetos que el BNG «tiene claro» que están impuestos «desde San Caetano por parte del señor Rueda» que previamente vienen de Génova. E hizo mención directa al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, asegurando «que está dirigiendo a distancia los movimientos del PP e imponiendo los vetos». Para los nacionalistas, «no se entendería» que no comparezca, como presidente de la Xunta entre 2009 y 2022. «Absolutamente incomprensible, surrealista». Asimismo, Bará hizo referencia a lo que para el Bloque es una «dificultad» para alcanzar un acuerdo. Los populares, indicó Pazos, partiendo de la base de su plan de trabajo, como grupo mayoritario, entienden que debería haber entorno a 50 comparecencias, y pusieron «en valor» el «alto número de coincidencias» entre las propuestas tanto de nacionalistas como de socialistas: 11 nombres de cada una de las listas están también en la lista del PP. «Además, el grupo popular propuso alcanzar una transacción para que se pueda incorporar al plan de trabajo un representante de cada una de las empresas que motivaron la creación de esta comisión de investigación», que deberá «ser designado por la empresas» que son, aseveró, las que tiene conocimiento de su organigrama y designar a una persona con conocimiento directo de la contratación que mantuvo cada una con la Xunta. Algo que, según parece, el BNG no va a aceptar, considerando que los nombres que propusieron en su plan de trabajo «son personas clave para explicar las relaciones entre esas empresas y la Xunta». Para Bará, que sean las empresas las que decidan los comparecientes es «una auténtica distorsión y perversión del funcionamiento de las comisiones». «El PP no tiene ninguna intención de incluir en la relación de comparecientes ni al señor Núñez Feijóo ni a la señora Micaela Núñez Feijóom, responsable de Eulen, ni tampoco a las personas responsables de las empresas de contratación menor o contratación irgente que nosotros proponemos. [...] Quieren sustituirlas por otras empresas y por otras personas», un «motivo claro de discrepancia».Por su parte, desde el grupo popular consideran que «con esta amplia relación de comparecientes y con la amplia documentación que solicitamos para esta comisión de investigación, sería más que suficiente para echar abajo las falsas acusaciones que se están haciendo sobre las contrataciones realizadas por la Xunta de Galicia y la gestión llevada a cabo para la construcción del Hospital Álvaro Cunqueiro», explicó Pazos, para quien esto es una «demostración de la plena voluntad del Grupo Popular de facilitar el trabajo de la comisión, »de la que se puedan extraer unas conclusiones claras y rotundas«. Ellos, aseguró, facilitarán »la máxima transparencia« sin »permitir que el Parlamento de Galicia se convierta en un circo, la mayor gloria mediática de la oposición que insiste en la necesidad de elegir a determinadas personas en función de su parentesco y no en relación con sus competencias profesionales«.
