La desaparición de MUFACE tiene consecuencias: este será el gasto de un funcionario que quiera continuar con un seguro privado

El pasado 12 de noviembre, las aseguradoras Asisa, Adeslas y DKV abandonaron la mesa de negociación con el Gobierno y dejaron desierto el concierto planteado. Ante esta respuesta, el Ejecutivo aseguró estar trabajando en una nueva licitación, pero por el momento no hay nada cerrado.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad liderado por Mónica García ha emitido un informe declarando la intención de cerrar de manera definitiva la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, lo que implicaría el traspaso de manera escalada de más de un millón y medio de funcionarios de la sanidad privada a la sanidad pública. Sin embargo, no se ha tenido en cuenta el gasto que debería hacer frente por su cuenta un funcionario que quiera continuar con la asistencia privada.

Un gasto totalmente disparado

Según el grupo Roams, si MUFACE finalmente desaparece, los funcionarios que quieran continuar con un seguro privado deberán abonar hasta 740 euros más respecto a lo que pagan en estos momentos. Al tener que contratar por su cuenta el seguro, los gastos son mucho más elevados que si se realiza a cuenta de la mutualidad. Esta cifra se traduce en una subida del 150% respecto a lo que pagan actualmente.

Ahora mismo, los mutualistas pagan de media al año 478,36€ independientemente del número de personas que accedan al seguro, tomando como referencia las últimas cuotas mensuales disponibles en MUFACE referentes a 2023 en cada uno de los grupos funcionariales.

Por tanto, aquellos ciudadanos interesados en continuar con las condiciones que disfrutan ahora con las aseguradoras, deberán hacerse cargo de este gasto.

¿Cuánto cuesta de media un seguro de salud en función del perfil?

Las pólizas familiares de salud (las que incluyan pareja e hijos) son las que más diferencia van a notar en cuanto a precio, ya que los usuarios que están hoy con MUFACE pagarían entre 977€ y 1.359€ más de media al año contratando el seguro por su cuenta, según los datos extraídos por Roams Insurtech. Este aumento no sería tan notable en el caso de las pólizas individuales, donde "los asegurados pagarían al año entre 95,69 euros y 338,61 euros más de media.

En el estudio, Roams también ha tenido en cuenta la edad de los usuarios, un factor que, entre los dos perfiles analizados (de 38 y 54 años), supone una variación de más de 200 euros de media en la prima anual.

Además del número de asegurados, su edad también influye en el precio. Por tanto, las personas más jóvenes son las que menos pagan al año y, por el contrario, las de mayor edad, las que más, señala Pablo Pareles, director de Roams Insurtech. Pero si hay algo que condiciona el precio de la póliza es el tipo de seguro. En el caso de los de salud, los más habituales son el básico (de asistencia sanitaria) y el completo con hospitalización y cirugías.

Dentro de las aseguradoras, existen las modalidades económicas, que incluyen servicios básicos, y las modalidades completas. Según los datos de Roams Insurtech, la diferencia entre un seguro básico y uno completo sin copago está entre 650€ y 2.200€ de media al año en función del número de miembros asegurados.

Alternativas de los funcionarios

Por tanto, si finalmente se produce el cierre de la mutualidad, los beneficiarios deberán elegir si quieren ser atendidos a partir de ese momento por la Seguridad Social o, por el contrario, contratar un seguro privado.

Las cifras que se barajan están muy alejadas de las que actualmente aparecen, por lo que los ciudadanos deberán replantearse si pueden hacer frente a ese gasto.

Intención del Ministerio de Sanidad

Según el informe del Ministerio de Sanidad, lo más lógico es acabar con la mutualidad al ser un organismo "insostenible". La intención de la ministra es la de incorporar en nueve meses a toda la población mutualista a la sanidad pública, lo que supone que más de millón y medio de personas pasarían a depender de la Seguridad Social.

Para llevar acabo el cambio de los funcionarios de un sistema a otro, el Gobierno destinaría la financiación que actualmente suministra a las aseguradoras a las Comunidades Autónomas, con el objetivo de que estas lo inviertan en los servicios autonómicos de salud. En total serían 2.681 millones de euros que llegarían a las arcas de las CC.AA.

Sin embargo, esta competencia no le corresponde a Mónica García, sino que depende del Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública.