El Supremo decide si la causa contra el fiscal general se amplía a los bulos de Miguel Ángel Rodríguez

El Tribunal Supremo tiene encima de la mesa varias peticiones para que la causa contra el fiscal general vaya más allá e indague el papel que jugó Miguel Ángel Rodríguez, mano derecha de Isabel Díaz Ayuso, en la publicación de los emails de Alberto González Amador. Las peticiones de Álvaro García Ortiz para que el juez analice si el entorno del comisionista fue el primero en difundir esa información se ha encontrado con la oposición del PP y se cruzan con la nueva estrategia de la pareja de la presidenta madrileña: pedir indemnizaciones que casi superan el montante del fraude fiscal que confesó.

El terremoto que supuso la entrada de la unidad de élite de la Guardia Civil para incautar los dispositivos de la cúpula de la Fiscalía se va asentando a golpe de auto y recurso. El juez Ángel Hurtado, después de ordenar que los investigadores requisaran siete meses de mensajes e emails en todos los móviles, tablets y ordenadores del fiscal general y la fiscal provincial de Madrid, ha pedido a la Guardia Civil que, una vez requisado todo el material, analice solo el que tenga que ver con la causa y relacionado durante unos pocos días de marzo, cuando supuestamente se filtró la información.

La Abogacía del Estado, que representa a García Ortiz y la fiscal Pilar Rodríguez en el proceso, ya ha denunciado por escrito que en esa pesca de arrastre la Unidad Central Operativa ha clonado información sensible “que puede comprometer la seguridad del Estado”. En una organización tan vertical como la Fiscalía en la que el máximo superior ejerce de filtro final, un volcado como ese ha sacado de los canales habituales información no destinada para el gran público. Fuentes presentes en el registro aseguran que entre el material incautado hay comunicaciones con jefes de Anticorrupción, de la Fiscalía de Delitos Económicos e incluso con fiscales de otros países.

El malestar en el Ministerio Público ha arrancado con la gestión que el juez Hurtado ha hecho del secreto sumarial. Ese día anunció la apertura de diligencias, pidió a García Ortiz que designara un abogado, puso la causa bajo secreto de sumario y ordenó los registros, notificando solo la parte dispositiva del auto: la lista de cosas que la Guardia Civil tenía orden de llevarse. El fiscal general recurrió ese auto a ciegas, sin conocer sus argumentos, pero el resto de partes sí han podido consultarlo íntegro para hacer sus propias alegaciones. El lunes el juez levantó el secreto que pesaba sobre esa resolución y se podía consultar de forma pública en la web del Consejo General del Poder Judicial desde primera hora de la mañana. Al fiscal general no se le notificó hasta mediodía.

Además de presentar su protesta contra ese registro, Álvaro García Ortiz también se ha dirigido al juez para explicar que las diligencias actuales no recogen toda la realidad de ese 13 de marzo, cuando se le acusa de haber filtrado los correos. La realidad, dice el fiscal general en su recurso, es que las primeras publicaciones que reflejaron el contenido íntegro de las comunicaciones entre el abogado de Alberto González y la Fiscalía en busca de un pacto fue publicado por un medio de comunicación antes de que él recibiera ese material en su email personal. Y que en esas horas fue Miguel Ángel Rodríguez, mano derecha de Ayuso en el gobierno regional, quien difundió parte de esos correos a varios periodistas de medios que terminaron publicando esa información falsa de forma íntegra.

El fiscal general pide al juez Hurtado que, en la práctica, lleve la investigación hasta el entorno de Alberto González Amador y de la presidenta Isabel Díaz Ayuso porque esas primeras informaciones, además de ser anteriores a su intervención, citaban fuentes cercanas a la defensa del empresario. No de la Fiscalía o de la Agencia Tributaria. Y descubrir si el primero en revelar esas negociaciones entre acusado y Fiscalía fue el entorno de González Amador, aunque fuera para dar una visión sesgada de las conversaciones y decantar a su favor la balanza de la opinión pública.

Unas semanas en las que Miguel Ángel Rodríguez asumió personalmente la defensa pública de la pareja de Isabel Díaz Ayuso llegando a amenazar a elDiario.es con el cierre y difundiendo bulos sobre cómo periodistas habían intentado entrar encapuchados a su casa, entre otras mentiras o medias verdades destinadas a dibujar el caso de fraude fiscal de Alberto González Amador como una persecución del Estado y los medios de comunicación contra un “particular”.

Varias causas en paralelo

La opción que el fiscal general ha puesto encima de la mesa del juez Hurtado es llamar a testificar tanto a periodistas de media docena de medios que publicaron esa información en la noche del 13 de marzo como también al propio Miguel Ángel Rodríguez. Una propuesta que no ha sentado bien en la Puerta del Sol de Madrid. “Es una absoluta irregularidad”, ha dicho este jueves Carlos Díaz-Pache, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid. “Si trata de buscar a Miguel Ángel Rodríguez, le van a encontrar”, apostilló también Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia de Ayuso. Rodríguez se pronunció a través de su cuenta en la red social X para comentar la situación con el mismo “pa'lante” que usa para vaticinar movimientos judiciales.

La causa por revelación de secretos sobre los correos de Alberto González Amador ha avanzado a mucha más velocidad que las diligencias originales en las que el empresario está imputado por un doble fraude fiscal de más de 350.000 euros. La causa de la que salieron los correos cuya publicación analiza el juez Hurtado. Las diligencias por revelación de secretos han estado abiertas en el Tribunal Superior de Madrid, han saltado al Supremo exposición razonada mediante y han visto media docena de interrogatorios, recursos y un registro de diez horas. En la causa por fraude fiscal de Alberto González Amador, por el momento, no ha declarado nadie en sede judicial.

Esa falta de actividad en la causa principal de todo el entramado de diligencias responde, por un lado, a que buena parte de la investigación ya fue realizada por la Agencia Tributaria antes de ser judicializada por la Fiscalía. Y por otro, a que la posibilidad de que el empresario llegue a un pacto con la Fiscalía mantiene la causa en vilo. Un acuerdo con el que la pareja de Isabel Díaz Ayuso se ofrecía a aceptar una condena simbólica de cárcel, pagar más de medio millón de euros entre deudas con Hacienda, multas e intereses, pero a cambio de evitar su entrada en prisión.

Ese acuerdo se encuentra ahora mismo en el aire mientras el Supremo avanza a toda máquina en la investigación por la filtración de la versión primigenia de ese pacto. La jueza que investiga el fraude aceptó la petición de PSOE y Más Madrid de ampliar la causa contra él para investigar más delitos en su relación con el grupo Quirón y, mientras tanto, su comparecencia prevista para finales de noviembre ha quedado suspendida.

Con el calendario y los tiempos judiciales jugando plenamente a favor de la estrategia de Alberto González Amador, que llegó a usar una peluca para ocultarse de las cámaras en su primera visita al juzgado, el comisionista ha decidido abrir un tercer frente en los tribunales. Reclamando indemnizaciones a una decena de políticos y partidos que se han pronunciado sobre su caso. En total solicita 325.000 euros por la vía civil en varias demandas que abarcan desde el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hasta concejales de Madrid como Rita Maestre. Solo 25.000 euros menos de los que ha reconocido haber defraudado a Hacienda cuando usó un entramado de facturas falsas para ahorrarse impuestos de las comisiones millonarias que cobró en operaciones de compraventa de material sanitario en la pandemia.

El siguiente movimiento está en manos del juez del Supremo Ángel Hurtado, que está pendiente de recibir un análisis de la Guardia Civil de todas las comunicaciones intervenidas en el registro del 30 de octubre y tiene también varias opciones que van en direcciones opuestas. Por un lado, el fiscal general solicita su exculpación y, como prueba principal, propone que el entorno de Alberto González Amador explique si fueron ellos los primeros en poner sus correos en circulación. Por otro lado, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) se ha personado como acusación, ha pedido que la investigación sobre las comunicaciones del fiscal general sea todavía más amplia y se ha ofrecido, incluso, a aportar un testimonio sobre cómo Álvaro García Ortiz habló con su 'número 2' mientras se producía el registro.