Expertos explican que el concierto catalán mermará la capacidad del Estado de hacer frente a crisis como la DANA en Valencia

El concierto catalán mermará seriamente los recursos del Estado y la capacidad para hacer frente a crisis como la DANA que ha asolado Valencia. Esta es la opinión de expertos en materia económica como Santiago Lago Peñas, uno de los invitados por el Senado para hacer una ponencia sobre las distintas consecuencias que podría tener el pacto suscrito entre el PSC y ERC que propició la investidura de Salvador Illa . El coste para que los socialistas se hicieran con las llaves de la Generalitat es cada vez más elevado. Santiago Lago Peñas , catedrático de economía aplicada de la Universidad de Santiago, ha comparecido este viernes en la Cámara Alta para desgranar las consecuencias económicas que el cupo catalán tendrá sobre el resto de autonomías. El catedrático ha explicado que el acuerdo entre PSC y ERC contempla tres objetivos para abrir paso a la soberanía fiscal total para Cataluña. A saber, plena autonomía financiera del Gobierno catalán, protagonismo de éste en la bilateralidad con el Ejecutivo e incremento sustancial de recursos reduciendo la aportación interterritorial. Para ello, el texto contempla sustituir a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) por la Agencia Tributaria catalana para la inspección de todos los impuestos en Cataluña, así como la creación de una aportación catalana a las finanzas del Estado, pero no se ha especificado aún la cantidad exacta de este tributo. Por ello, hacer un cálculo exacto de lo que le costaría a la administración central la consecución del cupo catalán es «imposible de hacer», pero la estimación que hace Lago Peñas es un incremento de 5.300 millones de euros para la hacienda catalana en detrimento del resto de comunidades autónomas. «El acuerdo aumentaría muy sustancialmente los recursos para Cataluña y reduciría mucho los del resto de comunidades autónomas», ha afirmado el catedrático. La consecuencia más directa que tendrá este acuerdo no es estrictamente financiera, señala Lagos Peña, quien ha explicado que el Estado se encuentra actualmente en un «déficit estructural», por lo tanto, renunciar voluntariamente a recursos sería contraproducente, ya que mermaría seriamente «la capacidad que tiene la administración central de afrontar choques asimétricos» como los vividos los últimos 15 años en el España, «la gran recesión, la pandemia, la crisis inflacionaria y, ahora, desgraciadamente, lo que ha ocurrido en Valencia» . Otras consecuencias no menores que extrae Lagos Peña es la perdida de confianza de los mercados internacionales en España. «Si pierde capacidad de recaudar (el Estado) se perderá la confianza de mercados internacionales que consideren que los compromisos de pago pueden no ser satisfechos«. «Sería un coste que soportaríamos todos», ha sentenciado el catedrático. Otra experta en la materia invitada a participar en estas ponencias ha sido la inspectora de Hacienda del Estado y Presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado , Ana de la Herrán Piñar, quien ha asegurado que «la revisión del sistema de financiación, que lleva esperando más de diez años, no implica romper el modelo actual», haciendo alusión a la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que se tendría que llevar a cabo para la creación del cupo catalán, algo para lo que el Ejecutivo precisaría de «complicadas mayorías absolutas», apuntó Lagos Peña. «Nuestro modelo funciona y si funciona, qué es lo que nos lleva a cambiarlo» ha asegurado Herrán Piñar. La caja única es «imprescindible para garantizar la consecución de una serie de objetivos esenciales, como es la calidad en el servicio prestado a los contribuyentes», afirmó la presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda. Ambos comparecientes coincidieron en que esta medida también significaría «pasos atrás también en materia de lucha contra el fraude». España actualmente está por encima de la media del resto de países de la zona euro en fraude fiscal y la manera de afrontar esto es que «el sistema de control de las actividades económicas ha de ser de carácter integral para asegurar ese control», señaló Herrán de Piñar.