Este jueves ingresó al Congreso el proyecto de ley para eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
La iniciativa oficial de reforma para el fortalecimiento electoral para eliminar las PASO y de modificación de la ley orgánica y de financiamiento de los partidos políticos había sido anunciada hace una semana por el vocero presidencial Manuel Adorni.
Eliminación de las PASO para 2025: la justificación del Gobierno
En aquella ocasión el portavoz argumentó que la sociedad argentina "vive en una constante campaña política" y aseguró que las medidas tienen como objetivo reducir el gasto público y transparentar los recursos que recibe cada partido.
"Solo en 2023 las PASO tuvieron un costo de $ 45.445 millones y obligaron a los ciudadanos a tener que ir a votar tres veces. Además, desde su introducción desde el año 2011, hubo solo diez agrupaciones políticas que dirimieron internas para elecciones presidenciales, de las cuales el 40% no logró siquiera el umbral necesario para participar de las generales", señaló.
"Han funcionado como una encuesta millonaria al servicio sólo de la política y en detrimento de la economía y el tiempo de los argentinos", insistió.
"Esto lejos de generar un mayor nivel de participación lo único que ha provocado es cansancio y hastío por parte de los argentinos", quienes mientras por su lado "reclamaban una solución a sus problemas cotidianos, la política dirimió sus propios problemas con el dinero de los contribuyentes como es habitual", agregó.
Financiamiento de partidos políticos: los cambios que se vienen si se aprueba el proyecto de ley
Sobre las medidas de control de financiamiento, Adorni había indicado que se aumentarán los topes de aporte privado, se eliminarán los espacios de publicidad electoral que por ley debía ofrecer cada medio de comunicación, y se recortará casi por completo el aporte público a las campañas (quedará vigente un único aporte por año proporcional a los resultados electorales).
Además, la "veda" para publicar encuestas se reducirá de ocho a tres días antes de los comicios y se va a crear la figura del fiscal general ante la Cámara General Electoral.
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