La crisis en la televisión pública valenciana, nuevo frente de Carlos Mazón en la gestión de la DANA

La dimisión del director general de la radiotelevisión pública valenciana abre un nuevo frente en la crisis multilateral del Consell que preside Carlos Mazón a raíz de la DANA. La marcha de Alfred Costa, que ha visto cómo el presidente ofrecía el puesto que ocupa a una periodista durante una comida, deja a la empresa pública que gestiona À Punt en un limbo legal. La ley que regula la corporación actual no está en vigor y la nueva ley prevé la creación de otra empresa pública que no tiene ni los cimientos.

La ley de À Punt está derogada desde el 28 de junio, cuando entró en vigor la norma que PP y Vox aprobaron en las Corts. La derecha y la ultraderecha sacaron adelante por la vía de urgencia una ley que crea una empresa pública nueva, con la intención de absorber a los medios y a los trabajadores de la cadena pública. La idea que manejaban PP y sus socios de ultraderecha era constituir los órganos antes de acabar el año aprovechando su mayoría en la Cámara.

La cuestión es que desde junio no han avanzado un ápice en la constitución de esa nueva mercantil. La norma en vigor establece que en el plazo de un mes las Corts Valencianes deberán nombrar al Consejo de Administración de la radiotelevisión pública: siete consejeros serán nombrados por la Cámara y un octavo por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, que también controla el PP. Bien entrado noviembre, ni siquiera se ha convocado la comisión parlamentaria para proponer a los candidatos. Solo se sabe que el PP ponía buenos ojos a Sergio Peláez, director de la COPE en Valencia, que tampoco está confirmado formalmente como presidente del nuevo ente. Y que Carlos Mazón quería que la periodista Maribel Vilaplana fuera la directora general de la televisión, una función ejecutiva que según la ley debe escoger el Consejo de Administración.

La ley actual establece una disposición transitoria disfuncional: mientras no se constituya el nuevo ente, À Punt se regirá por la ley anterior. En concreto, dice: “Tanto la CVMC como la SMCV continuarán con su actividad, manteniendo al efecto la vigencia de la Ley 6/2016 durante el tiempo imprescindible hasta la constitución de la nueva sociedad y el inicio efectivo de su actividad”. Es decir, se pretende que una corporación pública que maneja 85 millones de euros opere con una ley que no está en vigor. Y así llevan cinco meses los más de 400 empleados.

Para evitar un vacío de poder, la norma aprobada por la coalición de izquierdas en 2016 y eliminada por la derecha, señala que en caso de que quedase vacante el cargo de director general, el presidente del consejo rector asumirá, de manera provisional, sus funciones. Así, es Miquel Francés quien ejercerá de responsable de la televisión hasta que las Corts Valencianes impulsen la nueva estructura. Una nueva situación de interinidad para el ente público.

Según las fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es, si se nombrara a un nuevo director general no tendría cobertura legal, porque el procedimiento no tiene base jurídica. Ya no existe. El panorama para la radiotelevisión pública valenciana es de plena incertidumbre, pese a que se ha caracterizado por una extensa cobertura informativa durante la catástrofe. Será otro frente para el presidente Mazón.