La Audiencia Nacional embarga los coches de lujo del 'chiringuito financiero' que pagó a Alvise para evitar su sustracción
El Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha ordenado en un auto el decomiso como medida cautelar de los vehículos de los que sean titulares las mercantiles vinculadas a Madeira Invest Club (MIC), en 'chiringuito financiero' que encabezaba Álvaro Romillo y al que se investiga por la estafa de millones de euros a miles de inversores.
Entre los vehículos que se aseguraran están los que pertenecen al concesionario PKW, del que hace justo este viernes una semana que, como adelantó LA RAZÓN, dos colaboradores de Romillo intentaron sustraer varios coches de alta gama.
Estas dos personas son Alejandro Pérez Frías, estrecho colaborador de Romillo y administrador de varias de las mercantiles vinculadas a MIC, y Pedro Estanislao Bris García, un abogado parte de la cúspide de la trama que se investiga y la persona que firmaba los contratos con los clientes por lo que es señalado como el constructor de la trama societaria con empresas registradas en República Dominicana, Portugal y nuestro país.
Ahora, el magistrado José Luis Calama ha ordenado a la Unidad de Policía Judicial de la Audiencia Nacional (UPJAN) que informe sobre los vehículos que consten anotados bajo titularidad del entramado societario de la presunta estafa y, en función del resultado que haya, se ordene el embargo de los bienes de esta clase que se hallen.
Esta medida la había solicitado al Juzgado Zaballos Abogados, tras enterarse del intento de sustracción al ser un despacho que ejerce de acusación y representa a casi 400 afectados que habrían perdido en torno a 50 millones de euros.
Además, el instructor del ya conocido como “caso Madeira Invest Club” se refiere concretamente en el auto al concesionario, situado en el número 12 de la madrileña calle de Víctor de la Serna, para que “identifique los vehículos que se encuentren (allí) depositados” y proceda “a su precinto”, quedando estos, entre ellos un Bentley valorado en 150.000 euros, y otros que suman un valor superior a los 300.000, “a disposición” de la Audiencia Nacional.
Por otro lado, rechaza el nombramiento de un administrador judicial para el control de los bienes vinculados a MIC y el resto de las empresas del entramado que se investiga por la sustracción de dinero de antiguos clientes que confiaron en sus servicios para la elusión de impuestos e inversión en los que ofrecían suculentos retornos.
Este movimiento se lo requirió al instructor la Asociación de Usuarios de Criptomonedas, una de las acusaciones personadas en la causa, y, concretamente, pretendía que uno de sus letrados fuese el que ejerciese la administración de los activos.