La CPI emitió una orden de arresto contra Netanyahu por crímenes de guerra y contra la humanidad
La Corte Penal Internacional dictó órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el ex ministro de Defensa Yoav Gallant por "crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra".
La medida supone una dramática escalada de los procedimientos judiciales por la ofensiva israelí en Gaza y marca la primera vez que la Corte, creada en 2002, emite una orden de arresto para un líder respaldado por Occidente.
Significa que los 124 Estados miembros de la CPI -que incluyen a la mayoría de los países de Europa y América latina, junto a varias naciones de África y Asia- estarían obligados a detener a Netanyahu y Gallant si entraran en su territorio. Pero la Corte no tiene recursos para ejecutar las órdenes de arresto si los países no lo hacen.
Las órdenes, sin embargo, reforzarán la sensación de que Israel está cada vez más aislado internacionalmente por el manejo de su guerra contra Hamás en la asediada franja de Gaza.
Tras el anuncio de su decisión este jueves, la Corte afirmó que había "motivos razonables" para creer que Netanyahu y Gallant "tienen responsabilidad penal por el crimen de guerra de inanición como método de guerra; y crímenes de lesa humanidad por asesinato, persecución y otros actos inhumanos".
La CPI afirmó que también había motivos razonables para creer que ambos tenían responsabilidad penal por "el crimen de guerra de dirigir intencionalmente un ataque contra la población civil" y que habían "privado intencionadamente y a sabiendas" a los civiles gazatíes de alimentos, agua, medicinas, suministros médicos, combustible y electricidad.
La corte decidió por unanimidad rechazar el recurso de Israel sobre la competencia de la CPI. Ni Israel ni su mayor aliado, Estados Unidos, son miembros de la Corte.
La oficina del primer ministro israelí calificó las órdenes de arresto como "antisemitas" y dijo que Israel "rechaza con asco las acciones y acusaciones absurdas y falsas en su contra", calificando a la CPI de "organismo político parcial y discriminatorio".
"Ninguna resolución antiisraelí impedirá que el Estado de Israel proteja a sus ciudadanos", dijeron. "El primer ministro Benjamín Netanyahu no cederá a las presiones, no se acobardará y no retrocederá hasta que se alcancen todos los objetivos de guerra fijados por Israel".
Funcionarios palestinos recibieron con satisfacción el anuncio de la CPI. Husam Zomlot, embajador palestino en el Reino Unido, afirmó que las órdenes de arresto "no son sólo un paso hacia la rendición de cuentas y la justicia en Palestina, sino también un paso para restaurar la credibilidad del orden internacional basado en normas". Hamás le pidió al tribunal que ampliara las órdenes de detención a otros funcionarios israelíes.
La CPI también dictó una orden de arresto contra el dirigente de Hamás Mohammed Deif por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, por el ataque del 7 de Octubre contra Israel, que desató la guerra en Gaza. En agosto, Israel anunció que había matado a Deif en un ataque aéreo en Gaza un mes antes.
En EE.UU., personalidades tanto de la Casa Blanca de Biden como de la administración republicana entrante condenaron las órdenes judiciales. La Casa Blanca dijo que "rechaza fundamentalmente" la decisión de la CPI.
"Seguimos profundamente preocupados por la precipitación del fiscal a la hora de solicitar órdenes de detención y por los preocupantes errores del proceso que han llevado a esta decisión", dijo el Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU.
Mike Waltz, que será asesor de seguridad nacional cuando la administración de Donald Trump asuma el cargo el próximo año, dijo que la CPI no tenía "ninguna credibilidad". "Pueden esperar una fuerte respuesta al sesgo antisemita de la CPI y la ONU en enero", escribió en X.
El senador Lindsey Graham, estrecho aliado de Trump, pidió nuevas sanciones contra la Corte. La anterior administración de Trump impuso sanciones a altos funcionarios de la CPI, incluida la entonces fiscal Fatou Bensouda, por su investigación sobre las acusaciones de crímenes de guerra en Afganistán. La administración Biden las levantó posteriormente.
The ICC has no credibility and these allegations have been refuted by the U.S. government. Israel has lawfully defended its people & borders from genocidal terrorists. You can expect a strong response to the antisemitic bias of the ICC & UN come January. https://t.co/jIalwzooeS
— Rep. Mike Waltz (@michaelgwaltz) November 21, 2024"La Corte es una broma peligrosa. Ha llegado el momento de que el Senado estadounidense actúe y sancione a este organismo irresponsable", declaró Graham.
Los republicanos controlarán los tres poderes del Estado el próximo año, lo que aumenta la probabilidad de que EE.UU. imponga nuevas sanciones a la CPI.
Sin embargo, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, afirmó que las órdenes no eran políticas y que la decisión de la Corte debía respetarse y aplicarse.
El ministro neerlandés de Asuntos Exteriores, Caspar Veldkamp, declaró que Países Bajos "actuará en relación con las órdenes de detención", pero otros países europeos se mostraron más ambiguos.
Un vocero del primer ministro británico, Keir Starmer, declaró que "respetamos la independencia de la Corte Penal Internacional" y añadió: "No hay equivalencia moral entre Israel, una democracia, y Hamás y Hezbollah libanesa, que son organizaciones terroristas".
El fiscal de la CPI, Karim Khan, solicitó inicialmente en mayo las órdenes de detención contra Netanyahu, Gallant, Deif y otros dos dirigentes de Hamás, Yahya Sinwar e Ismail Haniyeh, a los que Israel ha asesinado.
La decisión de la CPI se produce en un momento en que Israel se enfrenta a intensas críticas por el balance de su ofensiva en Gaza.
Las hostilidades comenzaron cuando miembros de Hamás irrumpieron en Israel en octubre de 2023, arrasando comunidades, matando a 1200 personas, según funcionarios israelíes, y tomando a otras 250 como rehenes.
En respuesta, Israel lanzó un feroz asalto contra Gaza, y Gallant anunció un "asedio total" de la franja. La ofensiva israelí ha matado a casi 44.000 personas, según las autoridades palestinas, desplazó a 1,9 millones de los 2,3 millones de habitantes del enclave y redujo la mayor parte del territorio a escombros.
La ONU y las agencias de ayuda han criticado a Israel por restringir la entrega de ayuda, al tiempo que advierten de la amenaza de hambrunas y enfermedades.
Los combates también han desencadenado procedimientos judiciales en la Corte Internacional de Justicia, que se ocupa de los casos contra países.
Esta corte, la más alta del sistema de la ONU, está estudiando un caso presentado por Sudáfrica en el que se acusa a Israel de genocidio contra los palestinos en Gaza, algo que Israel ha negado vehementemente.