Reforma judicial, consolidación fiscal y Trump frenarían entorno empresarial mexicano: Moody’s
La abrupta decisión de la reforma judicial debilitó significativamente el entorno empresarial; sin embargo, factores como la consolidación fiscal en 2025 y la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos podrían afectarlo aún más, advirtió Moody’s.
En un análisis aseveró que la repentina reforma judicial y regulatoria de México ha empezado a contribuir a la volatilidad financiera, debido a las preocupaciones de los inversionistas sobre la independencia jurídica. De seguir este “shock” de confianza se podría ver un impacto negativo en la inversión privada, dijo.
Las altas tasas de interés también podrían afectar el entorno empresarial, pues aunque el referencial ha bajado 100 puntos base en lo que va del año, a 10.25 por ciento, supera a las registradas en otras naciones de América Latina. “Esperamos cautela en los nuevos recortes de tasas hasta 2025”.
¿Cuál es el riesgo de México con Donald Trump?
Aunado a esto, las amenazas de Donald Trump de aplicar aranceles elevados y normas de origen más estrictas como una forma de presionar a México para que aplique un mayor control de su frontera, también será un elemento que podría frenar a las empresas no financieras.
“El crecimiento económico enfrentaría riesgos a causa de renegociaciones desfavorables del T-MEC en 2026, pero Estados Unidos también tiene incentivos para mantener las cadenas de suministro regionales”, indicó.
Moody’s recordó que hace unos días cambió la perspectiva de calificación de México de “estable” a “negativa” para reflejar el debilitamiento del marco institucional y de formulación de políticas que podría socavar las condiciones fiscales y económicas.
En este sentido, precisó que en el gobierno de Claudia Sheinbaum se continuará con el apoyo a Petróleos Mexicanos (Pemex), con una calificación de “B3” con perspectiva negativa. Por ello, estimó que es poco probable que cambie su modelo de negocios, lo que limita la sostenibilidad de su deuda a largo plazo.
“La votación del Senado para reclasificar a Pemex como empresa pública en lugar de empresa productiva del Estado indica el continuo y firme apoyo del gobierno, junto con la empresa eléctrica estatal Comisión Federal de Electricidad; sin embargo, la medida también pone en mayor riesgo su desempeño financiero”, definió.