La amplia modificación estatutaria que el consejo de administración del Real Betis propone para la junta de accionistas del próximo 17 de diciembre es uno de los temas que más está dando de qué hablar en los últimos días en la actualidad verdiblanca. Los cambios en artículos referentes a la nacionalidad de los accionistas o la aprobación del presupuesto de cada temporada han sido ampliamente comentados y por ello el consejero y secretario del consejo bético, Carlos González de Castro , atendió a los medios oficiales del club para añadir sus explicaciones a la justificación ya publicada por la entidad en el informe que adjuntaba la convocatoria de la asamblea. «Teníamos una tarea pendiente porque nuestros estatutos son básicamente los iniciales elaborados en 1992. La legislación ha cambiado mucho y se han quedado varios artículos obsoletos o contrarios a la legalidad vigente. Es un trabajo que había que acometer, sin duda», aclaraba González de Castro, quien insistía en esta idea: «La adaptación es necesaria. Lo que tienen que tener claro los accionistas es que nos adaptamos a la legalidad y a la operativa real del club, que habrá transparencia. No es una estrategia política sino una demanda largamente esperada desde el área legal , que yo represento. Son anacronismos que hay que corregir. Por supuesto no tiene nada que ver con ocultación de información, siempre habrá transparencia como ha hecho este consejo. Es un tecnicismo desde el área legal, que somos los promotores de este cambio«. E insistía: «Es un asunto que, puedo acreditar, llevo años poniéndolo encima de la mesa. Y se hace ahora porque es la primera junta en la que no hemos tenido problemas adicionales . Es un tema prolijo y son más de 20 artículos. Uno o dos llaman la atención pero son muchos. Algunos son por errores arrastrados, otros adaptados a la normativa. En este caso llevo años pidiendo cambiar esto pero no hemos tenido una junta tranquila para poder abordarlo. En las otras siempre ha habido temas urgentes que acaparan tiempo y lo urgente nunca deja hacer lo importante. Tenemos necesidad de pulir y abrillantar los estatutos«. En referencia a los artículos en concreto González de Castro señalaba que en cuanto a la supresión del 8, que indica que «sólo podrán ser accionistas de la sociedad las personas físicas de nacionalidad española, las personas jurídicas públicas, las Cajas de Ahorro y Entidades españolas de naturaleza y fines análogos, y las personas jurídicas privadas de nacionalidad española o sociedades en cuyo capital la participación extranjera no sobrepase el 25% y cuyos miembros, en razón de las normas por las que se rigen, estén totalmente identificados», el club lo justifica así. « Suprimimos esas limitaciones que ya no son acordes a la ley . De hecho, son contrarias. Ni el Tratado de la UE ni toda la legislación comunitaria permite estas limitaciones. Este artículo en concreto es una trasposición directa de la Ley del Deporte de 1990 que ha sido modificada en dos ocasiones y que nosotros, por falta de diligencia o lo que se quiera, no se ha adaptado la normativa estatutaria, que no puede ir en contra del carácter imperativo de la norma general. Se trata de adaptarnos al actual marco vigente legislativo«, apuntaba. Sobre el artículo 31, que se refiere a la aprobación del presupuesto, González de Castro manifestaba que «la obligación de que se apruebe en junta viene de cuando el Betis en lugar de ser una sociedad anónima deportiva era una asociación de personas. Se arrastró porque la contabilidad de los clubes es presupuestaria y no de una sociedad mercantil. Nosotros tenemos un ejercicio fiscal que empieza el 1 de julio y cierra el 30 de junio. Cuando en diciembre presentamos el presupuesto de aprobación de la junta se ha ejecutado en más del 50. Muchos son recursos extraordinarios que se generan en verano. Es un postsupuesto. Es un absurdo. Nos obligan LaLiga a presentarlo en abril para la temporada. Estamos rayando la irregularidad. Ejecutamos un presupuesto mandado a LaLiga y que no hemos aprobado por la junta. Es absurdo. Es una traslación de una norma que tenía sentido cuando los clubes eran asociaciones de personas y no sociedades mercantiles«, afirmaba. «Esto para nada significa que haya opacidad. Asumo públicamente el compromiso de que haya la misma información pero con carácter informativo . Información toda la que se quiera y transparencia. Los accionistas tienen el control contable a través de la aprobación de cuentas. Es un tema de ser rigurosos con el cumplimiento de la norma. Serán los accionistas los que lo voten pero para mí tiene poca discusión. Que no se vean intenciones raras. La obligación presupuestaria es de asociaciones, no de sociedades mercantiles«, sentenciaba. Y añadía más argumentación: « El presupuesto es el punto de menos intervenciones en las juntas porque en el fondo todo el mundo sabe que con el año fiscal de julio a junio es que se ha consumido ya más del 50%. Y lo tenemos que mandar previamente sin tenerlo aprobado. Transparencia e información, toda la del mundo. Esto no es un tema ni de ocultación ni mermar facultades a la junta sino de adaptar la realidad contable a la realidad de la vida económica del club«.
