Malas noticias en USA: juez suspende plan de Biden que protegía a inmigrantes casados de la deportación en EE. UU.

Las tensiones en Estados Unidos sobre las políticas migratorias han alcanzado nuevos niveles con la anulación del programa ‘parole in place’. Esta medida, lanzada recientemente por el presidente Joe Biden, buscaba simplificar el camino hacia la legalización para cónyuges e hijastros indocumentados de ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, una decisión judicial ha dejado en pausa los beneficios de este programa, lo que ha generado preocupación entre las familias afectadas.

El ‘parole in place’ y el sueño de estabilidad para miles de familias

El programa ‘parole in place’, introducido como parte de la política ‘Keeping Families Together’, ofrecía a los cónyuges e hijastros de ciudadanos estadounidenses la oportunidad de ajustar su estatus migratorio dentro del país. Esto evitaba el riesgo de viajar al extranjero para tramitar su residencia y enfrentar la Ley del Castigo, que sanciona a quienes salen de EE. UU. tras vivir de manera indocumentada por más de seis meses. Según estimaciones, unas 550.000 personas se habrían beneficiado de este amparo, que permitía a las familias permanecer unidas sin el temor constante a la deportación.

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La decisión judicial: el juez Barker detiene el programa de Biden

El juez federal J. Campbell Barker, quien ya había suspendido temporalmente el ‘parole in place’, ahora anuló completamente esta política. Su argumento radica en que el Congreso nunca autorizó al Poder Ejecutivo para implementar el programa. Según Barker, el Departamento de Seguridad Nacional carece de autoridad legal bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad para otorgar el beneficio a quienes se encontraban sin admisión legal en el país. Esta decisión deja en el limbo a las familias que esperaban acogerse al programa y ha sido respaldada por varios estados que se oponen a las políticas migratorias de la administración Biden.

Los estados opositores y su impacto en el fallo del juez Barker

Un grupo de 16 estados, encabezados por Texas, presentó una demanda en el que alegaba que el ‘parole in place’ imponía un costo millonario en servicios públicos. Entre los firmantes están Alabama, Florida, Carolina del Sur y Dakota del Norte, quienes argumentan que la medida generaría un gasto adicional en educación, salud y seguridad pública. Los fiscales generales de estos estados celebraron la decisión de Barker, al calificarla de una victoria para las leyes migratorias vigentes.

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El futuro incierto de miles de familias ante la anulación del ‘parole in place’

Con la suspensión de este programa, miles de familias vuelven a enfrentarse a la incertidumbre sobre su situación migratoria. Aunque la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) podrá seguir recibiendo solicitudes para el ‘parole in place’, la agencia tiene prohibido procesarlas y otorgar el beneficio. Esta situación agrava la tensión entre las comunidades migrantes y el gobierno federal, que intenta implementar políticas inclusivas en medio de crecientes desafíos legales. La anulación del ‘parole in place’ deja a los inmigrantes casados con ciudadanos estadounidenses sin una vía rápida hacia la residencia, lo que reaviva el debate sobre la necesidad de reformas migratorias en Estados Unidos.