El Gobierno oficializó la quita de la jubilación de privilegio a Amado Boudou
Tal como había anticipado el Gobierno tras quitarle la jubilación y pensión de privilegio a la expresidenta Cristina Kirchner, este martes se oficializó la decisión de que el expresidente Amado Boudou también deje de cobrar por sus funciones como exvicepresidente.
El exfuncionario, hoy condenado a cinco años y 10 meses de prisión por corrupción, pena que cumple con domiciliaria, cobraba más de $ 6,8 millones de pesos por mes en concepto de jubilación de privilegio por sus funciones entre el 2011 y el 2015. Así lo indica el último informe de gestión que presentó ante el Congreso el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Ahora, a través de la Resolución 1103/2024 publicada por la ANSES este martes en el Boletín Oficial, se definió "revocar el Beneficio Nro 47-0-0000057-0, del Registro Único de Beneficiarios (RUB) de la ANSES, cuya titularidad detentaba Amado Boudou", por su condena firme.
La condena a Boudou que lo dejó sin jubilación de privilegio
Actualmente, el exvicepresidente Amado Boudou cumple con cinco años y 10 meses de prisión domiciliaria por su condena por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública en el marco del Caso Ciccone.
Según argumenta la Resolución 1103, la jubilación por privilegio se otorga como contraprestación al honor y el buen desempeño en el cargo, por lo que no puede ser percibida por alguien condenado por delitos en el ejercicio de la función pública.
"La finalidad de la asignación de privilegio oportunamente otorgada a favor del titular, deviene jurídicamente incompatible para quien haya cometido un delito en ejercicio de la función pública, en perjuicio del Estado Nacional", marca la resolución en sus considerandos.
La norma se basa en la Ley N° 24.018, la cual dispone el pago de pensiones y jubilaciones de privilegio a exmandatarios, y establece que esta asignación es un beneficio "graciable", no contributivo, otorgado como contraprestación al honor, mérito y buen desempeño del cargo.
Por ende, el Gobierno entiende que su pago no es un derecho adquirido o inmutable y, ante la condena firme de Boudou, se definió dejar de pagar. Esto mismo se argumentó la semana pasada, cuando, tras la confirmación de la Cámara de Casación Penal de la condena a seis años de prisión a Cristina Kirchner, se decidió dejar de pagarle también su jubilación y pensión por sus funciones previas.
Para el Gobierno, la pérdida de estos privilegios marca un signo de "ejemplaridad" para la sociedad entera y para la clase política, que debe recuperar los valores éticos e institucionales que supieron cultivar nuestros próceres y padres fundadores.
Por lo pronto, a diferencia de Boudou, cabe señalar que Kirchner aún no tiene condena firme, por lo que aún debe apelar ante la Corte Suprema de Justicia la condena ratificada la semana pasada por la Causa Vialidad.
El Gobierno cierra la ex Ciccone
En línea con esta definición, el Gobierno también confirmó este lunes el cierre definitivo de la exCiccone Calcográfica, actualmente Compañía de Valores Sudamericana (CVS), una compañía considerada un "emblema de corrupción kirchnerista" por la administración actual.
Tal como remarcó el vocero presidencial Manuel Adorni al anunciar meses atrás esta decisión, la disolución de Ciccone resuena debido a que la empresa está vinculada a "uno de los casos de corrupción más grandes de las últimas décadas", el cual llevó a prisión a Boudou por cohecho, negociaciones incompatibles con la condición de funcionario público y presunto enriquecimiento ilícito.
Este cafue uno de ls escándalos de corrupción política más grandes de la Argentina debido a la adquisición irregular de la empresa Ciccone Calcográfica que terminó condenando al exvicepresidente.
En su momento, Boudou, entonces ministro de Economía, fue acusado de utilizar su posición para ayudar a la empresa a salir de la quiebra y obtener contratos gubernamentales.
La imprenta estatal, donde hoy se fabrican billetes, pasaportes, patentes de autos, estampillas y otros, tiene actualmente "severas ineficiencias" que, según el Gobierno, se profundizaron en la gestión anterior.
"La mala administración de la gestión anterior representó un verdadero despilfarro de recursos, con deudas que hoy ascienden a los u$s 371 millones, un patrimonio negativo de u$s 78 millones y un resultado bruto negativo de u$s 20 millones", marcó el vocero.
Por ende, este lunes finalmente se concretó su cierre de la mano de una amplia reestructuración de la Casa de la Moneda.