Hospitales públicos que 'expulsan' a las mujeres que abortan: "Me sentí desahuciada"

Susana es médica de uno de los grandes hospitales públicos de Madrid, pero además de acudir cada día a trabajar al centro, también es su paciente. Por eso, al quedarse embarazada en enero de este año fueron sus propios compañeros los que siguieron su evolución. Hasta que las cosas empezaron a ir mal. En la semana 14 le detectaron al feto una anomalía muy grave y sintió que abortar era la única opción. Pero no podría hacerlo allí. A pesar de que los profesionales que la atendieron le reconocieron que estarían dispuestos a practicarle la intervención, no podían hacerlo “por política del hospital”. “Me dijeron que no se hacían abortos de ningún tipo”, afirma.

La mujer prefiere no revelar el nombre del centro sanitario y tampoco se llama Susana. Ha optado por el anonimato para contar “una de las peores experiencias” de su vida, la de abortar ya avanzada la gestación de un hijo deseado. Y tener que hacerlo, además, fuera del circuito de la red sanitaria pública: “En el hospital pregunté que cuál era el siguiente paso y me dijeron que teníamos que ir a las oficinas de la calle Sagasta a que nos dieran cita con una de las tres posibles clínicas que lo hacen. Yo les pregunté que en base a qué elegiría una u otra y me respondieron que podía ver opiniones por Internet”, lamenta Susana.

Su caso no es una excepción: en España la inmensa mayoría de las interrupciones voluntarias del embarazo (un 81,45% en 2023) se realizan en clínicas privadas con las que se concierta el servicio y las mujeres no pagan por él. Sigue siendo así a pesar de que lleva un año y ocho meses en vigor la reforma de la ley del aborto que dio prioridad a los centros públicos y mandató a las administraciones a establecer las medidas necesarias para que el aborto fuera, de una vez por todas, asumido mayoritariamente por estos. Sin embargo, las fechas recientes de los casos recogidos por este medio demuestran que todavía no es así.

"No entendemos cómo puede ser que se saque a las mujeres de sus centros sanitarios de referencia para abortar. Es un derecho, debería estar garantizado en todos los hospitales, pero a pesar de la nueva ley la situación es prácticamente igual", selaña

Cristina Romero — Fundadora de la asociación A Contracor

“No entendemos cómo puede ser que se saque a las mujeres de sus centros sanitarios de referencia para abortar. Es un derecho, debería estar garantizado en todos los hospitales, pero a pesar de la nueva ley la situación es prácticamente igual”, señala Cristina Romero, una de las fundadoras de la asociación A Contracor, que reúne a mujeres que han interrumpido su embarazo por cuestiones médicas. Romero incide en que las derivaciones “estigmatizan” a las mujeres y pueden contribuir en ocasiones a “generar un sentimiento de culpa” al ver cómo “les cierran las puertas para algo que es importante para ellas”.

Es una sensación que tuvo Susana: “Los ginecólogos del hospital me trataron muy bien, tuvieron mucha empatía, pero tal y como es el proceso te hace sentir que estás haciendo algo horrible y te sientes juzgada. Parece como si al no hacerlo en el hospital lo quisieran esconder. En ese momento estás tan devastada por la propia situación que te dicen que aquí no puede ser y ni peleas, pero te sientes desahuciada”, comenta la mujer, que, sin embargo, sí fue atendida en su centro sanitario días después porque tenía dolores que al final quedaron en nada. Es decir, volvió a ser acogida en el hospital tras ser expulsada, pero, eso sí, después de haber interrumpido su embarazo.

Ni en tu hospital ni en tu ciudad

Aunque es una situación general, algunas comunidades destacan por encima de otras: Extremadura, Ceuta y Melilla no hicieron en 2023 ni un solo aborto en la pública mientras que en Madrid, Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha la cifra no llega ni al 1%. Preguntada la consejería de sanidad de la Comunidad de Madrid por la escasez de abortos asumidos por centros públicos y por el caso de Susana en particular, un portavoz aduce que “la asistencia está garantizada” y que “la cuestión” es que “lógicamente no podemos 'obligar' a los profesionales que intervienen en el procedimiento a realizarlo”, afirma deslizando que el rechazo de algunos hospitales a hacer abortos se debería a una cuestión de objeción de conciencia.

Sin embargo, la ley establece que este es un derecho individual y su ejercicio no puede afectar “al acceso o la calidad asistencial de la prestación”, de forma que los servicios públicos “deben organizarse” para garantizar que hay personal disponible. Para ello, la ley obliga a regular la objeción de conciencia a través de la creación de registros de objetores para que pueda saberse de antemano con qué profesionales se puede o no contar y para evitar que haya una objeción generalizada como la que existe en hospitales como el de Susana. Sin embargo, solo unas pocas comunidades han creado estos registros y entre ellas no está Madrid.

Pero lo que allí ocurre no es poco habitual. Lo ha vivido también en su propia piel Rocío Medina Rodríguez, que interrumpió su embarazo el pasado mes de abril en la semana 22 debido a que el feto presentaba una malformación que, aunque al principio ella y su marido quisieron pensar que podía no ser tan grave, acabó siendo confirmada como prácticamente incompatible con la vida. Lo más probable es que el embarazo ni siquiera hubiera llegado a término, le explicaron los médicos. Así que pese a que “no queríamos ni planteárnoslo”, al final acabaron solicitando la interrupción tal y como le aconsejaron “hasta cinco ginecólogos diferentes”, asevera la mujer, residente en Córdoba.

Una intervención que tampoco podía hacer en el Hospital Universitario Reina Sofía, el que diagnosticó la anomalía. Y ni siquiera en su propia ciudad. Su caso es uno de los miles que cada año no solo dejan de asumirse en centros públicos, sino que también se derivan a otras provincias debido a que en algunas de ellas ni siquiera hay clínicas privadas para concertar el servicio. Eso a pesar de la sentencia del Tribunal Constitucional que dictaminó hace un año que obligar a viajar a las mujeres vulnera sus derechos. “Me dijeron que tenía que irme a Sevilla pero no me explicaron por qué. Yo entiendo que puede haber algún ginecólogo que no sea partidario, pero ¿que en todo un hospital no haya posibilidades? Es inconcebible con cualquier otro tipo de prestación”, denuncia Rocío.

A pesar de su insistencia, la mujer no llegó a saber qué pasaría una vez llegara a la clínica de la capital andaluza, a la que acudieron en tren ella y su marido “pensando que todo iba a terminar ese día”. Sin embargo, allí le informaron de que debía volver una semana después porque el proceso requería tomar una pastilla el día anterior y allí solo se hacían esas intervenciones los miércoles. “Fue muy duro porque era uno de los peores momentos de mi vida y nadie me había avisado de que me iba a ir de allí con mi niña dentro”, recuerda. Finalmente, reclamó a la clínica que solo le hiciera la fetolisis [finalización de la gestación] y acto seguido volvió a Córdoba e ingresó en el hospital para tener “un parto humanizado”, ya que deseaba “poder despedirme de mi bebé” y esto era algo que la clínica no le ofrecía.

Es decir, el hospital renunció a practicarle el aborto como tal, pero sí aceptó a la mujer para el paso posterior. “Si es allí dónde me han dicho que la niña viene mal ¿por qué no pueden terminar el proceso? Es como si estuvieras haciendo algo clandestino, lo que se suma a la incertidumbre y el malestar que ya sientes. Al final, una vez volví de Sevilla me trataron en el hospital como si se hubiera tratado de un aborto espontáneo y me aplicaron las mismas medidas. ¿Por qué tanta diferencia? Parece que hay casos aceptables para el sistema y otros que no lo son”, lamenta Rocío.

De un hospital a otro

Desde la Asociación de Clínicas de Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) explican que hay peticiones de las mujeres en estas situaciones, que abortan por patologías médicas, “que desde los centros no vamos a poder hacer” porque “realizamos abortos, no partos”, explica su portavoz Sonia Lamas, para la que es importante como primer paso para garantizar que la prestación es asumida con normalidad por centros públicos que “haya formación a los equipos profesionales” y unidades especializadas “en las que las mujeres puedan elegir el método y el tipo de prestación independientemente del supuesto en el que se encuentren”.

La inmensa mayoría de las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) se realizan a petición de la mujer (un 94% en 2023) y con menos de 14 semanas de gestación. Solo un 6% lo deciden por anomalías fetales o riesgo para la vida y la salud, pero en ambos casos la derivación a centros privados concertados es lo habitual (un 82% y un 75% respectivamente). “Es importante que no se entienda que hay unos abortos de primera y otros de segunda porque genera más estigma. Todos son legales y voluntarios”, razona Silvia Aldavert, presidenta de la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos, que lamenta que a pesar de la reforma de la ley “no está habiendo un seguimiento y sanción en caso de incumplimiento tanto a las comunidades como a centros concretos”.

Por su parte, las autonomías en las que esto sigue ocurriendo responden en la misma línea, apelando a que la prestación “está garantizada” y evitando responder a las preguntas sobre los casos concretos relatados en este reportaje. Así, una portavoz de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía apunta a que el modelo de derivación a clínicas concertadas pretende “garantizar el acceso al derecho por encima del derecho a la objeción de conciencia” mientras que el Departament de Salut de la Generalitat catalana contesta que la prestación “está garantizada a través de los dispositivos adecuados en cada caso”.

Nada comenta este último sobre el caso de Valentina Aragón, una mujer de 36 años que hace un año decidió abortar tras la malformación fetal que le detectaron los médicos a las 17 semanas de gestación. Es un caso más de un hospital, en este caso el Sant Pau de Barcelona, que deriva las interrupciones voluntarias del embarazo a otros centros, en este caso, sin embargo, no a una clínica concertada, sino a otro hospital público de la ciudad, el Clínic. “El ginecólogo que me llevaba el embarazo me dijo literalmente que allí no me lo podían hacer porque el hospital lo gestiona la Iglesia”, sostiene Valentina.

En el Clínic “todo fue muy bien”, tanto “el trato que me dispensaron quienes me atendieron” como “la intervención en sí”. “Si me tengo que quejar de algo es de que no me explicaran cómo iba a ser todo hasta el día antes porque a mí me hubiera ayudado saberlo con anterioridad, pero fui tratada con mucho tacto y cuidado. Me dieron incluso la opción de ver al bebé, pero yo dije que no quería, lo tenía claro”, rememora la mujer.

Sin embargo, ella y todas las demás no entienden por qué si la IVE es una prestación pública desarrollada en una ley de carácter estatal desde 2010 –reformada recientemente– deben salir de sus hospitales de referencia para ejercer el derecho. El Sant Pau, de hecho, es un centro hospitalario concertado que dejó de practicar abortos en 2012 sin, según denunció la plantilla, dar explicaciones. Sin embargo, a día de hoy sigue habiendo profesionales que demandan recuperar la actividad. “Nunca pensé que el hospital que me corresponde, en el que nunca he tenido ningún problema, no me pudiera hacer esto no por no tener medios, por ejemplo, sino por decisión de unas personas a pesar de que recibe dinero público y estamos dentro de la ley”, resume Valentina.