Los sindicatos demandan al Gobierno de Ayuso por exponer a empleados de la Sanidad a "gravísimos riesgos laborales"
Estas organizaciones aseguran que "la Comunidad de Madrid lleva incumpliendo en Atención Primaria la ley" de prevención laboral, el Ejecutivo autonómico asegura, por su parte, que tienen una "estrategia" preventiva ante "situaciones de riesgo psicosocial"
Reacción en cadena: el deterioro de Atención Primaria pone en jaque a todo el sistema sanitario
Los sindicatos madrileños sanitarios han anunciado este jueves una demanda colectiva en contra de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid “por sus gravísimos y reiterados incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales de Atención Primaria”.
“La Comunidad de Madrid lleva incumpliendo en Atención Primaria la ley que desde 1995 obliga a establecer un mapa de riesgos, una planificación preventiva y un plan de prevención de riesgos laborales para sus profesionales”, aseguran todas las organizaciones que promueven este conflicto. Los colectivos firmantes de esta demanda son Amyts, CCOO, SATSE, CSIT Unión Profesional, UGT, CSIF y APSeMueve.
Estas organizaciones estiman que defienden a más de 15.000 profesionales de centros de salud, que se sienten “desprotegidos” con riesgo de “padecer problemas de salud tanto físicos como mentales”. Según ha expuesto el portavoz de CSIF, Fernando Felipe, en la rueda de prensa celebrada este jueves, “si existiese un plan de prevención” la administración tendría herramientas para hacer frente a las “agresiones físicas y verbales” que sufren los trabajadores de Atención Primaria, no sólo los sanitarios, también administrativos y celadores. “No se están cuantificando”, ha asegurado Felipe sobre estos ataques.
Por su parte, Vicente Martín, portavoz de ApSeMueve, reseña que en los últimos años hay alrededor de 90 sentencias “individuales favorables a los profesionales que obligan a la Comunidad de Madrid a indemnizar, por este motivo, con hasta 8.000 euros a cada profesional afectado”. Este es uno de los motivos que ha impulsado este conflicto colectivo en el que piden una indemnización de cinco millones de euros.
“Nos hemos visto obligados a acudir a los tribunales para conseguir nuestro principal y único objetivo: preservar la seguridad y salud de todas las personas trabajadoras de Atención Primaria”, han señalado todas las organizaciones sindicales demandantes, que aseguran que han intentado negociar y dialogar con la Consejería, sin éxito por el momento.
Desde la Comunidad de Madrid se desvinculan de las acusaciones de estos sindicatos. La Consejería de Sanidad ha emitido un comunicado en el que asegura que este departamento “cuenta desde 2019 con una estrategia de acción preventiva frente a situaciones de riesgo psicosocial”. Con todo, el Ejecutivo autonómico ha reseñado que “la planificación preventiva (las medidas concretas a implantar) se vieron frenadas por la pandemia en 2020”.
Las medidas del plan citado por la Consejerían han logrado que se reduzca “en un 7% las agresiones a los profesionales en Atención Primaria en lo que llevamos de año y respecto a 2023”, asegura el departamento autonómico sanitario. Y añade: “Otro elemento de gran impacto es la reducción de la carga de trabajo y, por lo tanto, una mejora psicosocial, gracias al descenso en un 40% de las vacantes de medicina de Familia de enero a septiembre de este año”. Los promotores de la demanda indican que la estrategia difundida por Sanidad no se ha elaborado con el consenso de las organizaciones sindicales.